MÉXICO, D.F. (apro).- Tras el escándalo que generó el reportaje de Univisión sobre el operativo Rápido y Furioso, donde se dio a conocer que algunas de las armas introducidas ilegalmente a territorio mexicano fueron utilizadas en la masacre de jóvenes en Villas de Salvárcar, la Cámara de Diputados exhortó al gobierno de Felipe Calderón a hacer pública toda la información que tenga en su poder en torno de ese tema. Luego de casi tres años de la ejecución en Ciudad Juárez, Chihuahua, la cadena televisiva reveló que tres de los cientos de armas que llegaron a México desde Estados Unidos y que posteriormente fueron usadas por el crimen organizado, forman parte del armamento que los sicarios utilizaron para ejecutar a los 15 jóvenes. Aunque el reportaje se publicó el pasado 30 de septiembre, la constante difusión en medios de comunicación mexicanos generó que el Poder Legislativo exigiera información al respecto. En seguimiento a lo publicado por Univisión, la reportera de MVS Noticias, Dolia Esteves, informó que Carlos Luque fungía como representante de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), encargada del operativo Rápido y Furioso, por lo que existen dudas sobre si esa dependencia tenía conocimiento del caso. En la Cámara de Diputados, la legisladora del PRD, Aleida Alavez Ruiz, recordó que los funcionarios de la ATF “reconocieron que no podrían rastrear (las armas) y que las que estaban perdidas continuarán pareciendo en escenas de crímenes a ambos lados de la frontera”. Estas armas ya han cobrado vida, denunció, “y hasta la fecha no se ha realizado una investigación profunda por parte de las autoridades para deslindar responsabilidades y sancionar a los servidores públicos mexicanos que permitieron, toleraron o consintieron que llegaran a manos de grupos criminales”. En Estados Unidos, añadió, hasta se pidió comparecer ante el Congreso al procurador Erik Holder, y aquí la PGR aún no determina si existe comisión de delito alguno. En tanto, la diputada el PRI, Lourdes Eulalia Quiñones Canales, denunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) “ha permanecido omisa al trasiego de armas, a pesar de que se ha reconocido que aquellas han sido identificadas en diversos actos de violencia perpetrados por el crimen organizado, tanto en México como en Centroamerica”. Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, calificó el operativo Rápido y Furioso como ilegítimo, inconstitucional y contrario a los principios del derecho internacional y a los derechos humanos. “Operativos como éste han servido para que 14 agencias de información e inteligencia de Estados Unidos estén en territorio nacional”, puntualizó. El petista Manuel Huerta Ladrón de Guevara demandó que el gobierno de Felipe Calderón promueva una medida para resarcir los daños y afectaciones que hayan sufrido las víctimas. Además, pidió hacer una investigación y establecer las responsabilidades que correspondan contra los titulares de PGR, Defensa Nacional, Seguridad Pública, Gobernación y Relaciones Exteriores. En defensa del gobierno calderonista, la diputada panista Adriana González Carrillo aseguró que en ambos países las investigaciones avanzan con transparencia y de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional. Añadió: “Apoyamos a nuestro gobierno para sancionar a los responsables y, si es necesario, pedir la extradición de los mismos para que sean juzgados en territorio nacional”.