CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Juan Manuel Herrera Campos, consignó al Juzgado Primero de Primera Instancia, al comandante de la Policía Ministerial (PM), Rey David Cortés Flores, y el aspirante a agente ministerial, Ismael Matadamas Salinas, por su presunta responsabilidad en el homicidio de los dos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) responsabiliza a Cortés Flores y a Matadamas Salinas de los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado y abuso de autoridad cometidos durante el desalojo violento realizado por policías federales y estatales el pasado 12 de diciembre al sur de esta capital. Herrera Campos determinó que Cortés Flores y el aspirante a agente ministerial, Ismael Matadamas Salinas, son los únicos responsables del asesinato de los dos normalistas y de las lesiones que sufrió una más durante el desalojo. Por ello, informó que esta mañana consignó el expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia con sede en Chilpancingo, donde solicita el ejercicio de la acción penal contra los inculpados, que llevan 38 días arraigados. En respuesta, un centenar de policías ministeriales, agentes del Ministerio Público del Fuero Común y trabajadores administrativos de la PGJ, marcharon en esta capital para exigir la liberación de sus compañeros y demandar la destitución de Herrera Campos, y el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Marcos Juárez Escalera. Cerca de las 16:00 horas, el contingente partió de la avenida René Juárez Cisneros rumbo a la residencia oficial Casa Guerrero, ubicada al oriente de esta capital, en el lugar los manifestantes lanzaron consignas contra el gobernador, Ángel Aguirre, a quien llamaron traidor. Luego, se trasladaron a la casa de arraigo donde permanecen los dos inculpados y se solidarizaron con ellos. Y posteriormente  arribaron a la sede de la PGJ donde realizaron un mitin en la explanada. En el lugar, los inconformes exigieron castigo para las autoridades estatales que ordenaron el desalojo, entre ellos el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, el exsecretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja, y el exprocurador de Justicia, Alberto López Rosas. Al respecto, los trabajadores de la PGJ anunciaron que la próxima semana realizarán un paro laboran en todo el estado como señal de protesta, debido a que, afirmaron, las autoridades de la misma dependencia están acusando a Cortés Flores y Matadamas Salinas de ser los responsables del crimen de los normalistas, sólo para proteger a los agentes federales que participaron en los hechos, así como a funcionarios estatales que dirigieron el desalojo violento. Previamente, en Acapulco, el encargado de despacho de la PGJ dijo que “tienen la certeza” de que el jefe policiaco y el aspirante a judicial –que permanecen arraigados desde el 18 de diciembre– fueron quienes “realizaron los disparos que mataron” a los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, y lesionaron al estudiante Edgar David Espíritu Olmedo. En conferencia de prensa, Herrera Campos aseguró que a 46 días del trágico desalojo, existen elementos y “pruebas irrefutables” para proceder penalmente contra los dos arraigados. Rechazó que la consignación de los dos policías responda a “la presión por tiempos políticos”. Herrera Campos dijo que en declaraciones ministeriales consta la participación directa de los imputados; y aseguró que hay pruebas, como videos y fotografías, que muestran cuando ambos disparan las armas largas que portaban durante el desalojo contra los manifestantes. Por ello, el funcionario estatal dijo que las investigaciones de la PGJ “acreditan de manera inequívoca” que la trayectoria de los disparos que asesinaron a los dos normalistas y lesionaron a otro más, se realizaron de poniente a oriente. “Es decir, desde el lugar donde se encontraban los agentes ministeriales”, indicó Herrera. La conclusión de la PGJ, es la misma que planteó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su informe preliminar emitido el pasado 10 de enero, así como el señalamiento que hizo un día después del desalojo, el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), en contra de los agentes ministeriales. Por otra parte, el exsubprocurador de Control Regional y Procesos Penales de la PGJ, Alejandro Hernández Paz y Puente denunció que ha sido requerido por la Procuraduría General de la República (PGR), para que rinda su declaración ministerial por el caso Ayotzinapa en calidad de “presentado”, es decir, a través de la fuerza pública. Calificó esta acción como una irregularidad y dijo que por ello tramitará un amparo, pues en ningún momento fue citado para que acudiera de forma voluntaria, indicó durante una conferencia de prensa que ofreció en su domicilio particular, al oriente de esta capital. A pesar de que dijo estar dispuesto a colaborar con el Ministerio Público federal, señaló que no tuvo injerencia en la integración de la averiguación previa, ya que por órdenes del exprocurador de Justicia, Alberto López Rosas, las indagatorias fueron dirigidas por el actual subprocurador Jurídico y de Atención a Víctimas del Delito, César de los Santos Mendoza. Hernández Paz y Puente señaló que a pesar de que era su facultad asumir la supervisión de esta averiguación previa, la responsabilidad fue delegada en De los Santos Mendoza y su equipo conformado por la exfiscal en la Región Centro, María Severiana Flores Peña, y la extitular de la agencia del MP del Fuero Común en Chilpancingo, María Eugenia Salgado Guzmán. Apenas este miércoles, ambas exfuncionarias, junto con seis agentes auxiliares del Ministerio Público del Fuero Común, fueron presentados mediante la fuerza pública en la sede de la PGR, para que rindieran su declaración ministerial sobre el caso Ayotzinapa.