MÉXICO, D.F. (apro).- La Asociación y el Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, (AIMMGM) y (CIMMGM), respectivamente, se pronunciaron en contra del decreto presidencial que declara como área natural protegida la zona conocida como Wirikuta (140 mil 211 hectáreas), en el estado de San Luis Potosí. Lo anterior, acusaron ambas organizaciones en un desplegado publicado en distintos diarios, debido a que detendrá toda actividad de desarrollo en la región. Los ingenieros denunciaron que el área donde se pretende establecer la Reserva de la Biósfera de Wirikuta es una zona de vocación minera que, “por siglos”, ha tenido explotación de recursos minerales. “Real Catorce  y comunidades aledañas nacieron de la minería”, argumentaron ambas organizaciones. Recuerdan que desde 1991, cuando se paró la actividad minera, las comunidades de la región se convirtieron en pueblos olvidados y carentes de fuentes de empleo. “Muchas veces con sólo empleo temporal, mal pagado y sin prestaciones de ley, y otras más sin tener lo indispensable para el sustento de las familias”. De acuerdo con el decreto, se pretende declarar como área natural protegida con carácter de Reserva de la Biósfera una superficie de 191 mil 504 hectáreas, que se unirían a las 140 mil 211 hectáreas de la zona conocida como Wirikuta en los municipios de Catorce, Cedral, Charcas, Matehula, Vanegas, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz, todos en el estado de San Luis Potosí. Según las organizaciones de ingenieros, el decreto prevé un aumento del territorio, con el que se alcanzan “sitios en los que actualmente existe explotación minera y/o proyectos mineros en potencia que anteriormente no estaban incluidos en la Reserva Wirikuta”. También consideraron que este decreto anularía la posibilidad de  la creación de “necesarios y urgentes” empleos en una zona totalmente marginada, y además propiciaría la expulsión de hombres y mujeres a la migración. “Por siglos, los wixáricas, considerados peregrinos y a pesar de no ser nativos de la región, siempre han sido bien recibidos y han coexistido con mineros y turistas. Sin embargo, ahora son el pretexto para cerrar el derecho al trabajo, a la vivienda y a la alimentación de los pobladores de la región”, se advierte en el desplegado. En ese marco, los presidentes de la AIMMGM, José Martínez Gómez, y del CIMMGM, Alfonso Martínez Vera, conminan a la autoridad a que “actúe con responsabilidad” y utilice los instrumentos de planeación para regular la región. Esa planeación está establecida en el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Territorio y la Reserva Minera publicada el 16 de agosto de 2012, que incorpora a la zona de reserva minera una superficie de 71 mil 148.66 hectáreas y no 191 mil 504 hectáreas, como se define en el decreto presidencial. Sin embargo, este lunes la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) emitió el dictamen preliminar del anteproyecto de decreto por el que se declara como Área Natural Protegida, con el carácter de Reserva de la Biosfera, la zona conocida como Wirikuta, mismo que fue remitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La dependencia federal sostiene que la regulación pretende conservar las formaciones vegetales más importantes en el área, los ecosistemas, el hábitat del área, la diversidad de especies, la variedad genética, germoplasma y los procesos ecológicos asociados a ellos. También, destacó la Semarnat, busca proteger los valores del patrimonio cultural, social, económico, e histórico de Wirikuta, al procurar la protección de los paisajes y la belleza escénica para mantener el valor recreativo del área bajo condiciones de impacto mínimo para mejorar la calidad de la experiencia de sus visitantes. Asimismo, sostiene que el anteproyecto pretende generar oportunidades de educación ambiental para los usuarios del área; propiciar y promover la investigación científica para la conservación, uso y protección de especies silvestres y mantener el equilibrio y la continuidad de los procesos ecológicos. Según la Semarnat, se realizó un proceso de consulta pública en el que se recibieron diversos comentarios de particulares y, una vez que los analice, enviará el dictamen preliminar para que la Cofemer emita el dictamen final.