Exonera SFP a exfuncionarios que dieron permisos irregulares a casinos

miércoles, 14 de septiembre de 2011
MÉXICO, D.F. (apro).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) descartó hoy iniciar algún procedimiento administrativo o penal en contra de exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación que en el sexenio anterior y el actual tuvieron algo que ver con la expedición de permisos para la operación de casinos, aun cuando éstos se hayan adjudicado de manera irregular. Max Kaiser Aranda, director general de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP, informó lo anterior a un grupo de diputados federales con quienes sostuvo una reunión, en la que dejó en claro que ni Santiago Creel Miranda ni Francisco Ramírez Acuña, exsecretarios de Gobernación ni mucho menos los exsubsecretarios Manuel Fierro Evans, Abraham González, Juan Iván Peña Neder y Roberto Correa serán sancionados. El funcionario federal aclaró a diputados de PRI, PRD y PAN que forman parte de la comisión encargada de verificar el funcionamiento de los casinos en el país que las revisiones que realiza la autoridad se refieren únicamente a casos ocurridos durante 2009, 2010 y el primer semestre de 2011. Así, la SFP, que desde el 1 de julio inició una auditoría especial a la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, exoneró a todos los funcionarios que otorgaron permisos para la operación de casinos. Incluso, aclaró que tampoco revisarán el caso del Casino Royale, donde perdieron la vida 52 personas en un atentado registrado el pasado 25 de agosto. Ante la insistencia de la diputada del PRD, Lisbeth García Coronado, de que se le entregara un informe sobre los avances de la auditoría y se detallará qué hará la SFP a los exfuncionarios de Gobernación que autorizaron de manera irregular algunas operaciones de casinos que, incluso, hoy son administradores de algunos de estos centros juegos de apuestas, el joven funcionario reiteró que no pueden  juzgar ni sancionar a nadie, debido a que la Secretaría sólo audita un periodo no mayor de tres años. Max Kaiser agregó que, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, los “delitos no graves” prescriben en tres años y los “graves” en cinco, por lo que nadie podría ser juzgado, ya que el último permiso se otorgó el 7 de febrero de 2006, es decir, que prescribió hace siete meses. Por lo que se refiere a permisionarios de antaño que obtuvieron en meses recientes ampliaciones para poner en marcha nuevos casinos debido a que las autoridades de Gobernación no atendieron en tiempo su demanda, lo que les valió “ganar” por default su derecho a instalar nuevos casinos, el funcionario federal aclaró que tampoco se les sancionará porque ellos no están para verificar el trabajo de la dirección jurídica de la dependencia. “Los asuntos jurídicos –subrayó– no se revisan.” Informó que de los 13 mil expedientes que la Dirección de Juegos y Sorteos tiene, la SFP escogió mil para revisar y todos ellos elaborados de 2009 al 30 de junio de 2011. —¿Quiere decir que si los exsecretarios de Gobernación, Santiago Creel Miranda o Francisco Ramírez Acuña, o sus subalternos, cometieron alguna irregularidad no pueden ser sancionados? —No, porque todo está prescrito, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Además de la diputada Lizbeth García Coronado, asistieron a la reunión los diputados Juan José Cuevas García, del PAN, Martínez Vázquez Pérez, del PRI. Los tres insistieron en que se debía de indagar a los funcionarios que autorizaron que algunos operadores de casinos estuvieran actuando en calidad de permisionarios. La respuesta del funcionario fue que ellos no revisan a los operadores y mucho menos los contratos que ambos hubieran firmado para poner en marcha un casino, debido a que se trata de una “relación privada”. La SFP inició la auditoría luego de que la diputada federal del PRD, Lizbeth García Coronado, interpusiera una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de exdirectores y actuales directores de Juegos y Sorteos por permitir la operación “ilegal” de cuando menos 30 casinos en toda la República.