CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobierno estatal movilizó a la burocracia y sectores clientelares para manifestar su apoyo al gobernador Ángel Aguirre Rivero en las calles de esta capital, por la crisis que generó el asesinato de dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Paralelamente, el secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Rural estatal (Seder), Ranferi Hernández Acevedo, anunció su renuncia al gobierno de Aguirre para sumarse al movimiento de los normalistas de Ayotzinapa. La manifestación a favor de Aguirre, denominada “Por la legalidad, la paz y el estado de derecho”, en la que participaron al menos 5 mil personas, se enfocó en expresar su rechazo al movimiento de los normalistas de Ayotzinapa, quienes demandan juicio político contra el Ejecutivo estatal tras el violento desalojo realizado por policías estatales y federales donde fueron asesinados dos estudiantes el pasado 12 de diciembre. Portando pancartas y lanzando vivas al gobernador Aguirre, así como expresiones de rechazo contra los normalistas de Ayotzinapa, a quienes calificaron de “terroristas”, cerca de las 11:00 de la mañana el contingente conformado por trabajadores al servicio del gobierno estatal, políticos, transportistas, comerciantes, funcionarios de la Universidad Autónoma de Guerrero; así como integrantes de la sección XIV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de organizaciones afines al gobernador Aguirre provenientes de distintas regiones de la entidad, partieron en marcha de la glorieta Vicente Guerrero, ubicada al norte de esta capital. Luego de recorrer algunas calles de esta capital, los grupos afines al gobernador Aguirre arribaron al centro de esta ciudad donde realizaron un mitin en defensa del Ejecutivo, cuya administración se encuentra en crisis ante los hechos trágicos del 12 de diciembre. En tanto, un grupo de seis normalistas de Ayotzinapa irrumpió en la explanada de la plaza central Primer Congreso de Anáhuac y realizó un perfomance, donde vaciaron pintura roja sobre los torsos desnudos de sus cuerpos y permanecieron tirados en el piso. La alegoría de los normalistas, que significó una representación simbólica del crimen de los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, provocó instantes de tensión debido a que los grupos aguirristas comenzaron a insultar a los estudiantes, sin embargo el hecho no pasó a mayores. Durante el mitin, el exdirigente del movimiento popular que dio origen a la creación de la Universidad Autónoma de Guerrero y marcó la caída del exgobernador Raúl Caballero Aburto en la década de los 60, Jesús Araujo Hernández se lanzó en defensa de Aguirre y condenó las acciones de los normalistas de Ayotzinapa. En su discurso, el también expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), durante el interinato que cubrió Aguirre en 1997, acusó a los exgobernadores Rubén Figueroa Alcocer; René Juárez Cisneros y Zeferino Torreblanca Galindo –a quienes calificó como “los tres magos del pillaje”–, de estar actuando para “atacar” al gobernador. El exdirigente popular insinuó que los tres exgobernadores están detrás del movimiento de los normalistas de Ayotzinapa. Luego, hizo un llamado a los normalistas de Ayotzinapa para que se formen como docentes y arengó: “apoyar a Aguirre es apoyar la paz y rechazar el anarquismo”. Araujo Hernández criticó la solicitud de juicio político contra su mentor, argumentando que en Guerrero el orden constitucional no está fragmentado. Cerca de las 12:44 horas el mitin concluyó y los manifestantes anunciaron que el próximo jueves 12, marcharán en el puerto de Acapulco para seguir defendiendo al Ejecutivo. Consultado durante la marcha, el promotor cultural local, Mauricio Leyva Castrejón –uno de los convocantes de la movilización– reconoció que el gobierno estatal se montó en esta manifestación que tenía como objetivo promover “la paz y la legalidad”. “Fue imposible evitar que los grupos afines al gobernador participaran en la marcha porque también están en su derecho de manifestarse”, expresó el joven activista vinculado a los sectores tradicionales de esta capital. Entre los políticos aguirristas que participaron en la manifestación estuvieron los diputados locales, Jorge Salgado Parra, hijo del actual secretario de Administración y Finanzas, Jorge Salgado Leyva, quien se promueve para la alcaldía de Chilpancingo; así como Manuel Saidi Prats, actual aspirante a la presidencia municipal de Taxco de Alarcón. También estuvieron el director del organismo público estatal denominado Comité de Planeación y Desarrollo de Guerrero (Copladeg), Carlos Sánchez Barrios, además de dirigentes sindicales del sector burocrático y educativo, y dirigentes del sector transportes y comerciantes. Dimite funcionario Por su parte, el secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Rural estatal (Seder), Ranferi Hernández Acevedo, anunció su renuncia al gobierno de Aguirre para sumarse el movimiento de los normalistas. En conferencia realizada en un restaurante del centro, al término de la movilización a favor de Aguirre, Hérnandez Acevedo manifestó su apoyo al movimiento; y explicó que el motivo de su dimisión se debe a que decidió “mantener su perfil de luchador social”. Expresidente estatal del PRD y exdiputado local por este partido, originario de la región de La Montaña, Ranferi Hernández durante el interinato de Aguirre tuvo que refugiarse en Francia debido a que fue señalado por autoridades estatales y federales de pertenecer a la dirigencia del grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR). Normalistas critican movilización En tanto, en el puerto de Acapulco, los estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, hicieron notar que la movilización a favor de Aguirre en Chilpancingo fue similar a la manifestación organizada por el gobierno estatal en 1995 en apoyo al entonces gobernador Rubén Figueroa, quien tuvo que dimitir al cargo luego de la masacre  de Aguas Blancas. En conferencia de prensa, los normalistas reiteraron que el diálogo con el gobierno estatal se encuentra suspendido; y subrayaron que reanudarán pláticas con las autoridades locales hasta que el gobernador Aguirre solicite licencia al cargo. “No vamos a negociar con el asesino; no vamos a negociar", indicó el normalista Isaías López García. Anunciaron que las protestas que realizan  en diversos puntos de la entidad y en la capital del país no cesarán hasta que se lleve a cabo un juicio político contra el gobernador expriista postulado por la coalición de izquierda. También criticaron que el gobierno estatal utilice como bandera política la muerte del trabajador de la gasolinera, Gonzalo Rivas Cámaras, quien sufrió quemaduras graves al intentar sofocar el incendio provocado en una bomba despachadora. Asimismo, volvieron a deslindarse del siniestro. Los normalistas señalaron que a casi un mes del desalojo violento donde fueron asesinados a tiros dos de sus compañeros, las autoridades no han dado a conocer los culpables de estos asesinatos, entre ellos el del trabajador de la gasolinera. Por el contrario, indicaron, el gobernador Aguirre ha desplegado una campaña mediática para tratar de deslindar a su administración de estos hechos con el propósito de que los crímenes queden impunes. Mientras tanto, tras reunirse con estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, afirmó que el organismo aún no ha podido determinar qué elementos de la policía causaron la muerte de los dos normalistas en el desalojo de la carretera el pasado 12 de diciembre. Según Pablo Juárez, uno de los estudiantes normalistas que se reunió con el ombudsman nacional, no ha sido posible identificar a los responsables del doble homicidio porque la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal se ha negado a dar información a la CNDH. Sin embargo, Plascencia aseguró que es evidente que hubo coparticipación de las tres corporaciones policíacas –estatal, ministerial y federal—; y  que conforme avancen las investigaciones se detallará el grado de responsabilidad que tuvo cada una. Insistió en que en el lugar de los hechos, en el paradero del Marqués, se alteraron las evidencias pero confió en que los especialistas en criminalística de la CNDH puedan reconstruir los hechos. Añadió que la próxima semana se dará a conocer un informe preliminar sobre las investigaciones y definirá si cita a comparecer a otros funcionarios públicos, como ya lo hizo con el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. PRD descarta renuncia de Aguirre A su vez, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Armando Ríos Piter, rechazó que la solución al conflicto sea la renuncia del gobernador Aguirre Rivero. “Lo que se requiere en Guerrero es una investigación profunda y que se castigue a quien resulte responsable”, afirmó. Se requiere, agregó, de una investigación precisa, a fondo, “pero de ninguna manera la renuncia del gobernador. Eso no resolvería el tema”. Ríos Piter se pronunció por crear una comisión ciudadana en la que podrían participar dirigentes de organizaciones civiles como Javier Sicilia o Emilio Álvarez Icaza, entre otros, para coadyuvar en la tarea de conocer la verdad sobre este hecho. Aguirre designa funcionarios Por su parte, el gobernador Aguirre designó a Juan Manuel Herrera Campos como subprocurador de Justicia y encargado de la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJ), así como a Guillermo Jiménez Padilla como secretario de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC). Estos enroques se dan luego de la renuncia que presentaron el procurador de Justicia, Alberto López Rosas y el secretario de Seguridad Pública, Ramón Almento Borja, un día después del desalojo violento del lunes 12 de diciembre. Herrera Campos, fue procurador de Justicia en el estado de Campeche de 2003 a 2009, durante la administración del priista Jorge Carlos Hurtado. Recientemente se había desempeñado como fiscal especial de Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Jiménez Padilla fungió como delegado de la PGR en los estados de Morelos, Oaxaca y Guerrero; y como subprocurador de Asuntos Jurídicos y Política Criminal de la Procuraduría General del Distrito Federal.