TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El exsecretario de Educación del estado, Alfredo Palacios Espinosa, uno de los 54 excolaboradores del exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía que se encuentran en la lista de “beneficiados” por un seguro millonario adquirido con recursos del erario, fue detenido la víspera en el Distrito Federal. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJ), Palacios Espinosa se encuentra implicado en uno de los procesos penales que se le siguen al exmandatario por la presunta malversación de alrededor de 104 millones de pesos. En un comunicado, detalló que la noche de ayer agentes de esa dependencia, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cumplimentaron en la capital del país una orden de aprehensión en contra el exsecretario de Educación del estado, quien también fungió como titular del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta) durante los dos primeros años del actual mandato de Juan Sabines Guerrero. Mencionó que la captura de Palacios Espinosa fue ordenada por el juez tercero del ramo penal con residencia en El Amate, por los presuntos delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa. Agregó que el exgobernador Salazar Mendiguchía es procesado por esos mismos delitos, luego de que la Fiscalía Especializada en Asuntos Relevantes de la PGJ presentó ante la autoridad judicial un cúmulo de pruebas, a través de las cuales se comprueba que el procesado, conjuntamente con diversos servidores públicos de su administración, desvió recursos del estado por 104 millones de pesos. A través de una aseguradora, señaló, contrataron una póliza denominada Vidadot-2-2 que abarcaba cobertura básica por fallecimiento, cobertura por supervivencia “dotal” y cobertura por gastos funerarios, por el periodo que comprendía del 19 de diciembre de 2005 al 7 de diciembre de 2006, es decir, un día antes de que Salazar Mendiguchía concluyera su gestión al frente del gobierno del estado. Según la PGJE, el expediente penal, integrado por 21 tomos contenidos en nueve mil 117 fojas útiles, comprende diversas diligencias, entre las que destacan peritajes en materia contable y grafoscopía, así como testimoniales, con los que se corroboró que el exmandatario utilizó ese dinero como un “un bono sexenal” por el fin de su administración. La dependencia señaló que Alfredo Palacios Espinosa –incluido en el listado de asegurados expedido por la compañía aseguradora– cobró 3 millones 577 mil 623 pesos, lo que se acreditó por medio de documentación oficial que obra en autos. En dichos documentos también destaca la carta poder con fecha 6 de diciembre de 2006, otorgada por Palacios Espinosa a favor de Nelda Rosa Camacho Alayola, entonces secretaria de Administración estatal, y el comprobante del pago expedido por la aseguradora a favor del exsecretario de Educación por más de 3.5 millones de pesos, con fecha 26 de febrero de 2007. Asimismo, obran en el peritaje de conclusión las pólizas de cheques, fichas de depósitos y estados de cuenta que fueron emitidos por la extinta Secretaría de Administración, donde se comprueba que los 104 millones de pesos sí pertenecían al erario público estatal. La larga lista Alfredo Palacios es uno de los 57 excolaboradores de Pablo Salazar que se encuentran implicados en el reparto del bono millonario. No obstante, la PGJ admitió que sólo giró orden de captura para 54, dado que los otros tres funcionan como “testigos protegidos”, figura jurídica que no existe en Chiapas. Además de Alfredo Palacios, a la fecha han sido capturados Socorro Domínguez, extitular del Instituto de la Vivienda, y el exfiscal de Justicia, Mariano Herrán Salvatti, ambos con arraigo domiciliario. También están detenidos Leonardo Muñoz Arellano, extitular de Protección Civil en tiempos de Pablo Salazar; Gabriel Flores Cancino, exsubsecretario de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, y Daniel Tadeo Romero, exdirector de la Secretaría de Finanzas, además de Manuel Miranda Rodas, extitular de los Servicios Educativos para Chiapas. Uno de los personajes claves para incriminar a todos los excolaboradores de Pablo Salazar es Horacio Schroeder Bejarano, a quien el exmandatario consideraba su amigo e hizo secretario de Seguridad Pública y coordinador de la Comisión de Reconstrucción por los Daños ocasionados por el huracán Stan en Chiapas, en 2005. La captura de Palacios Espinosa se dio un día después de que un juez de primera instancia del ramo penal del Distrito de Huixtla dictó un auto de formal prisión contra el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía por el delito de homicidio doloso por la muerte de una menor. La PGJE indicó que el fallo fue emitido por la muerte de Guadalupe Silvestre Vázquez en el Hospital General “K” de Comitán de Domínguez, en diciembre de 2002, con lo que a la fecha suman seis procesos penales en contra del exejecutivo estatal. La dependencia indicó que Salazar Mendiguchía también se encuentra procesado por la muerte de los gemelos Gerardo y Jesús Alejandro Morales Alfaro, y Arturo Enrique Hernández Solís, quienes fallecieron a consecuencia de la falta de recursos públicos en el nosocomio. Juez desecha argumentos Los abogados de Pablo Salazar Mendiguchía detallaron hoy que un juez del ramo penal desechó diversos argumentos que le presentaron sobre el caso de la menor Guadalupe Silvestre Vázquez. “Nuevamente la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas (PGJ) ejercitó acción penal en contra de Pablo Salazar Mendiguchía por el inexistente delito de homicidio doloso (comisión por omisión) cometido supuestamente en agravio de la menor Guadalupe Silvestre Velázquez”, apuntaron, tomando en cuenta una carta publicada por el exmandatario en su blog: www.unocontodos.org. De acuerdo con los abogados, al igual que en los otros dos expedientes previamente consignados por el mismo delito, pero en contra de otros menores, el argumento que se señala es que durante la administración de Pablo Salazar Mendiguchía no se ministraron los recursos suficientes y necesarios para que el Hospital General “K” de Comitán contara con el equipamiento médico y personal humano necesario para la atención de los usuarios. Según el expediente clínico que obra en la causa penal, las causas de la muerte de la menor nada tienen que ver con las condiciones en las que se encontraba el Hospital General “K” de Comitán, sin embargo, a la luz de los criterios utilizados por la PGJ de Chiapas, los responsables del fallecimiento son el secretario de Salud y el gobernador en la época de los hechos. En la carta, Salazar Mendiguchía detalla que los recursos proporcionados al Hospital General “K” de Comitán para el año 2002 fueron por la cantidad de 4 millones 713 mil 487 pesos, de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Congreso del estado para ese año. Y, tal como se encuentra probado en la causa, esos recursos fueron ejercidos en su totalidad por el hospital, lo que se corrobora con la declaración del doctor Benito Eduardo Vázquez Santiago, administrador del nosocomio en la época de los hechos. Además, los abogados subrayaron que si el hospital recibió y ejerció los recursos acordes al presupuesto aprobado, era el propio titular de la Secretaría de Salud el encargado de destinarlos, por lo que no hay prueba alguna que acredite que el señor Pablo Salazar haya dispuesto o dejado de enviar los recursos correspondientes al Hospital General “K” de Comitán, máxime que el no podía disponer de recursos correspondientes a partidas presupuestales. “Pero estos argumentos ni siquiera fueron considerados por el juez, lo cual revela la falta del más mínimo apego a la justicia en Chiapas”, dijo Pablo Salazar en su cuenta de Twitter @PSMendiguchia.