MÉXICO, D.F. (apro).- Sin haber conseguido su objetivo al cabo de cuatro años de existencia, la Comisión de Mediación (Comed), encargada de terciar entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno de Felipe Calderón para la localización de los guerrilleros Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos en 2007 en Oaxaca, anunció su disolución ante la llegada del nuevo gobierno. Dicha instancia de la sociedad civil, que se conformó el 25 de abril de 2008 por una propuesta del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), explicó las razones de su desaparición. Destacó que no encontró voluntad política del gobierno federal para localizar a los dos integrantes del EPR, sino todo lo contrario: se topó con la decisión de proteger al Ejército y permitir la destrucción de pruebas por parte del gobierno de Oaxaca, a cargo, en ese entonces, de Ulises Ruiz. La Comed estaba integrada por Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Saravia, José Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gonzalo Ituarte, Gilberto López y Rivas, Pablo Romo Cedano, y los fallecidos Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor y  Samuel Ruiz García. Mediante una carta pública, dicha instancia destacó que, como parte de su labor de mediación en demanda de la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como de llevar a juicio a los responsables materiales e intelectuales de su desaparición forzada, propuso, y el EPR aceptó, una tregua en sus acciones armadas, misma que fue valorada como un gesto muy significativo. Sin embargo, denunció que por parte del gobierno federal no hubo una medida proporcional y equivalente, por el contrario, sostuvo que a lo largo de estos cuatro años se reforzaron el carácter contrainsurgente de las fuerzas armadas, particularmente cuando se trata de organizaciones político-militares. En su misiva, la extinta comisión señaló que en este tiempo el Estado negó de manera sistemática la existencia, en los hechos, del delito de desaparición forzada de personas, aunque era clara la participación de agentes de corporaciones policíacas y de las fuerzas armadas. Asimismo, resaltó que pese a abrirse una línea de investigación sobre la desaparición forzada de los dos integrantes del EPR, los resultados de la misma fueron notoriamente insuficientes y pobres, además de que hubo muchos obstáculos y se eliminaron pruebas. Entre estas últimas, destacó que el 25 de abril de 2008 soldados de la Décima Zona Militar tomaron las instalaciones de la Procuraduría de Oaxaca y sustrajeron ilegalmente los “libros de gobierno” en los cuales podría haber constado el ingreso de los dos desaparecidos a esas mismas instalaciones. También que los comandantes de la Policía Ministerial Estatal señalados como directamente involucrados en la detención-desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel fueron ejecutados. Precisó que el 26 de abril de 2008 nueve elementos de la Procuraduría de Oaxaca, entre ellos el subdirector operativo de la Policía Ministerial, presuntamente vinculado al caso, fueron detenidos, y dos de ellos, arraigados por la PGR debido a que fueron mencionados por un “testigo protegido” como autores de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, sin embargo, sin explicación alguna fueron liberados. En tanto, agregó la comisión, la Secretaría de Gobernación, con instrucciones de proteger al Ejército, desde un inicio ha impedido la interlocución directa de la Comed con la Sedena, no obstante que muchos indicios señalan a los militares como perpetradores corresponsables en este caso. Con base en esos datos, señaló que se logró determinar como única hipótesis plausible que Edmundo y Gabriel fueron detenidos por elementos de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, quienes los golpearon brutalmente en una casa de seguridad de las usadas en esos tiempos por los agentes de dicha dependencia. Después de la golpiza, los trasladaron en una ambulancia a las instalaciones de la Procuraduría de Oaxaca “Los Pinos”, y posteriormente, según algunos testimonios, fueron entregados al Ejército, mientras que otros apuntan al propio gobierno de Ulises Ruiz. En conclusión, la comisión afirmó que el responsable de la desaparición forzada es el Estado mexicano, que hasta la fecha no ha enjuiciado ni declarado formalmente preso a un solo individuo por este delito. Al anunciar su desaparición la Comed sostuvo que ante la nueva etapa política del país, las partes han de rehacer los términos y mecanismos dialogantes de este proceso: “Lo hacemos de manera consciente y responsable, y llamamos al Estado mexicano a superar la falta de voluntad política para encontrar con vida a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del EPR detenidos-desaparecidos en la ciudad de Oaxaca entre el 24 y 25 de mayo del 2007, y en su caso a reconocer y proceder contra la desaparición forzada de persona que México no debe consentir”. Al Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario la comisión lo llama a consolidar su sensibilidad política y social para avanzar por las vías del diálogo en la consecución de la justicia.