Se amparan guardias rurales para evitar que la Sedena los desarme

viernes, 30 de septiembre de 2011
MÉXICO, D.F. (apro).- Los 26 cuerpos de guardias rurales del Ejército que operan en el país recurrieron a la justicia federal para frenar la orden que emitió el director general de brigada DN27, José Luis Ramón Velasco, para desarmarlos. “No existe un ordenamiento jurídico que justifique al personal de defensas rurales la posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, por lo que es procedente que en lo consecuente se deshagan de las mismas para evitar que se encuentren al margen de la ley en la materia”, se lee en el oficio enviado a los guardias rurales. Ante tal ordenamiento, los 26 cuerpos de defensas rurales, particularmente de los estados de Chihuahua, Zacatecas y Puebla, recurrieron a la justicia federal para tramitar amparos. De acuerdo con los inconformes, algunos ya obtuvieron suspensiones provisionales, medida que –subrayaron– irritó a los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que han amenazado con aplicarles la justicia militar. Antes de recurrir a la justicia federal, los guardias rurales enviaron una carta al presidente Felipe Calderón Hinojosa y al titular de la Sedena, Guillermo Galván Galván, para manifestarles su rechazo a la orden de “entregar” las armas con las que realizan su labor. Los inconformes, quienes pidieron el anonimato por temor a represalias, afirmaron que las armas, debidamente registradas en la Sedena, fueron adquiridas por ellos mismos, pero ahora, puntualizaron, “nos quieren mandar a la guerra sin fusil”. En entrevista con Apro, explicaron que si entregan sus armas, como lo ha pedido la Sedena, ya no podrán realizar su labor de protección y vigilancia en el campo de todo el país y quedarán “a merced de la delincuencia que nos conoce e identifica en nuestras pequeñas comunidades”. Pero sobre todo, agregaron, “la Secretaria de la Defensa Nacional perderá unos ojos muy importantes en materia de información”. Las defensas rurales aclararon que por ser integrantes del Ejército Mexicano, tienen el derecho de poseer y la obligación de registrar sus armas, porque son la única herramienta con la que realizan su trabajo, razón por lo cual, apuntaron, “nos asombra y nos desconcierta totalmente la orden recibida en todos los cuerpos del país”. Asimismo, resaltaron que las defensas rurales tienen más de 100 años de realizar una labor social y de protección en el medio rural del país, y manifestaron que a la fecha no se sabe que estén vinculadas a actividades ilegales, actos de prepotencia, abuso de autoridad o de violación de garantías. “No causamos ni la milésima parte de los problemas que le causa al Ejército sus activos, porque sabemos que hay activos que están metidos en cosas muy feas, aunque eso se mantiene hermético porque la ropa sucia la lava en casa”, añadieron. Agregaron que, contrario a los desmanes que muchas veces cometen los militares en algunas comunidades, los cuerpos de defensa ayudan a la gente del campo para proteger los ejidos. “Hay comuneros y gente de núcleos agrarios que impiden el tráfico de madera, de armas o hasta de enervantes en las zonas rurales”, puntualizaron. La historia de las guardias rurales se remonta a los tiempos de Benito Juárez, en 1831. En 1974 se les cambió el nombre a defensas rurales y actualmente tienen presencia en 21 estados del país. Aunque son parte del Ejército Mexicano, su labor es social, ya que no reciben un solo peso por su trabajo, únicamente los dotan de uniformes. De acuerdo con el artículo 116 del servicio militar, los cuerpos rurales estarán permanentemente organizados en unidades armadas, equipadas y adiestradas y, por consiguiente, pueden estar armados. En el artículo 289 se lee de manera textual: “El personal de los cuerpos de defensa rurales podrá portar el armamento manifestado para su seguridad personal, exclusivamente en el desempeño de los actos de servicio y dentro de los límites de sus propios ejidos.  A los rurales de primera, segunda y tercera se les autoriza la mencionada portación dentro de su zona militar”. De acuerdo con los inconformes, su decisión de insubordinarse es porque con la orden recibida “están poniendo en riesgo nuestra vida”. Concluyeron: “La trascendencia de quitarnos las armas es gravísimo, porque el crimen organizado nos va a agarrar de pinos de boliche porque ellos traen armas automáticas, granadas, chalecos antibalas, y nosotros no podemos ir con resorteras a los recorridos, porque somos carne de cañón”.