MÉXICO, D.F. (apro).- Las investigaciones del Congreso estadunidense sobre “Rápido y Furioso” pusieron de relieve la ausencia de coordinación entre las agencias involucradas en el fallido operativo, que terminó pertrechando al cártel de Sinaloa, que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán. Ejemplo de ello, revelaron legisladores republicanos, es el hecho de que la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigación (FBI) habrían ocultado el año pasado al Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) la identidad del principal comprador de armas en Juárez, Chihuahua, al que la operación “Rápido y Furioso” buscaba ubicar. Según una carta enviada el martes 27 al Departamento de Justicia por el congresista Darrell Issa y el senador Charles Grassley, fuentes confidenciales destacaron que la DEA y el FBI conocían desde antes de 2010 al comprador de armas de fuego que ATF buscaba ubicar con la operación “Rápido y Furioso”, y que podría haber sido un informante confidencial de la DEA. En la misiva se resalta que “si la ATF hubiera sabido en enero de 2010, como la DEA y el FBI aparentemente sabían, que la red de compra por terceros estaba adquiriendo armas para el CI #1 (Informante Confidencial Número 1), entonces la operación ‘Rápido y Furioso’ pudo haber terminado en 10 meses”. La revelación se suma a una acusación hecha desde julio por los republicanos contra el gobierno de Barack Obama, en el sentido de que las agencias federales no compartieron información clave con ATF al inicio de “Rápido y Furioso”. De acuerdo con los legisladores, la ATF y otras agencias crearon en 2010 la operación “Rápido y Furioso” desde Phoenix, Arizona, y su fin era investigar las operaciones de tráfico de armas de Manuel Fabián Celis Acosta, quien utilizaba a un grupo de compradores en distintas tiendas del área. En paralelo, la oficina de la DEA en Las Cruces, Nuevo México, sabía por otra investigación aparte, y que había iniciado meses antes, que un sujeto investigado por ellos en Juárez, el CI #1, le ordenaba las armas a Celis Acosta. Según los legisladores, la información derivada de su pesquisa permite suponer que el Departamento de Justicia no coordinó correctamente a sus agencias internas para compartir datos con ATF, un hecho que el exjefe interino de esta última agencia ya había comentado en un testimonio secreto. De acuerdo con testimonios levantados por el grupo de investigación del congresista Issa, bajo “Rápido y Furioso” unas 500 armas decomisadas en México entre 2009 y 2010 partieron de la operación en Phoenix y terminaron en los arsenales del cártel de Sinaloa.