Atrae la Corte juicio de amparo promovido contra la revista 'Contralínea'

jueves, 19 de enero de 2012
MÉXICO, D.F. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó atraer el juicio de amparo promovido por las empresas Blue Marine Tecnology y Subte en contra de la revista Contralínea. Las compañías contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex) demandaron a la revista un pago multimillonario por daño moral, debido a la publicación de una serie de reportajes en los que se señalan presuntas irregularidades cometidas en la asignación de contratos por parte de la paraestatal. De acuerdo con los empresarios petroleros que presentaron la demanda, Contralínea violó su derecho a la personalidad, además de que dañó su persona, honor, decoro, imagen y prestigio comercial, bajo el argumento de que las notas periodísticas sobre la supuesta corrupción en Pemex contenían insultos a dichas empresas. La Primera Sala decidió atraer el caso por considerar que le permitirá ponderar la libertad de expresión y el derecho a la información, en contraste con los derechos de la personalidad, cuando se encuentran implicados periodistas y empresarios cuya actuación tiene impacto en la vida política del país. Los magistrados decidieron que, al analizar el asunto, se estará en la posibilidad de determinar, si es el caso, con qué parámetros legales debe estudiarse la responsabilidad civil por daño moral de los periodistas cuando se les demanda por haber ejercido en forma abusiva el derecho a la información y la libertad de expresión por la ilicitud de la información publicada. Mientras tanto, la Casa de los Derechos de los Periodistas anunció que promoverá un amicus curiae “por ser un caso de gran interés jurídico y de trascendencia para incrementar o disminuir los márgenes en la vigencia de los derechos al ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión en todo el país”. El amicus curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal) es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso. La información proporcionada puede consistir en un escrito con una opinión legal, un testimonio no solicitado por parte alguna o un informe en derecho sobre la materia del caso. La decisión sobre la admisibilidad de un amicus curiae queda, generalmente, al arbitrio del respectivo tribunal. La Casa de los Derechos de los Periodistas manifestó su preocupación y llamó la atención de reporteros, empresas periodísticas, así como de organismos nacionales e internacionales, y en general de la opinión pública, para que estén alertas en torno del caso y vigilen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumpla con su labor esencial de garantizar las libertades de prensa y de expresión, asentadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los acuerdos y tratados internacionales que México ha suscrito. La primera preocupación es porque tal atracción se resolvió en un contexto en el que los periodistas de Contralínea siguen enfrentando un constante y grave acoso judicial, tanto por parte de funcionarios del gobierno federal y de Pemex, como de particulares que han sido exhibidos en presuntos actos de corrupción, según lo documentan en la solicitud de atracción sus abogados Sergio Antonio Méndez Silva y David Peña Rodríguez. Dicha asociación también documentó ante la Secretaría de Gobernación que la empresa y sus periodistas “han sido colocados, paulatinamente, en una situación de vulnerabilidad extrema”. Agrega que los agravios que ha padecido la empresa periodística de 2007 a la fecha, convirtieron a Contralínea en el único caso de los medios de prensa mexicana que ha sufrido prácticamente toda la tipología de agresiones que padece el ejercicio del periodismo en México. Todo ello, apunta, los ha debilitado e impedido obtener la fortaleza necesaria para enfrentar más amenazas inminentes del ámbito judicial, de vetos publicitarios e informativos y otros posibles agravios físicos o contra su patrimonio. Puntualiza que la revista se encuentra en un alto riesgo para continuar con el ejercicio del periodismo de investigación que le dio origen.