Demandan alcaldes aumentar subsidio para seguridad de municipios
MÉRIDA, Yuc. (apro).- Los alcaldes de la región sureste del país demandaron al gobierno federal su inclusión con voz y voto en el Consejo Nacional de Seguridad Pública e incrementar el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun) en un mínimo de seis mil millones de pesos para apoyar a más municipios en sus tareas contra la inseguridad y la delincuencia.
En la declaratoria final de la Reunión de la Región Sureste de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, que se celebró hoy aquí, los munícipes participantes en el evento pugnaron por una mayor participación de las autoridades municipales en las decisiones en la materia a nivel nacional.
Se pronunciaron por una política de seguridad nacional incluyente, abierta, plural, participativa, con una óptica municipalista, orientada de manera prioritaria hacia la prevención.
Ante representantes de los gobiernos federales y estatales, que estuvieron presentes en el encuentro, los ediles solicitaron que sus propuestas y su sentir sean tomados en cuenta en el citado órgano de consulta nacional que define las estrategias y políticas de seguridad que encabeza a nivel federal el presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Respecto al Subsemun, los presidentes municipales pidieron al Congreso de la Unión aumentar su cuantía y transparentar las reglas de operación, y demandaron que al menos el 50 por cierto de esos recursos totales sean orientados a políticas de seguridad preventiva y participación ciudadana.
También demandaron la creación de un Fondo Especial para Seguridad Pública integrado en los recursos del Ramo 33 que atienda a todos los municipios del país.
Asimismo, plantearon que la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública tome en cuenta la diversidad que hay entre los municipios y fortalezca una coordinación de éstos con la Federación y los estados en acciones de prevención, capacitación y participación ciudadana.
"Nos pronunciamos para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 se incrementen las participaciones económicas a los municipios del país, con especial énfasis a la atención de las zonas más vulnerables y marginadas de México", dijo en la lectura de la declaración Filiberto Martínez Méndez, alcalde de Solidaridad, Quintana Roo, donde ayer fue ejecutado el director de la Policía Turística municipal.
En la clausura del foro estuvo presente el director general de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, José Luis Colina Ibarra.
Antes, en una conferencia de prensa, la alcaldesa de Mérida, Angélica Araujo Lara, presidenta de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), y la presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal (CNSPM), Lorena Martínez Rodríguez, se pronunciaron por una revisión de la política federal en materia de seguridad pública y una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno para atacar las causas que provocan la delincuencia.
En el contexto de la Reunión de la Región Sureste de la CNSPM, Araujo Lara expuso la necesidad de que el gobierno federal cambie su visión y entable una estrategia de coordinación con los gobiernos estatales y municipales.
“Sólo con la participación de los municipios y de los estados, que conocen de cerca las necesidades de la población, podrá establecerse una mejor coordinación y estrategia de combate a la inseguridad”, sostuvo.
En ese contexto, la presidenta de la Fenamm, organismo que aglutina a más de mil 500 municipios del país, resaltó la necesidad de constituir un fondo fijo dirigido especialmente al tema de la seguridad para los municipios, que forme parte del Ramo 33 de aportaciones federales.
“De esta manera –dijo– será posible trabajar con una estrategia permanente y potencializar el uso de dicho fondo, lo cual no es posible con el actual sistema del Subsemun, que es limitado y variable a unos 200 municipios del país”.
A pregunta expresa, la presidenta de la CNSPM y alcaldesa de Aguascalientes aseveró de manera tajante que el Estado no debe negociar con la delincuencia y sí combatirla con un mayor trabajo de cooperación con los estados y los municipios.
“No compartimos la visión de la política en materia de seguridad del presidente Calderón en el sentido de sólo estar viendo una política de reacción y no estar atendiendo las causas del problema de la inseguridad de raíz que tiene que ver más con una política de prevención social y participación ciudadana”, recalcó la titular de CNSPM.
Lorena Martínez propuso atacar el problema de la inseguridad por un lado con el fortalecimiento, preparación y mayor equipamiento de los cuerpos policiacos y, por el otro, atacando las causas de la marginación de la pobreza con una amplia y permanente política de atención a las necesidades sociales.
Recalcó que se debe formar una red social que soporte el combate al crimen organizado y Yucatán es un ejemplo muy claro de lo que se debe hacer.
Señaló que la inseguridad en las carreteras afecta la economía y a las empresas, por lo que los municipios buscarán una mayor coordinación para atender este problema, ya que en la actualidad “no todos los estados trabajan de manera articulada”.
Respecto al Subsemun, expuso que hay municipios que han padecido el recorte de hasta un 80 por ciento de las asignaciones derivadas de este subsidio, lo que afecta la planeación y la estrategia de combate a la inseguridad. Por ello, coincidió con la alcaldesa Angélica Araujo Lara de constituir un fondo fijo integrado al Ramo 33 a partir del año 2012.
Lorena Martínez recalcó que el candado financiero que hay en los municipios para destinar a la seguridad, por ejemplo para certificación de los policías, depurar cuerpos policiacos y una mayor capacitación de los mismos, entre otros requerimientos, debe romperse con la cooperación los municipios, la policía ministerial y las procuradurías.
La alcaldesa de Aguascalientes reconoció que los vaivenes políticos han impedido construir una política de estado en materia de seguridad.
También pidió a los medios de comunicación un manejo responsable de la información, puesto que ésta repercute en la percepción general que hay sobre la seguridad pública en el país.