Alertan por aumento en casos de tortura; desoye gobierno observaciones de la ONU

martes, 30 de octubre de 2012
MÉXICO, D.F. (apro).- Representantes de organizaciones de derechos humanos de México se entrevistaron con integrantes del Comité contra la Tortura (CAT), organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en vísperas del examen periódico de México sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles o Degradantes. La directora para México y Centroamérica de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Andrea Meraz Sepúlveda, informó en el encuentro con ocho de los 10 miembros que integran el CAT,  que “hubo un interés marcado sobre la forma en que está operando el arraigo, del trato de autoridades federales a inmigrantes centroamericanos, de la aplicación del fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos (…) y por temas como las agresiones a defensores y periodistas”. La defensora destacó que en la reunión las organizaciones dieron cuenta que en sus informes que enviaron previamente, documentaron la existencia de un modus operandi de la tortura en México, “que es cometida por todas las fuerzas de seguridad del país, incluidas las corporaciones policiales y las fuerzas armadas”. Isidoro Vicario Aguilar, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan (CDHM-T), resaltó que de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), facultada para aplicar el Protocolo de Estambul para determinar huellas de tortura en víctima, desde 2003, sólo aplicó 300 exámenes, de los cuales 128 fueron plenamente documentados como casos de tortura. “El problema está en que de esos 128 casos no existe ni un funcionario público detenido o procesado y mucho menos condenado por haber torturado a personas, que estarían siendo acusadas por diversos delitos, entre ellos de crimen organizado”, dijo el defensor. Daniel Joloy, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), informó que la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública, “es el principal factor de elevación de los niveles de violaciones a derechos humanos, no sólo de la tortura”. Desde el último informe del CAT, en 2007, “el papel del Ejército ha elevado el número de violaciones hasta en 500%, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y se han registrado casos de desaparición forzada, violaciones sexuales, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales, además de que muchos de los casos de tortura se han cometido en cuarteles militares, hecho que va contra no sólo de los tratados internacionales sino contra la Constitución mexicana”, agregó. Andrea Meraz dijo que las organizaciones que acudieron al encuentro de los expertos encabezados por Claudio Grossman, pusieron énfasis en 11 temas prioritarios encaminados a la disminución de la tortura en México. “El retiro de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública, que los abusos sean investigados por el fuero civil y la urgencia de reformar el artículo 57del Código de Justicia Militar, son temas centrales y que han sido abordados por distintas agencias de la ONU”, dijo la defensora que tiene su cede en Ginebra. Recordó que desde 2007 el Subcomité contra la Tortura, dependiente de la ONU, hizo una serie de recomendaciones a México tras su visita de trabajo, “pero hasta ahora no hay un real cumplimiento, por lo que las organizaciones pidieron a los expertos que recuerden esta exigencia a los representantes del Estado mexicano”. En esta que será la última audiencia en la ONU a la que asistan miembros del equipo de Felipe Calderón, Meraz explicó que hay casos específicos en los que las organizaciones han alertado que deben de ser tomados en cuenta, como la tipificación de la tortura en Guerrero, única entidad en la que no está tipificado el delito. También que se exija al estado de Chihuahua la liberación inmediata y declaratoria de inocencia de Israel Arzate, involucrado en la matanza de Salvárcar, tras haber sido torturado por miembros del Ejército en Ciudad Juárez. Este caso es defendido por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez. Asimismo, pidieron a los integrantes del comité a exigir al Estado mexicano a recomendar reformas legales para documentar y castigar la tortura, adecuadamente, rechazar pruebas obtenidas a través de mecanismos ilegales, y que se creen mecanismos para la investigación de casos de secuestro, tortura y desaparición forzada de inmigrantes.

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