MÉXICO, D.F. (apro).- La Policía Federal hizo los primeros disparos para dispersar a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que bloqueaban la carretera el 12 de diciembre del año pasado, sin embargo, todo apunta que los agentes estatales fueron los que dispararon las balas que mataron a los dos normalistas, según se desprende del informe preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que hoy se dio a conocer. El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, señaló en su informe que en el desalojo hubo uso indebido de armas de fuego y un excesivo uso de la fuerza pública en contra de los estudiantes de la normal rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero que derivó en la muerte de dos normalistas y cuatro lesionados. Además, destacó el ombudsman, debido a estos abusos 14 estudiantes fueron objeto de “tratos crueles”, y uno más, de tortura e imputación falsa de delitos. Con un equipo técnico multidisciplinario, integrado por 21 visitadores adjuntos –15 son abogados, dos médicos, dos psicólogos clínicos y dos peritos en criminalística— la CNDH pudo reconstruir parte de los acontecimientos a partir de entrevistas con algunas de las víctimas y consultas de los expedientes médicos. Personal de la CNDH realizó inspecciones a cuatro municipios de Guerrero –Chilpancingo, Acapulco, Atoyac y Tixtla— en donde visitó el lugar de los hechos, las delegaciones de las procuradurías federal y estatal, el Palacio de Gobierno, los hospitales donde se atendieron las víctimas, los domicilios de algunos estudiantes, la normal rural y diversos lugares donde se han realizado movilizaciones. En el informe preliminar, la CNDH destacó que uno de los principales obstáculos en su investigación fue la falta de respuesta oportuna de la Secretaría de Seguridad Pública federal a las solicitudes de información, pues, se quejó, remitió a la Comisión “información parcial y de manera tardía”. Pese a ello, sostuvo que se pudo establecer que los elementos de seguridad que participaron en los hechos “realizaron acciones y omisiones en perjuicio de las investigaciones, respecto a la alteración y descuido en la preservación de los indicios, los cuerpos de las personas fallecidas y los medios de prueba en general que se encontraban en el lugar de los hechos”. Asimismo, documentó el caso de Gerardo Torres Pérez, a quien el comandante regional, David Jesús Urquizo Molina, acusó de haber disparado contra los policías con un AK, modelo MSDAKS 762 calibre 772X 39mm. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio del estudiante, fueron los policías quienes le “sembraron” el arma, lo detuvieron, lo golpearon y lo llevaron a una casa abandonada, donde le hicieron disparar el arma en repetidas ocasiones y tocar los casquillos que previamente los policías habían recogido del lugar donde fallecieron los dos estudiantes normalistas. Tras realizarle las pruebas médicas y psicológicas la CNDH concluyó: “Del análisis interdisciplinario de las evidencias médicas y psicológicas, se concluye que en el caso particular de Gerardo Torres Pérez, presenta signos y síntomas positivos de tortura, que concuerdan con el relato de los hechos ocurridos el 12 y 13 de diciembre de 2011 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.” Denunció que ninguna de las autoridades que estuvieron presentes el 12 de diciembre en el tramo de la Autopista del Sol, a la altura del Paradero del Marqués, llevó a cabo maniobras inmediatas de preservación para evitar la pérdida de indicios relacionados con el asesinato de los estudiantes Jorge Alexis Herrena Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, de 19 y 20 años de edad, respectivamente. Sostuvo que en el caso de Herrera Pino, el trayecto del proyectil que lo privó de la vida fue de adelante hacia atrás, “ligeramente de arriba abajo, considerando la ubicación anatómica de la lesión”. En el caso de Echeverría de Jesús, el proyectil que lo mató “tomó una dirección de adelante hacia atrás y de izquierda a derecha, lo que hace suponer que existe una muy alta probabilidad de que dichos disparos hayan sido proferidos de poniente a oriente, lugar en que se encontraban diversos servidores públicos del estado de Guerrero”, donde se ubica la calle sin nomenclatura y la vialidad René Juárez Cisneros. La Policía Federal ha insistido en que antes de ellos, llegaron otras corporaciones locales, pero los videos de las cámaras de seguridad instaladas en la carretera demuestran que los federales fueron de los primeros en llegar. De los policías ministeriales que participaron en los hechos, refirió que el coordinador de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero –cuyo nombre no se menciona—quien se encontraba de descanso el día del desalojo, es el mismo que aparece en múltiples fotografías y videos apuntando al grupo de manifestantes, portando un arma larga tipo Colt, calibre .223, modelo AR-6530. Asimismo, la CNDH puso en evidencia la falta de preparación de los policías ministeriales para enfrentar manifestaciones. La Ley Orgánica de la PGJ establece como una de las obligaciones de los agentes de la Policía Ministerial usar vehículos, armamento y demás equipo a su cargo con el “debido cuidado” y prudencia en el cumplimiento de sus funciones; con apego al orden jurídico, respeto a los derechos humanos, y proporcional al hecho. “Situación que no se observó en el caso del mencionado coordinador de la Policía Ministerial”, acusó. El organismo defensor de los derechos humanos señaló en su informe previo que en los acontecimientos del 12 de diciembre pasado participaron 165 elementos: 61 eran policías federales; 73, ministeriales; 19, estatales, y 12 preventivos municipales, de los cuales por lo menos 67 portaban armas de fuego. Afirmó que todos los policías que participaron en el desalojo “emplearon de manera excesiva la fuerza pública y las armas de fuego (…) sin que existieran evidencias fehacientes de la utilización de protocolos o lineamientos de actuación antimotines”. Con su actuación, sostuvo Plascencía, los policías federales y estatales vulneraron el derecho a la seguridad jurídica, previsto en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución Mexicana; y transgredieron también el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley que establecen, en términos generales, que “sólo se podrá hacer uso de la fuerza y de armas de fuego cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el de empeño de sus tareas”. El organismo recabó los testimonios de otras tres personas que resultaron heridas en el desalojo --Edgar David Espíritu Olmedo, Juan Alberto Álvarez Adame y Rubén Eduviges Coctololo— cuando los policías comenzaron a disparar al aire, y destacó que pese a que uno de ellos (Espíritu Olmedo) les pidió ayuda tras ser herido, no lo hicieron. Los policías federales, estatales y ministeriales, señaló la CNDH en su informe, omitieron prestar auxilio a las víctimas, “situación que evidenció no solamente el desinterés en éstas, sino una falta de sensibilidad y trato digno hacia ellas”. En suma, refirió el organismo, “existen elementos que permitieron observar violaciones a los derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad personal; a la legalidad y al trato digno, en agravio de las víctimas, de las cuales cuatro son menores de edad, y una es mujer”. Si bien la CNDH sostuvo que no hubo justificación para el empleo de armas de fuego en el desalojo de los estudiantes, tampoco la hay en el caso de las conductas delictivas por parte de particulares o manifestantes por lo que en ambos casos, “deberán ser investigadas y sancionadas por las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, para que las afectaciones no queden en la impunidad, las víctimas accedan al sistema de justicia respectivo y se obtengan las reparaciones adecuadas en correspondencia a los daños afrontados”. Respecto a la muerte de Gonzalo Miguel Rivas Cámara, el empleado de la gasolinera que murió a causa de las quemaduras provocadas por la explosión de una de las bombas de gasolina, la CNDH señaló que corresponderá al agente del Ministerio Público federal investigar quiénes son los responsables de haber provocado el incendio. El organismo indicó que presentará las quejas y denuncias ante los Órganos Internos de Control respectivos y a la Procuraduría General de la República, por los hechos narrados en su informe preliminar, y “turnará las evidencias de que se allegue para lograr el acceso a la justicia de las víctimas”, subrayó.