Incumplen recomendaciones de CNDH en el caso Salvárcar

lunes, 30 de enero de 2012
MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones civiles denunciaron que después de dos años de la masacre de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, los familiares de las víctimas y los procesados no tienen acceso al derecho a la justicia, mientras que las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso no han sido cumplidas por las autoridades implicadas. En un comunicado, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Apoyo a Migrantes, denunciaron que hasta ahora, el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, y el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, ha incumplido las recomendaciones 49/2011 y 50/2011 de la CNDH que evidenciaban fallas en la investigación de la masacre, entre ellas el uso de la tortura por miembros del Ejército Mexicano para involucrar a Israel Arzate Meléndez en el multihomicidio. Dichas organizaciones exigieron el acatamiento de las recomendaciones, entre ellas la atención integral a las víctimas y sus familias. Asimismo, pidieron a la CNDH asumir su papel de garante del cumplimiento de las recomendaciones, y al Tribunal Colegiado de Circuito que revisa el juicio de amparo negado a Arzate, que tome en cuenta las observaciones del ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villalobos, emitidas el 31 de agosto de 2011. Resaltaron que las torturas infligidas a Arzate Meléndez, confirmadas por la CNDH de acuerdo con el Protocolo de Estambul, formaron parte de los expedientes paradigmáticos descritos por las agrupaciones Human Rights Watch (HRW) y Aministía Internacional (AI) en sus respectivos informes sobre violaciones a derechos humanos en México. Arzate se encuentra recluido en Ciudad Juárez acusado de los crímenes debido a que le fue negado el amparo contra el proceso iniciado en su contra, de ahí que las organizaciones nacionales denunciantes resaltaron que “la negativa a admitir como prueba la evidencia de tortura, pone en entredicho la obligación de las autoridades judiciales de garantizar un juicio justo al acusado, asegurar que cualquier resolución esté bien fundada y que los verdaderos perpetradores sean llevados ante la justicia”. En la recomendación 49/2011, la CNDH dejó asentado que el inculpado Arzate Meléndez fue víctima de “detención arbitraria, tortura y retención en instalaciones militares (…) así como por la sustracción ilegal del Cereso cuando ya se encontraban a disposición del juez”, y que contó con elementos suficientes para determinar que “fue obligado a confesar su posible participación en la masacre sucedida en Villas de Salvárcar”. Aseguran que el caso de Arzate demuestra que hasta ahora el nuevo sistema de justicia penal vigente en Chihuahua “no ha permitido garantizar efectivamente una defensa adecuada, la equidad procesal y la presunción de inocencia”, pues las recomendaciones de la CNDH confirmaron que las autoridades encargadas de procurar justicia recurren a “la obtención de confesiones mediante la práctica de la detención ilegal y la tortura como método establecido en la investigación de los delitos en el Estado de Chihuahua”. Asimismo, agregaron, “el involucramiento de militares en la detención arbitraria, la incomunicación y la tortura, confirma que la participación de militares en tareas de investigación y persecución del delito pone en riesgo la vigencia de los derechos humanos”. Las organizaciones demandantes del cumplimiento de las recomendaciones resaltaron que otros agravios reportados a la CNDH que se refieren a la intervención de efectivos de la Sedena y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) obstaculizando el ingreso de ambulancias de la Cruz Roja para atender a las víctimas, en tanto que durante el proceso judicial, a los familiares de las víctimas se les recluyó en un cuarto sin condiciones de higiene parar dar seguimiento al juicio oral, documentó el organismo nacional. Urgieron a cumplir las recomendaciones de la CNDH para que sean subsanados los agravios tanto para víctimas, familiares y procesados que han visto violados sus derechos a la garantía de acceso a la justicia, al debido proceso, a la seguridad jurídica, y trato digno y a la debida procuración de justicia, así como el derecho a la integridad y seguridad personal y a la protección a la salud para las víctimas y Arzate Meléndez.

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