OAXACA, Oax. (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, se pronunció hoy por que la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas anunciada por el presidente Felipe Calderón, cuente con el soporte jurídico y el plan de acción adecuados para cumplir con su objetivo y evitar un fracaso. En entrevista, después de suscribir un convenio de colaboración a favor de las comunidades indígenas con el gobierno de Oaxaca, el ómbudsman nacional confió en que la nueva institución tendrá un marco jurídico claro, “orientado debidamente a una línea de acción específica” y no derive en el fracaso de otras instancias creadas en el pasado para atender a víctimas del delito, que “lamentablemente no dieron resultados”. Plascencia Villanueva reveló que anualmente, al menos, 12 millones de personas son víctimas de un delito en el país, de tal manera que la nueva Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos tendría que enfrentar ese reto de atender a tanta gente. “En los últimos 10 años, por lo menos, cada mexicano fue víctima directa o indirectamente de la comisión de algún delito”. Consideró positiva la creación de la Procuraduría, sin embargo, dijo que “lo importante es traducirla en una institución que tenga un marco jurídico claro, orientado debidamente hacia una línea de acción específica”. Insistió en que analizarán esta iniciativa para conocer “la ley que la va a regir, cuáles serán las facultades y cuál será el presupuesto, pero, sobre todo, de qué manera se va a medir la eficiencia de la misma para que no nos vaya a pasar como nos ha pasado los últimos 10 años”. Antes, el ómbudsman nacional junto con el gobernador Gabino Cué firmaron el convenio de colaboración para fortalecer la protección y defensa de los derechos humanos y el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas, el cual incluye la participación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de organizaciones civiles, redes y asociaciones defensoras de las garantías individuales. En ese encuentro, el presidente de la CNDH afirmó que es imprescindible erradicar toda expresión de violencia en los pueblos originarios, para lo cual es necesario la corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno y sociedad, además de impulsar políticas públicas que también eviten actos discriminatorios. El gobernador Gabino Cué afirmó, por su parte, que Oaxaca tiene una deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas, “que el ‘gobierno de la paz y el progreso’ sabrá honrar en los hechos, porque se trata de un acto de justicia que no admite demora, ni se debe soslayar”. Cué Monteagudo dejó en claro que la protección de las garantías de las personas, al igual que el fortalecimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas constituye una alta prioridad en el proceso de transición democrática que vive nuestro estado. Agregó que entre 65 y 70% de la población oaxaqueña se ubica en zonas indígenas. Sin embargo, aún en pleno siglo XXI no se han conciliado los derechos en beneficio de las comunidades originarias, donde todavía existen actos de violencia en el seno familiar y discriminación hacia las mujeres.