CHILPANCINGO. Gro. (apro).- El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, afirmó que cumplirá en todos sus términos y sin reservas el informe preliminar que sobre Ayotzinapa entregó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), mientras que el exprocurador de Justicia del estado, Alberto López Rosas, descalificó el documento porque, a su juicio, “no profundiza en la verdad histórica” y sólo se basa en supuestos. Aguirre Rivero evadió hablar sobre el dictamen preliminar de la CNDH, donde señala que policías federales y estatales, así como los funcionarios responsables de la coordinación de las corporaciones “propiciaron un enfrentamiento” con normalistas de Ayotzinapa que puso en riesgo a la sociedad y provocó el asesinato de dos estudiantes y la muerte del trabajador de una gasolinera. Al término de un acto privado que se realizó esta tarde en la residencia oficial Casa Guerrero, al oriente de esta capital, el Ejecutivo se escabulló para evitar las preguntas de reporteros y, posteriormente, el gobierno estatal fijó una postura oficial a través de un comunicado. En éste, el gobierno guerrerense anunció que separará de su cargo a los servidores públicos que “hubiesen incurrido en acciones u omisiones sancionadas por la ley”. Además, señaló que el gobierno estatal no tolerará a ningún funcionario público que tenga algún tipo de responsabilidad en la violación de garantías individuales; y agregó que pondrán a disposición de las autoridades correspondientes “a quienes por sus conductas” violaron los derechos humanos de los estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa. En el comunicado emitido luego de la presentación del informe preliminar de la CNDH, el gobierno hizo un llamado a los normalistas para retomar el diálogo y tratar de “encontrar a través del acuerdo y el consenso” soluciones a los planteamientos de los estudiantes. Ello, con el propósito de “contribuir al clima de distensión y paz que reclaman los habitantes del estado”, expresó el gobierno estatal. Por el contrario, el exprocurador Alberto López Rosas, descalificó el informe al señalar que no hay un análisis serio porque se basa en “supuestos”, a pesar de que ha transcurrido casi un mes después de los hechos y ya deberían tenerse resultados contundentes. Señaló que el informe tendrá que ser rectificado; y adelantó que, como parte interesada, presentará pruebas, si es requerido por la autoridad investigadora. Confió en que en la etapa probatoria logrará modificar el informe y probar que la Policía Ministerial a su cargo no disparó y no mató a los dos estudiantes normalistas. "Es un informe que no profundiza en la verdad histórica, es un informe sesgado y basado en supuestos cuando, a cerca de un mes, pudieron tener elementos contundentes. Y yo, categóricamente, señalo que los disparos que privaron de la vida a los jóvenes no fueron de poniente a oriente, como lo señalan, sino de norte a sur, de manera de frente y directa, y hoy entramos a una etapa probatoria donde habremos de lograr la modificación de ese informe", sentenció. López Rosas confió en que será llamado por la autoridad investigadora: “Una vez que sea requerido habremos de aportar lo que tengamos, si es el caso. La justicia no se basa en supuestos, sino en pruebas contundentes, y es lo que nosotros tenemos para aportar en su momento. "Vamos a salir bastante limpios de esta etapa y se tendrán que enfocar las investigaciones hacia otra instancia de gobierno", apuntó. No dijo qué tipo de pruebas aportará pero insistió en que se esclarecerá la verdad de que “hubo gente infiltrada que vino a perjudicar esa movilización y que hoy pretende dañar la imagen del gobierno”. Por su parte, los normalistas calificaron la postura de la CNDH como un avance significativo, pero insistieron en que hace falta determinar quiénes fueron los responsables de asesinar a sus compañeros Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Advirtieron que no cejarán en su demanda de juicio político contra el gobernador Aguirre, castigo para los responsables de ordenar el envío de policías armados a desalojar una protesta y sanción para los policías que dispararon contra los manifestantes. En conferencia de prensa en la capital guerrerense, Pablo Juárez, miembro de la comisión política de la dirigencia estudiantil, dijo que el gobierno de Aguirre propició los hechos violentos debido a que las autoridades locales se negaron a resolver sus demandas planteadas en un pliego petitorio desde septiembre. Los normalistas informaron que este viernes 13, visitadores de la CNDH acudirán a la sede de la normal de Ayotzinapa, en la cabecera municipal de Tixtla, para entrevistar a los nueve estudiantes que fueron detenidos y sometidos a tortura en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en la entidad (PGJ). Para los estudiantes, el testimonio de sus compañeros será clave para esclarecer el caso que está siendo investigado por autoridades ministeriales del fuero común y federal, sin que hasta el momento ambas autoridades hayan emitido algún informe que lleve al esclarecimiento de los hechos. En tanto, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, salió una vez más en defensa de Aguirre Rivero. Insistió que éste no ordenó que policías estatales dispararan a quemarropa a los estudiantes. “De todos los informes, lo que me consta es que Ángel Aguirre de ninguna manera dio orden alguna para que se reprimiera como se hizo a la protesta social”, dijo en referencia al informe de la CNDH. Zambrano consideró que no se puede encubrir pero tampoco fabricar culpables en este asunto, por lo que exigió una investigación transparente y castigo contra los responsables. (Con información de Ezequiel Flores Contreras y Rosalía Vergara).