MÉXICO, D.F. (apro).- El expresidente Ernesto Zedillo reclamó inmunidad legal a una Corte estadunidense, en respuesta a una demanda en la que es acusado de crímenes contra la humanidad por la matanza de 45 personas ocurrida en Acteal, Chiapas, en 1997. En una moción, Zedillo Ponce de León argumentó inmunidad por su posición de expresidente y negó tener responsabilidad por los hechos registrados en la comunidad indígena de Acteal. Zedillo, quien gobernó México de diciembre de 1994 a noviembre de 2000, interpuso el recurso a través de sus abogados, en el que solicita se deseche la acusación en su contra presentada en la Corte Federal en Hartford, Connecticut, el pasado 19 de septiembre. De acuerdo con la agencia AP, una decena de demandantes –cuya identidad es mantenida en reserva– interpusieron la demanda contra Zedillo y lo acusaron de crímenes contra la humanidad. Según la acusación, la masacre ocurrió a raíz de la supuesta aplicación por parte del gobierno mexicano del Plan de Campaña Chiapas 94, una presunta estrategia secreta para aplastar el movimiento insurgente zapatista que emergió públicamente el 1 de enero de 1994. En la queja, los actores sostienen que el gobierno de Zedillo puso fin a las conversaciones de paz con los zapatistas y emprendió un plan para armar y adiestrar a paramilitares locales, con el fin de que combatieran a los rebeldes. La demanda fue interpuesta por el despacho Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess, con sede en Miami, Florida, a nombre de seis hombres y cuatro mujeres sobrevivientes de los hechos y viudas e hijos de las víctimas. Roger Kobert, uno de los abogados que representa a los demandantes, dijo a Notimex que la argumentación de Zedillo es “inapropiada” al solicitar a la Corte que lo exima de toda responsabilidad. “No es apropiado solicitar inmunidad”, insistió el abogado al sostener que todas las evidencias presentadas en la demanda están respaldadas. Kobert también aclaró que “Zedillo no ha sido jefe del gobierno mexicano por muchos años y su inmunidad expiró un año después de que dejara el cargo”. Y acotó que continúan revisando las más de 190 páginas de documentos que presentaron hoy los abogados del exmandatario. En la moción, éstos respondieron que la demanda de los quejosos “no es más que un intento equivocado para poner en entredicho la reputación de alguien al que gobernantes internacionales y expertos reconocen ampliamente como el arquitecto de las reformas históricas que llevaron a México a un nuevo amanecer electoral, respeto de los derechos humanos y una economía en florecimiento”. En el documento, sostienen que “los detractores no deberían utilizar este tribunal como instrumento para realizar una venganza política. “La ley de inmunidad soberana está diseñada para proteger de la humillación a los gobernantes de nuestros (países) aliados y de los gastos que acarrea la defensa frente a ataques de este tipo”. El encubrimiento La denuncia fue radicada ante la Corte de Connecticut por ser la entidad de residencia de Zedillo, que se desempeña actualmente como profesor en la prestigiosa Universidad de Yale en New Haven. En la demanda se acusa al expresidente mexicano de conspirar junto con el entonces procurador general, Jorge Madrazo Cuéllar, para ocultar el papel desplegado por el Ejecutivo federal antes y después de la masacre. Según la acusación, como parte del encubrimiento, unas 128 personas de la zona cercana a Acteal fueron detenidas y arrestadas. En octubre de 2007, al menos 34 de los detenidos fueron declarados culpables de varios crímenes, incluyendo homicidios y asalto con agravantes, y algunos fueron sentenciados a penas de hasta 26 años de cárcel. Sin embargo, en agosto de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó 20 de las sentencias y ordenó liberar a 11 de los detenidos, por actos ilícitos de la fiscalía, incluyendo fabricación de pruebas y otras violaciones a las leyes. De acuerdo con la actual demanda, el encubrimiento de los hechos continuó por años después de que Zedillo dejó la Presidencia, en el 2000. La firma de abogados que representa a los demandantes sostiene que el fallo de la SCJN permitió a sobrevivientes y familiares de las víctimas conocer tales hechos, al hacerse pública la verdad sobre el encubrimiento. Debe destacarse que las leyes estadunidenses permiten a ciudadanos extranjeros buscar justicia en Estados Unidos en contra de exfuncionarios como Zedillo, porque éste reside y trabaja en la Unión Americana, aun cuando los hechos de los que se le acusan hayan ocurrido en otra nación. Las leyes de Protección a Víctimas de Tortura, así como la de Protección y de Reclamos por Agravios a Extranjeros, permiten a ciudadanos de otros países el derecho de ejercer acciones legales en las cortes de Estados Unidos.