Acusa CNDH a autoridades penitenciarias de Sonora de obstaculizar su labor

viernes, 23 de septiembre de 2011
MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció hoy a las autoridades penitenciarias del estado de Sonora por obstaculizar su trabajo. Además, solicitó al gobernador Guillermo Padrés Elías medidas cautelares a favor de una interna, con el fin de que garanticen sus derechos. El organismo nacional defensor de los derechos humanos dijo que el trabajo de sus visitadores adjuntos ha sido obstaculizado en la investigación que se lleva a cabo en Huatabampo, Sonora. Autoridades del Centro de Readaptación Social (Cereso) de ese lugar, acusó la CNDH, interfirieron en el desarrollo de la diligencia que realizaban los visitadores con una persona que presentó una queja. Se trata del caso de una interna acusada del delito de robo en la casa de gobierno de Sonora, en marzo pasado. La aludida asegura haber sido víctima de incomunicación y tortura. En principio, se permitió el acceso al personal de la Comisión Nacional y se le brindó la colaboración que la ley ordena; sin embargo, posteriormente un custodio impidió el desarrollo de la actividad con el argumento de que obedecía instrucciones de su jefa. Después, la propia titular del penal, acompañada de cuatro custodios, ordenó que les quitaran la cámara de video a los visitadores adjuntos. Lo anterior sucedió a pesar de que se obtuvo previamente la autorización para ingresar y llevar a cabo las tareas correspondientes. Ante tal situación, el ómbudsman nacional solicitó a Padrés Elías gire instrucciones para que se permita la actuación que en apego a la norma debe realizar el personal de la CNDH y se garantice la confidencialidad, como exigen los estándares internacionales. De igual manera, se pidió que se tomen medidas en relación con funcionarios estatales que impidieron a los visitadores cumplir con su deber. Por último, la comisión reprobó este tipo de actos que obstaculizan las investigaciones y evidencian una falta de colaboración y compromiso con la cultura de la legalidad, e incumplen con la obligación que tienen todos los servidores públicos del país, de cualquier nivel de gobierno, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

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