MÉXICO, D.F. (apro).- El Centro de Derechos Humanos del Migrante (CDM) y diversas organizaciones acusaron al gobierno de Estados Unidos de violar acuerdos que protegen los derechos de los trabajadores temporales en ese país establecidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “La mayor parte de los trabajadores temporales son víctimas de violaciones a sus derechos laborales; no se cumplen los contratos por los que fueron contratados, los salarios son inferiores a los prometidos, no cuentan con servicios médicos, las viviendas en las que son alojados son de pésima calidad; y a la gran mayoría de migrantes se les retienen ilegalmente sus papeles y no se les reembolsa los gastos que los trabajadores hicieron en trámites y viajes”, denunció Silas Shawver, abogado del CDM. Aunque puntualizó que el responsable de que no se respeten las leyes laborales e internacionales es el gobierno de Estados Unidos, Silas Shawver consideró que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de México también es responsable de los abusos, pues “tiene información de muchos casos” y es omisa. Explicó que este lunes 19 el CDM y otras organizaciones de derechos humanos de México y Estados Unidos, presentaron una petición para que intervenga la Oficina Administrativa Nacional de México, dependencia del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, para atender en específico la situación de migrantes trabajadores en la industria de ferias y carnavales. Acompañado de víctimas de abusos, Silas Shawver resaltó que uno de los obstáculos que tienen los inmigrantes extranjeros para denunciar las violaciones a sus derechos, es la falta de abogados que quieran representarlos legalmente, con lo cual, a su juicio, se viola también el derecho de defensa. Leonardo Cortez Vitela y Martín Dávila, originarios de Zacatecas, explicaron que respondieron a una convocatoria de la STPS para trabajar en Estados Unidos de forma legal. En todo el proceso el gobierno de Zacatecas fue intermediario. De acuerdo con los relatos, funcionarios federales y estatales pusieron en contacto a los trabajadores con un intermediario que les ofreció presentarlos con empresarios estadunidenses de los sectores de la construcción o de la jardinería. Les ofrecieron un pago de 8 dólares por hora. Los trabajadores financiaron por su cuenta los trámites para obtener la visa H2B –para trabajar legalmente en Estados Unidos-- y el viaje a Monterrey, Nuevo León, desde donde viajaron a estados del norte estadunidenses. Pronto llegó la decepción. “Cuando llegamos a Monterrey –contó Martín Dávila— nos dijeron que el pago iba a ser de 5 dólares la hora y que el trabajo era en las ferias, para instalar y desinstalar los juegos.” Sin embargo, ya en Estados Unidos el sueldo prometido se redujo. “En algunos casos se pagó a 3 dólares la hora, pero con horarios infames. A otros se les pagó por semana 275 dólares, pero tenían jornadas de 10 a 20 horas de trabajo”, aseguró Dávila. Los inmigrantes sufrieron condiciones de esclavitud, pues estaban impedidos a cambiar de patrón o buscar nuevos empleos, toda vez que sus empleadores tenían su documentación. “No podíamos ni salir a la calle por miedo a que la migra nos detuviera, pues a pesar de que nosotros pagamos por las visas, los empresarios tenían nuestros documentos. Ellos decían que también habían pagado por esos documentos”, contó Leonardo Cortez. En la denuncia presentada por el CDM se destaca que en 2010 el gobierno de Barack Obama autorizó 47 mil 403 visas H2B a trabajadores extranjeros, de las cuales 79% fueron para mexicanos. Se indica que entre los incumplimientos del TLCAN más importantes en que ha incurrido el gobierno estadunidense, están la negación del reembolso de los gastos que, en algunos casos, han llegado a más de 300 dólares; la negación al pago del sueldo mínimo y horas extras, así como condiciones de vivienda inadecuadas o degradantes. Las demandas es que se inicie una revisión de la aplicación del acuerdo binacional, que se haga una consulta pública entre los inmigrantes y que se realice un panel de arbitraje entre los tres países integrantes del TLCAN.