Migrantes centroamericanos: del sueño americano al infierno mexicano
MÉXICO, D.F., (apro.com.mx).- “Liberando la esperanza”, decía la pancarta que anunció la llegada a la Feria del Libro del Zócalo de la caravana de poco más de 40 madres provenientes de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, con un objetivo común: buscar a sus hijos e hijas migrantes desaparecidos (algunos desde hace más de 10 años) al llegar a territorio mexicano.
Desde 2010 a la fecha, los organizadores han registrado 250 denuncias de desapariciones en territorio mexicano, tan sólo de guatemaltecos, y 80% de los casos coincide con hechos delictivos. De la masacre de más de 70 personas en San Fernando, Tamaulipas, se han repatriado 23 cuerpos de jóvenes centroamericanos.
La búsqueda del “sueño americano” se convirtió en el “infierno mexicano” para los migrantes, caracterizado por la violencia, la trata de personas y la extorsión del crimen organizado. A doña Carmen Cuaresma, de Nicaragua, le llamó su hijo a Costa Rica para decirle que le enviara 2 mil dólares. No tuvo el dinero. Prefirió venir ella misma para encontrar a su hijo.
“En México no existe el gobierno que pare a tanto asesino”, sentencia.
Clementina Murcia, madre de un joven desaparecido desde hace 11 años y otro que también desapareció en las redes de la trata de migrantes, afirmó que a ella la extorsionaron cuatro veces.
“En mi tierra se negocia con cerdos, con aves, pero no con personas, ¿cómo es esto posible?”, arenga doña Clementina, ante un auditorio electrizado por la crudeza de los testimonios que van acompañando a la caravana organizada por el Movimiento Migrante Mesoamericano.
Mercedes Moreno, madre salvadoreña radicada en Los Angeles, no tiene ninguna duda: el problema común es luchar contra la corrupción de los agentes del Instituto Nacional de Migración mexicano, de los cuerpos policiacos “de aquí y de allá”, así como de las autoridades estadunidenses que han emprendido una guerra contra el éxodo de la pobreza que se ha dado desde Centroamérica.
En el foro principal de la Feria Internacional del Zócalo también irrumpen decenas de madres mexicanas que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos. La mayoría son del Estado de México. Durante la administración de Enrique Peña Nieto desaparecieron más de 700 personas. Y no hay información ni atención.
En el evento, que consistió en una entrevista realizada por la periodista Blanche Petrich, de La Jornada, y por un servidor, también participó el sacerdote Alejandro Solalinde, quien se ha enfrentado no sólo a La Bestia, sino a las redes de intimidación de los cárteles del crimen organizado que lo amenazaron en Oaxaca.
“No necesitamos que tengan una nacionalidad. El dolor es el mismo. Ya no estamos dispuestos a callarnos. Este es el reto del próximo gobierno”, advirtió Solalinde. El sacerdote también dijo que en Veracruz, Estado de México y en Celaya, Guanajuato, “han comenzado a desaparecer las personas”.
Hay héroes cívicos en esta caravana, como Rubén Figueroa, quien se ha convertido en una especie de investigador ciudadano para localizar a los desaparecidos. En Tabasco, gracias a los testimonios de las madres, encontraron a Sevelio. Otro caso fue el de Francisco Cordero, localizado en Veracruz.
“En Veracruz, los periodistas perseguidos por el gobierno también han apoyado para encontrar a las mujeres desaparecidas. Buscamos hasta debajo de las piedras”, relató Rubén.
Propuestas de la Caravana
En específico, la caravana de las madres centroamericanas ha planteado en este periplo una serie de medidas, entre ellas la creación de mecanismos nacionales y regionales para la búsqueda inmediata de todas las personas desaparecidas, de tal forma que ya no tengan que hacerlo de manera individual.
Asimismo, la coordinación efectiva entre los órganos de investigación para garantizar una efectiva pesquisa, de acuerdo con los criterios establecidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la creación de una fiscalía especializada para atender delitos perpetrados contra personas migrantes.
También, la creación de un banco de datos forenses, nacionales y regionales de personas desaparecidas, y la creación de una comisión internacional de expertos forenses independientes para el caso de los 72 migrantes asesinados y hallados en una fosa común en San Fernando, Tamaulipas.