CHILPANCINGO. Gro. (apro).- El estudiante de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Gerardo Torres Pérez, interpuso una denuncia por el delito de tortura, ante la Procuraduría General de Justicia (PGJE), en contra de autoridades ministeriales. De acuerdo con el dictamen preliminar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presentado el lunes 9, Torres Pérez, de 19 años y detenido tras el desalojo violento del 12 de diciembre junto a otras 23 personas, fue torturado física y psicológicamente, así como sujeto de imputaciones falsas por parte de un grupo de policías ministeriales al mando del comandante en la región centro de esta corporación, David Jesús Urquizo Molina. Al respecto, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan detalló en un comunicado que se trata de la séptima denuncia presentada por estudiantes de Ayotzinapa por el delito de tortura ante la PGJE. Esto, luego del desalojo violento realizado por policías federales y estatales, donde fueron asesinados a tiros los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. El organismo no gubernamental refiere que el estudiante normalista fue torturado por agentes ministeriales, quienes le imputaron de manera falsa la portación de un rifle AK-47, con el que presuntamente el estudiante habría disparado durante los hechos violentos registrados al sur de esta capital. Debido a que la CNDH concluyó en su informe que Torres Pérez fue víctima de tortura, el normalista –asistido por abogados de Tlachinollan– interpuso hoy una denuncia ante el Ministerio Público del fuero común, con el propósito de que el jefe policiaco y los agentes ministeriales que cometieron estos delitos sean sancionados. En el comunicado también se destaca que, debido a que la Procuraduría local tendrá que investigar a personal que labora en la misma dependencia estatal y ante la gravedad de la acusación, Amnistía Internacional emitió un exhorto dirigido al gobierno federal y estatal para que se castigue a los servidores públicos que incurrieron en actos de violación a los derechos humanos durante los hechos violentos del 12 de diciembre y que se brinden garantías de seguridad para las víctimas denunciantes. El Centro plantea que el esclarecimiento de estos hechos y la sanción de las autoridades responsables no sólo significará el acceso a la justicia para la víctima denunciante, sino que también podrá sentar un precedente para la erradicación de la “recurrente práctica, arraigada no sólo en Guerrero sino en la mayor parte de las Procuradurías del país, de recurrir a la tortura para confeccionar imputaciones falsas”, indica el documento.