Cuando Felipe Calderón envió al Senado su iniciativa contra el lavado de dinero en agosto de 2010 todo iba bien, pues los legisladores la avalaron de manera casi íntegra, desoyendo aun a la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, que pedía excluir a sus agremiados... Pero todo cambió en la Cámara de Diputados, donde los priistas de la Comisión de Justicia simplemente modificaron la minuta para beneficiar a 4 mil 500 notarios nacionales. Los panistas de la otra comisión revisora, la de Hacienda, alegaron albazo y empantanaron las discusiones Después de varios años de su guerra declarada al crimen organizado, el 20 de agosto de 2010 Felipe Calderón envió al Congreso una iniciativa contra el lavado de dinero para desmantelar las estructuras financieras de los grupos delictivos. Sin embargo su propio partido, el PAN, frenó la propuesta en la Cámara de Diputados al año siguiente. La iniciativa llegó primero al Senado donde fue aprobada el 28 de abril de 2011. De ahí se envió como minuta a la Cámara de Diputados donde los panistas la detuvieron tras detectar los cambios de última hora introducidos por la fracción priista, en especial los relacionados con las actividades de notarios y corredores públicos, quienes cabildearon para que sus operaciones quedaran libres de sanciones penales. El documento del Ejecutivo propone establecer un nuevo “régimen de identificación y reporte de ciertos actos u operaciones vinculados a actividades que pueden ser vulnerables a ser utilizadas por el crimen organizado para sus procesos de lavado de dinero, o bien los financiamientos al terrorismo”. En lo relativo a los “nuevos actores económicos”, insiste en que se reglamenten sus actividades por considerar que son susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de dinero. Y menciona las principales: la construcción o renta de bienes inmuebles, tarjetas de servicios o de crédito no bancarias, cheques de viajero, comercialización de metales o piedras preciosas, joyas o relojes, obras de arte, vehículos nuevos o usados, servicios de blindaje, traslado de custodia de valores. Y aun cuando el Senado aprobó el documento, durante las discusiones –que se prolongaron un año– la Asociación Nacional del Notariado Mexicano pidió al presidente de la Comisión de Gobernación, el priista Jesús Murillo Karam hacer algunos ajustes con base en “derecho comparado y consistente con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales”. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1839, ya en circulación)