MONTERREY, N.L. (apro).- La comisión especial del Congreso local que investiga las causas que originaron la masacre del casino Royale, donde el pasado 25 de agosto perdieron la vida 52 personas, reveló que el ayuntamiento de esta ciudad nunca clausuró el centro de apuestas, como lo ha presumido el alcalde Fernando Larrazabal Bretón. Al presentar un reporte parcial de las indagaciones realizadas por la comisión especial, el diputado priista Héctor Gutiérrez de la Garza explicó que la alcaldía regiomontana no puso sellos de clausura en el casino siniestrado, sino en una dirección contigua. “Nunca estuvo suspendido el casino Royal como tal”, señaló. Lo que se suspendió, dijo, fue la ampliación del lugar, y los sellos están a la vuelta del casino “por donde, al parecer, entraban los materiales de esta ampliación”. Detalló que la dirección del lugar siniestrado es San Jerónimo 205, del Fraccionamiento San Jerónimo de Monterrey, y la clausura ordenada por el ayuntamiento operó sobre el número 307 de la misma avenida. “Aquí hay un cruce de medias verdades del señor Fernando Larrazabal”, añadió el legislador del PRI. Asimismo, precisó que el único expediente completo que han recibido es el del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Del municipio regio y de la Secretaría de Gobernación (Segob) no hemos obtenido ninguna información sobre el caso, dijo. Gutiérrez de la Garza también reveló que no encontraron un solo permiso de la Segob para el funcionamiento del centro de apuestas, y señaló que la comisión especial no se explica cómo funcionaba la empresa Atracciones y Emociones Vallarta (AEV), del casinero Raúl Rocha, en virtud de que no aparece registrada en la lista de los permisionarios. El legislador señaló que AEV y Conexiones y Mangueras SA (Cymsa), que operaban el Royale, no se encontraron en la página de la Secretaría de Gobernación con un permiso para operar el casino. “Hemos encontrado indicios muy curiosos, como que Atracciones y Emociones Vallarta recibe el 10 de junio de 2009 una ampliación de establecimiento muy importante, que pasa de cuatro a 51, y lo firma alguien que presenta su renuncia al día siguiente, una persona que se llama Roberto Correa Méndez, exdirector general adjunto de Juegos y Sorteos”, dijo. Y reveló que en La Piedad, Michoacán, hay un permiso “cuateado” (duplicado) de la Secretaría de Gobernación expedido a AEV, lo que hace suponer que el casino Royale pudo haber funcionado con una autorización apócrifa. Ante tal revelación, los diputados dijeron no entender por qué la alcaldía de Monterrey, del panista Adalberto Madero Quiroga, entregó en septiembre de 2007 una licencia de uso de suelo a AEV para que operara un centro de apuestas, restaurante y videojuegos. En 2009, al finalizar la administración de Madero Quiroga, se otorgó al mismo domicilio el giro de restaurante y se desapareció el de centro de apuestas. La autorización fue entregada a Cymsa, empresa desconocida por Gobernación. Ante tal cúmulo de irregularidades, la comisión especial viajará a la Ciudad de México para obtener documentación que respalde la actuación de las autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de encontrar “la verdad administrativa” sobre los hechos correlacionados con el asesinato múltiple en el centro de apuestas ubicado al sur de Monterrey. Gutiérrez de la Garza precisó que la comisión especial que preside entregará su informe definitivo el 14 de octubre, pero extenderán el plazo si las autoridades correspondientes no entregan la papelería que se les ha requerido. Por separado, el juez primero de distrito en materia penal de Nuevo León, Eustacio Esteban Salinas Wolberg, afirmó que Manuel Jonás Larrazabal Bretón continuará bajo arraigo, ya que decidió suspender el amparo solicitado por el hermano del alcalde de esta ciudad hasta que concluya el juicio. “El día de hoy, 19 de septiembre de 2011, se recibieron las constancias remitidas por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el estado de Nuevo León, de las que ciertamente se desprende que le fue turnada, a ese órgano de control constitucional, la demanda de amparo promovida con anterioridad por quien se ostentó como abogado defensor del aquí quejoso, Manuel Jonás Larrazabal, en la que se reclamó la orden de arraigo y de traslado emitida y ejecutada por autoridades locales del estado de Nuevo León”, señala el documento dado a conocer por el juez. En el mismo texto, Salinas Wolberg detalla que después de que se materialice la separación del juicio, respecto de los actos de las autoridades federales y las locales del estado de Nuevo León, se remita el juicio de amparo que solicita Larrazabal.