MÉXICO, D.F. (apro).- Los tres últimos gobernadores de Tamaulipas, Eugenio Hernández, Tomás Yarrington y Manuel Cavazos Lerma, fueron incluidos en una alerta que giró el gobierno federal para que se registren sus entradas y salidas del país, pero no sólo de ellos, también de otras 46 personas, entre familiares, funcionarios, empresarios y colaboradores tamaulipecos, informó el portal de noticias Reporte Índigo. El oficio fechado el pasado 13 de enero, con el número CGA/595/2012, no define los términos de la averiguación, pero se presume que podría estar vinculada a distintas denuncias presentadas entre 1998 y 2011. Dichas denuncias van desde señalamientos por corrupción en el ejercicio de la función pública, hasta presunción de vínculos de los exmandatarios con actividades ligadas al crimen organizado. No obstante, Reporte Índigo señala que a menos que se revelen nuevas indagatorias al respecto, se presume que la “desempolvada” de viejos expedientes podría ser la antesala del primer golpe político contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con miras a la elección presidencial del 2012. De acuerdo con la información difundida por el portal, reportes de seguridad e inteligencia nacionales y extranjeros señalan que los tres exgobernadores habrían sido incluidos en una averiguación previa de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR). La alerta migratoria fue firmada por el agente del ministerio público federal David Juárez Mora, el pasado viernes 13, pero apenas la semana pasada fue remitida y conocida en las sedes aeroportuarias. En ella, según las fuentes consultadas, se exige a las autoridades aeroportuarias dar aviso sobre el tránsito de los tres exgobernadores y 46 personas más, ya sea sobre vuelos nacionales o internacionales que realicen desde el 13 de enero, e incluso los que hicieron 90 días entes del exhorto. Durante las últimas dos décadas, cuando se interpusieron las denuncias contra los exmandatarios por corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado, Tamaulipas se convirtió en el estado sede del Cártel del Golfo, gestado por Juan García Abrego, fortalecido por Osiel Cárdenas Guillén y ahora dividido y confrontado con su brazo operador, que dio origen al cártel de Los Zetas. Cada uno en su momento, los tres exgobernadores han sido señalados como encubridores o cómplices de las actividades del cártel que en la década de los 90 y en la primera década del nuevo milenio dominó la mitad del narcotráfico en México, refiere el reportaje. Agrega que durante las gestiones de los tres exgobernadores priistas, Tamaulipas registró un crecimiento desbordante en el número de ejecuciones y se ubicó en el tercer lugar de los estados más violentos, detrás de Chihuahua y Sinaloa. Entre 2007 y 2009, Tamaulipas registró 266 asesinatos y en 2010 la cifra fue casi cinco veces mayor al registrarse mil 206 en ese año. Durante la gestión de Manuel Cavazos de 1993 a 1999, subraya, se aceleró el despliegue de los cárteles; en el de Tomás Yarrington, de 1999 a 2004, se recrudeció, y en el de Eugenio Hernández, de 2004 a 2010, alcanzó su clímax con el asesinato del candidato priista a la gubernatura del estado, Rodolfo Torre Cantú, en junio de 2010. Los expedientes “desempolvados” Durante su gestión, Manuel Cavazos Lerma fue denunciado –el 25 de noviembre de 2010– ante las autoridades mexicanas y estadunidenses por Omar Durán, un alto funcionario sanitario de Tamaulipas –exiliado desde hace 13 años en Estados Unidos–, quien lo acusó de solapar el tráfico de armas y drogas entre Chiapas y Estados Unidos a través de los retenes fitosanitarios instalados en la entidad. Cavazos Lerma es actualmente uno se los candidatos del PRI al Senado de la República. Antes, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fungió como secretario de Acción Electoral de su partido. En 1998, Tomás Yarrington fue acusado por el perredista José Luis González Mesa y por el exembajador de México en Nicaragua, José Puente León, por presunto tráfico de influencias y lavado de dinero. De acuerdo con el expediente 146/DGMPE-EB/98, el exgobernador tenía vínculos con Osiel Cárdenas Guillén, quien se presume vivía muy cerca de la casa de Yarrington. Además, según la denuncia, el exmandatario apadrinó a una de las hijas del entonces jefe del Cártel del Golfo. La denuncia no prosperó. De los tres exgobernadores, Eugenio Hernández fue el que enfrentó la mayor crisis en la lucha contra el crimen organizado en Tamaulipas, con la muerte (el 28 de junio de 2010) de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gubernatura del estado, de días antes de la elección. El relevo y triunfo de su hermano Egidio Torre Cantú no atemperó la crisis, por el contrario, las especulaciones sobre los móviles de la ejecución arreciaron. Otro hecho por el que Hernández ha sido ligado con el crimen organizado es por la captura de su escolta Ismael Ortega Galicia, quien se encontraba en la lista de los sicarios más buscado por Estados Unidos, y por quien ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, según publicó el diario Reforma el 3 de julio de 2010, días antes de la elección que volvió a ganar el PRI. Fue también durante la gestión de Eugenio Hernández que se descubrió una narcofosa con 72 cadáveres de migrantes en el municipio de San Fernando, un hecho que dio la vuelta al mundo. Además, durante su administración se recrudeció la violencia tanto en los puertos como en las fronteras, debido a la disputa librada por el cártel del Golfo y el grupo que se escindió de éste, Los Zetas.