MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Felipe Calderón solicitó a Estados Unidos reconocer la inmunidad del expresidente Ernesto Zedillo, quien enfrenta una demanda en ese país por su presunta responsabilidad en la matanza de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997. De acuerdo con información difundida en el noticiero de Carmen Aristegui en MVS Radio, el gobierno mexicano hizo la petición al Departamento de Estado en noviembre pasado, dos meses antes de que el propio Zedillo reclamara inmunidad legal a una corte estadunidense. Según la información, en la nota diplomática –enviada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores– se habría solicitado al gobierno de Barack Obama que atienda la solicitud de inmunidad al exmandatario mexicano, quien el pasado 19 de septiembre fue acusado ante la Corte de Connecticut por crímenes de lesa humanidad por la masacre de 45 indígenas tzotziles en la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, Chiapas. Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha emitido la respuesta a la petición del gobierno de Felipe Calderón. El pasado viernes 6, el expresidente Ernesto Zedillo reclamó inmunidad legal a la Corte de Connecticut, en respuesta a la demanda en su contra por crímenes de lesa humanidad. En una moción, Zedillo Ponce de León argumentó inmunidad por su posición de expresidente y negó tener responsabilidad por los hechos registrados en la comunidad indígena de Acteal en diciembre de 1997. Zedillo, quien gobernó México de diciembre de 1994 a noviembre de 2000, interpuso la moción a través de sus abogados, en la que solicitó se deseche la acusación en su contra presentada en la Corte Federal en Hartford, Connecticut, el pasado 19 de septiembre. Según la acusación, la masacre ocurrió a raíz de la supuesta aplicación por parte del gobierno mexicano del Plan de Campaña Chiapas 94, una presunta estrategia secreta para aplastar el movimiento insurgente zapatista que emergió públicamente el 1 de enero de 1994. En la queja, los actores sostienen que el gobierno de Zedillo puso fin a las conversaciones de paz con los zapatistas y emprendió un plan para armar y adiestrar a paramilitares locales, con el fin de combatir a los rebeldes. La demanda fue interpuesta por el despacho Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, con sede en Miami, Florida, supuestamente a nombre de seis hombres y cuatro mujeres sobrevivientes de los hechos y viudas e hijos de las víctimas.