MÉXICO, D.F. (apro).- El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Zamora Castro, rechazó que exista “una política para eludir deliberadamente el cumplimiento de las sentencias” dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano. De diciembre de 2009 a la fecha, México ha sido sentenciado por el máximo tribunal regional en por lo menos cuatro casos: los feminicidios en Ciudad Juárez (caso Campo Algodonero); la desaparición de Rosendo Radilla durante la guerra sucia, las violaciones sexuales a las indígenas guerrerenses Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, y el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, torturados por militares. En el foro Retos y posibilidades en el cumplimiento de las sentencias emitidas por la CoIDH en los casos contra México, Zamora Castro puntualizó que es “materialmente imposible” dar respuesta inmediata a las condenas, debido a un conflicto de competencia entre instituciones de los gobiernos federal y de los estados. Luego de comprometerse a “entregar buenas cuentas a la Corte Interamericana”, el funcionario federal insistió en que el principal reto para el cumplimiento de las sentencias es “no sólo el contenido de la medida de reparación ordenada, sino también la autoridad a la que le compete ejecutarla y las disposiciones jurídicas internas que regulan su actuar”. Admitió que hay una “desconfianza mutua” entre representantes de las víctimas y los funcionarios de gobierno responsables del cumplimiento, por lo que recomendó a la Corte “reparta claramente las responsabilidades al interior de un Estado, evitando incentivos perversos que provoquen que sean unas autoridades las que la hacen y tengan que ser otras autoridades las que la pagan”. La intervención de Zamora vino después de que los directores de los centros Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, que litigaron los casos de los campesinos ecologistas y los abusos sexuales a las indígenas, respectivamente, acusaran al gobierno de Felipe Calderón de incumplimiento de las sentencias. Abel Barrera, de Tlachinollan, destacó que a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió los archivos de los casos Rosendo Cantú y Fernández Ortega a la Procuraduría General de la República (PGR), hasta ahora los defensores no han tenido acceso a los mismos. Asimismo, denunció que las mesas de educación y salud instaladas el 15 de marzo como parte del cumplimiento de las sentencias no han concretado alguna acción en beneficio de las víctimas. Sobre la reforma al Código de Justicia Militar, ordenada por la CoIDH en las cuatro sentencias que involucran al Ejército mexicano, Barrera recordó que Calderón envió una iniciativa que no responde a los estándares internacionales. Peor aún, sostuvo el activista, “en la actualidad la reforma ha sido desplazada por la relevancia conferida a una Ley de Seguridad Nacional con la que el Ejército pretende obtener nuevas prebendas”. David Peña, representante en el caso Campo Algodonero, señaló que hasta ahora las familias de las tres víctimas no han recibido atención médica y psicológica, como ordenó la CoIDH. Tampoco, abundó, se han abierto investigaciones contra al menos 31 funcionarios públicos que intervinieron en las indagatorias de la desaparición y asesinato de tres mujeres localizadas junto con ocho más en Juárez, Chihuahua. Sin embargo, entre los logros obtenidos hasta la fecha, destacó, está el compromiso de Calderón para acudir a Juárez entre el 6 y 7 de noviembre próximo, en que develará un memorial con los nombres de mil 200 mujeres asesinadas en esa ciudad fronteriza de 1993 a 2006. También se tiene previsto que Calderón ofrezca una disculpa pública por la responsabilidad internacional del Estado en los agravios cometidos contra las mujeres de Juárez. Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), señaló como el principal obstáculo para el cumplimiento de la sentencia en el caso Rosendo Radilla “la falta de voluntad política”, sobre todo en el aspecto de la justicia. Gutiérrez Contreras resaltó que, hasta ahora, la familia Radilla ha condicionado la aceptación de las indemnizaciones ordenadas por la CoIDH “hasta que aparezca no sólo Rosendo, sino otros desaparecidos, como una muestra de dignidad y de que el interés es precisamente alcanzar la verdad y la justicia”. Puntualizó que los recursos depositados por el gobierno de Calderón en un juzgado civil “se van a perder, pues Tita Radilla no va a renunciar a su lucha de 37 años por la presentación de desaparecidos de la guerra sucia por los miles de dólares que contempla la sentencia”. La directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Alejandra Nuño, alertó sobre el incremento de quejas presentadas ante el sistema interamericano de justicia, de manera que de ocupar el lugar 12 en denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2000, en el año que corre México ocupa el segundo lugar, sólo después de Colombia. El incremento de quejas, puntualizó, “son indicadores de la falta de respuesta de las instituciones mexicanas a las denuncias por violaciones a derechos humanos y a la existencia de patrones graves de abusos”. Al foro también acudieron, entre otros, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, anfitrión del evento; Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y el director del Centro Prodh, José Rosario Marroquín.