Inadmisible, pretender dar por resuelto el crimen de Regina: Artículo 19
En un comunicado, la organización internacional, dedicada a la defensa de la libertad de expresión e información, considera inadmisible la pretensión de dar por esclarecido el crimen de Regina “sin un proceso de desahogo de pruebas y una sentencia condenatoria que garantice justicia y efectiva reparación del daño”.
Asimismo, exige a las autoridades de procuración de justicia de Veracruz “apegarse al principio de debido proceso en su actuación, y respetar los derechos y la dignidad de la víctima, sus familiares y a quien se ha presentado como presunto responsable”.
En el texto, publicado en su página de Internet y en las redes sociales, Artículo 19 recuerda que a partir del homicidio de la corresponsal de Proceso, el gobierno de Duarte “no sólo consintió y favoreció con su silencio la especulación”, sino que ahora, en las conclusiones que presenta con el presunto móvil de robo, “ensucia a la víctima al sugerir que Regina Martínez convivía y permitió entrar a sus asesinos”.
El documento, en el que se menciona la presentación que ayer hizo la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz de Jorge Antonio Hernández, El Silva, como supuesto autor confeso del asesinato de la periodista, hace énfasis en el largo silencio oficial que se dio durante los seis meses posteriores al crimen.
La desconfianza en los resultados presentados por la dependencia veracruzana, añade, también es motivada por las filtraciones que de manera interesada se dieron a algunos medios sobre un tinte pasional en el homicidio, así como las referentes a que el asesino formaba parte del gremio periodístico local y que incluso había asistido al sepelio de Regina.
“Recientemente el gobierno estatal ya había dado carpetazo a otros tres casos, basado sólo en una supuesta confesión de personas que no habían sido sometidas a proceso”, menciona.
El esclarecimiento del crimen, subraya el comunicado, no termina con la presentación de los posibles autores, pues el Estado debe cumplir con su obligación de investigar y sancionar. Y tratándose de una comunicadora, apunta, esta obligación “es también para con el medio y la sociedad”.
Finalmente, la organización destaca que hoy en día Veracruz es la entidad del país más peligrosa para ejercer libremente la actividad periodística, la de mayor opacidad en la asignación de la publicidad gubernamental y la que registra el mayor número de amenazas e intimidaciones hacia los periodistas, varios de los cuales han optado por el autoexilio.
