IFE aún no puede decidir la destrucción de boletas de 2006: PRD
MÉXICO, D.F. (apro).- El representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Camerino Márquez Madrid, desmintió que los consejeros tengan facultades para destruir las boletas de los comicios de 2006.
No pueden decidirlo aún, alertó, hasta que no se agoten las instancias legales sobre el conteo de votos que solicitó la revista Proceso.
En el marco de la discusión para avalar los lineamientos que permiten destruir el total de boletas electorales de los comicios federales de 2006 y 2012, Márquez Madrid argumentó que aún no puede decidirse eso porque incluso PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC) acordaron impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) este acuerdo.
Poco después del encuentro sostenido entre el presidente Felipe Calderón y el mandatario electo Enrique Peña Nieto, el consejero electoral José Antonio Baños anunció que el Consejo General del IFE acordó destruir las boletas del 2006 y 2012.
También sostuvo que “es falso que en las boletas electorales de ambos procesos estén las evidencias de sendos fraudes”.
No obstante, el representante perredista ante el IFE reviró que “es una falacia que exista acceso público a las boletas electorales en tres momentos: escrutinio y cómputo de la casilla, en el consejo distrital y, en su caso, en la apertura jurisdiccional”.
En ese sentido, consideró absurdo que se pretenda realizar este proceso incluso antes de que exista un cambio del poder presidencial y violando el principio de acceso a la información pública gubernamental.
Por el contrario, argumentó, la opacidad en el acceso a la información es lo que ha generado un gasto extraordinario a la nación porque desde el 2006, por la sospecha del fraude electoral y la negativa de la autoridad a revisar boleta por boleta, no se ha podido destruir ese material.
Márquez Madrid consideró que el Consejo General del IFE debería considerar la entrega del material a alguna institución académica o al Archivo General de la Nación (AGN) para que los estudiosos o ciudadanos que lo deseen puedan consultar los polémicos materiales.