OAXACA, Oax. (apro).- La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió fichas rojas contra cuatro excolaboradores de Ulises Ruiz, quienes son buscados por la administración de Gabino Cué por incurrir en los delitos de ejercicio indebido de atribuciones, abuso de autoridad y peculado. El procurador Manuel de Jesús López identificó a los presuntos implicados como el extesorero Miguel Ángel Ortega Habid; Raúl Castellanos Hernández y Soledad Rojas, ambos exvoceros de Ruiz Ortiz, y el exsecretario de Obras Públicas, Armando González Bernabé. En tanto, la secretaria de la Contraloría estatal, Perla Woolrich Fernández, reconoció que entre 15 y 20 excolaboradores de Ulises Ruiz estarían incurriendo en “rebeldía”, pues pese a que han sido notificados, aún no han comparecido. Los exfuncionarios acusados de quebranto patrimonial, agregó, “ya fueron notificados por segunda y última ocasión, como lo marca la ley pero, al no encontrarlos, ahora son notificados a través de los edictos, como prevé el Código de Procedimientos Civiles”. Y “si después de una y dos veces de notificarles o publicarles, no comparecen, se sigue el procedimiento de rebeldía, hasta la resolución misma, en que se hará la notificación por edictos en los medios de comunicación”, puntualizó. El resto de los 32 exfuncionarios, acusados de un quebranto del erario por 3 mil 687 millones de pesos, ya ha comparecido a través de sus apoderados y se les instruye el procedimiento correspondiente. El procurador Manuel de Jesús López reiteró que la persecución judicial contra los exfuncionarios estatales se encuentra sustentada en las conclusiones de las 16 auditorías de las 45 que inició el gobierno de Cué Monteagudo por daño patrimonial. Como resultado de las denuncias presentadas ante la PGJE hasta ahora han sido detenidos el excoordinador general del Transporte, Gonzalo Ruiz Cerón, por tráfico de concesiones, y Manuel Alejandro Hernández Muñoz, excoordinador administrativo y de finanzas de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, por los delitos de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y peculado por un monto de 736 millones 207 mil pesos. López López reconoció que no se recurrió al arraigo de los exfuncionarios, ya que desde que se enteraron de que se estaban integrando averiguaciones en su contra, abandonaron Oaxaca para refugiarse en otras entidades e, incluso, fuera del país. Algunos otros, abundó, han comparecido bajo la protección de un amparo, “un derecho que tienen, pues además los delitos por los que se les procesa no son graves”. Finalmente, destacó que aunque cuenten con amparos, es el inicio de un juicio y muchas cosas aún pueden ocurrir.