Cancillería: México "no avala ni tolera" operativos como "Rápido y Furioso"

martes, 30 de octubre de 2012 · 14:23
MÉXICO, D.F. (apro).- Luego de la petición que hizo la Cámara de Diputados al presidente Felipe Calderón para que hiciera pública toda la información que tuviera en su poder sobre Rápido y Furioso, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que el gobierno de México no avaló ni toleró el operativo estadunidense. Según la Cancillería, la administración de Calderón no tuvo conocimiento previo de la referida operación, que derivó en la introducción ilegal de aproximadamente 2 mil armas de grueso calibre a territorio nacional. “La Secretaría de Relaciones Exteriores ha mantenido una política de apertura y transparencia en torno a este caso, dejando claramente establecido que el gobierno de México no tuvo conocimiento previo del operativo Rápido y Furioso”, se lee en el oficio dirigido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Añade: “La Cancillería ha reiterado que el gobierno de México no avala ni tolera ningún tipo de operación que, por su diseño o conducción, hubiera podido resultar en el trasiego de armas hacia nuestro país”. Luego de reafirmar su voluntad de diálogo y transparencia sobre el tema en cuestión, la SRE puntualizó que desde que los medios de comunicación dieron cuenta de la existencia del operativo, “se ha informado a la opinión pública y se ha exigido a las autoridades estadunidenses una investigación a fondo”. Además, recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional ha rechazado las versiones periodísticas sobre la existencia de un documento (difundido por Univisión) que vincula los hechos de Villas de Salvárcar con el operativo Rápido y Furioso”, al señalar dicho escrito como falso. Por su parte, añadió, la Procuraduría General de la República (PGR) “ha emitido pronunciamientos diversos sobre el seguimiento que ha dado tanto a las investigaciones que se conducen en la jurisdicción estadunidense, como sobre las que la propia dependencia ha emprendido en territorio nacional”. El 30 de septiembre anterior, luego de casi tres años de la ejecución en Ciudad Juárez, Chihuahua, la cadena televisiva Univisión reveló que tres de los cientos de armas que llegaron a México desde Estados Unidos y que posteriormente fueron usadas por el crimen organizado, forman parte del armamento que los sicarios utilizaron para ejecutar a 15 jóvenes en Villas de Salvárcar. Tras ello, el pasado jueves 4 la Cámara de Diputados exhortó al gobierno calderonista a hacer pública toda la información que tuviera en su poder sobre ese tema. En seguimiento a lo publicado por Univisión, la reportera de MVS Noticias, Dolia Estévez, informó que Carlos Luque fungía como representante de la PGR en la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), encargada del operativo Rápido y Furioso, por lo que existen dudas sobre si esa dependencia tenía conocimiento del caso. En la Cámara de Diputados, la legisladora del PRD, Aleida Alavez Ruiz, recordó que los funcionarios de la ATF “reconocieron que no podrían rastrear (las armas) y que las que estaban perdidas continuarán pareciendo en escenas de crímenes a ambos lados de la frontera”. Estas armas ya han cobrado vida, denunció, “y hasta la fecha no se ha realizado una investigación profunda por parte de las autoridades para deslindar responsabilidades y sancionar a los servidores públicos mexicanos que permitieron, toleraron o consintieron que llegaran a manos de grupos criminales”. En Estados Unidos, añadió, hasta se pidió comparecer ante el Congreso al procurador Erik Holder, y aquí la PGR aún no determina si existe comisión de delito alguno. En tanto, la diputada el PRI, Lourdes Eulalia Quiñones Canales, denunció que la SRE “ha permanecido omisa al trasiego de armas, a pesar de que se ha reconocido que aquellas han sido identificadas en diversos actos de violencia perpetrados por el crimen organizado, tanto en México como en Centroamerica”. Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, calificó el operativo Rápido y Furioso como ilegítimo, inconstitucional y contrario a los principios del derecho internacional y a los derechos humanos. “Operativos como éste han servido para que 14 agencias de información e inteligencia de Estados Unidos estén en territorio nacional”, puntualizó. El petista Manuel Huerta Ladrón de Guevara demandó que el gobierno de Felipe Calderón promueva una medida para resarcir los daños y afectaciones que hayan sufrido las víctimas. Además, pidió hacer una investigación y establecer las responsabilidades que correspondan contra los titulares de PGR, Defensa Nacional, Seguridad Pública, Gobernación y Relaciones Exteriores.