MEXICO, D.F. (apro).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) destacó hoy que todas sus compras de carbón para las carboeléctricas Carbón II y José López Portillo las realiza exclusivamente con tres proveedores. La CFE detalló, en un comunicado, que los proveedores son Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi), Coahuila Industrial Minera SA y Prominer, por lo que rechazó que tenga relación comercial o contractual con algún otro productor de carbón en esa entidad. En tanto, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, advirtió hoy mismo que continúan las investigaciones a empresas mineras en Coahuila para verificar la legalidad del carbón que compran, así como para esclarecer el móvil en el homicidio de José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del exgobernador Humberto Moreira. Incluso, el 25 de octubre anterior, el exmandatario priista acusó a empresarios de la zona carbonífera de Coahuila de ayudar a integrantes del crimen organizado comprándoles carbón y que con el dinero de estas transacciones adquieren armas, y "con una de esas armas mataron a mi hijo". Este jueves, destacó Notimex, la CFE sostuvo que también cuenta con la central carboeléctrica Lázaro Cárdenas (Petacalco) en Guerrero, que por su ubicación geográfica y diseño opera con carbón importado de alto poder calorífico, baja humedad, ceniza y azufre. El mineral se importa de Australia, Estados Unidos, Canadá, Colombia y Sudáfrica, gracias a licitaciones públicas internacionales, bajo el esquema de ofertas subsecuentes de descuento (OSD). La CFE detalló que para la operación de Carbón II y Río Escondido adquiere de Prodemi unas 3.3 millones de toneladas por año, proveniente de la Cuenca de Sabinas, Coahuila. La paraestatal también compra a Coahuila Industrial Minera unos 6.7 millones de toneladas de carbón de diseño por año; en tanto que de Prominer adquiere 0.5 millones de toneladas por año de carbón importado de Colorado, en Estados Unidos. Con el fin de utilizar carbón de producción local en Carbón II y Río Escondido, recordó la CFE, los gobiernos federal y estatal, así como los pequeños y medianos mineros, constituyeron en noviembre de 1994 el Fondo de Garantía para la Pequeña y Mediana Empresa. Después, abundó, el gobierno de Coahuila creó en 2003 la Prodemi, que es un organismo público descentralizado del gobierno estatal que adquiere el carbón a los productores de la entidad y lo vende a la CFE. Desde esa fecha, la CFE celebra contratos con Prodemi para la adquisición de hasta 3.3 millones de toneladas de carbón por año y la responsabilidad contractual de la paraestatal se limita al recibo del mineral en términos de cantidad, calidad y pago correspondiente. Para 2011, la CFE firmó con Prodemi un nuevo contrato de suministro de la región carbonífera de Coahuila, que consiste en el servicio de suministro puesto en planta y que prevé requisitos sobre el control de origen de carbón a suministrar. Por lo anterior, la CFE expresó que la adquisición de carbón proveniente de Coahuila se realiza sólo con los proveedores mencionados, cumpliendo con los términos contractuales establecidos y de acuerdo con la normatividad vigente. Por su parte, Alejandro Poiré puntualizó que las investigaciones contra las mineras iniciaron a raíz de denuncias anónimas, pero también por otros hechos relacionados con la investigación de fuerzas federales y de la propia Procuraduría General de Justicia de Coahuila (PGJE). De junio a la fecha, recordó el titular de la Segob en un acto en Puebla, “tenemos un equipo interinstitucional de diversas dependencias del gobierno federal que investiga a diversas empresas mineras en el estado de Coahuila”. Los avances de las investigaciones, aclaró, están en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) y desde ahí se trabaja para esclarecer si grupos del crimen organizado están presuntamente involucrados en la industria minera de esa entidad. En paralelo, agregó, la Secretaría de Economía (SE) ha hecho verificaciones a las carboneras, mientras que la del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha cerrado muchos tiros verticales de carbón para garantizar mayor seguridad en la zona y combatir a la delincuencia relacionada con estas acciones. Sin embargo, Poiré evitó precisar qué empresas o a qué personas se investiga por este asunto, debido a que "las averiguaciones las tiene la Procuraduría General de la República, y por supuesto éstas se tienen que dar con el sigilo correspondiente". En torno a si se ha detectado a empresas que estén comprando carbón a organizaciones criminales, el funcionario federal comentó que en todo momento se tienen que hacer las investigaciones correspondientes y verificar la legalidad del mineral que se está adquiriendo. Y una vez que haya resultados, ofreció, se podrán fincar responsabilidades.