MONTERREY, N.L. (apro).- Un total de 70 empleados de dos casinos clausurados la noche del jueves fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), donde permanecen desde anoche. Los detenidos son trabajadores de los centros de apuestas Malibú, de Escobedo, y Riviera, de Guadalupe. Los dos, propiedad de Raúl Rocha, a quien se le identifica como dueño del Casino Royale, donde en agosto fueron asesinadas 52 personas. Los empleados fueron detenidos el jueves a las 23:00 horas en operativos simultáneos en los que personal de la Secretaría de Gobernación impuso sellos de clausura debido a que no contaban con permiso de operación. En el operativo estuvieron presentes la Policía Federal, la Secretaría de Salud del estado, y representantes de Inspección y Vigilancia de los dos municipios. Uno de los detenidos explicó que inicialmente fueron trasladados a las instalaciones de la PGR en Escobedo, donde les indicaron que declararían, pero al llegar les informaron que estaban en calidad de detenidos por trabajar en establecimientos que carecían de licencia. Agregó que en el interior le anunciaron que debía pagar, junto con cada uno de los demás trabajadores, hasta 20 mil pesos para obtener su libertad bajo fianza. Familiares de las personas detenidas desde la madrugada de hoy y hasta esta noche, permanecen en el exterior de las oficinas de la Procuraduría para conocer su situación. Algunos han dicho que las autoridades les han impedido establecer comunicación con sus parientes y tampoco les explican por qué los detuvieron si son sólo empleados. Al lugar llegó esta mañana el visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Fidencio Constantino Olivo, quien, al parecer, pudo hacer contacto con los detenidos y verificar las condiciones en las que se encontraban en los separos federales. José Ulises García, quien se identificó como abogado de los casinos clausurados, dijo que ya promovió un amparo para evitar que los trabajadores sean arraigados o trasladados a otras instalaciones. Comentó que aún desconoce si su cliente se responsabilizará del pago de las fianzas de los detenidos, en caso de que se les pida hacer una erogación para recuperar su libertad. Esta tarde el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, señaló que continuarán los operativos para verificar si las casas de apuestas trabajan de manera legal en la entidad.