MÉXICO, D.F. (apro).- Aunque ha utilizado las deudas de estados y municipios con fines políticos, cuando un particular solicitó que abriera toda la información relativa a ese asunto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) intentó poner una serie de trabas para complicar la transparencia del tema. Sin embargo, una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a la dependencia a entregar la relación del Registro de obligaciones y empréstitos de entidades y municipios, en que se acreditan las fechas en que éstos contrajeron las deudas, las obligaciones asumidas, la duración de los contratos e intereses, entre otros aspectos. Luego de la solicitud de un particular para tener acceso a esa información, la SHCP respondió con unos vínculos electrónicos en los que aseguró que estaban disponibles esos datos. A juicio del solicitante, éstos no coincidían con su pedimento. La inconformidad fue turnada a la comisionada María Elena Pérez Jaén Zermeño y, al momento de aceptarse la revisión del asunto, Hacienda se apresuró a declarar que la información no estaba digitalizada, pero ofreció la consulta in situ en sus instalaciones. No obstante, la dependencia que encabeza José Antonio Meade incurrió en contradicción: expuso que la información es confidencial y está protegida por el secreto bancario, conforme a la Ley de Instituciones de Crédito. Pérez Jaén citó a la SHCP a comparecer ante el IFAI, donde se entregaron mil 20 expedientes del Registro de obligaciones pero, debido a su volumen, se determinó realizar una revisión aleatoria, en la que resultaron seleccionados los municipios de Pachuca, Hidalgo; Tepic, Nayarit; Ébano, San Luis Potosí, y Guadalajara, Jalisco, además de los estados de Aguascalientes, Michoacán y Tabasco. En los expedientes se ubicó en la carátula una Cédula de inscripción, que en su contenido mostraba información suficiente para resolver la solicitud de información. Entonces, la Secretaría de Hacienda presentó un alcance en sus alegatos, argumentando que los poderes federales no tienen competencia en el endeudamiento de las entidades federativas, de manera que los fondos obtenidos por créditos en estados y municipios provienen de instituciones financieras y, en consecuencia, no son recursos públicos. La ponencia de Pérez Jaén fue al fondo del asunto y concluyó que la información financiera de estados y municipios es publicada periódicamente por la SHCP. Además que las entidades de la Administración Pública Federal están impedidas para reservar información sobre operaciones bancarias y que en el mencionado Registro de obligaciones se inscriben aquellos registros con cargo (o respaldados) por las participaciones federales. Más aún, determinó que el secreto bancario no se actualiza, debido a que son estados y municipios los que proporcionan la información a la SHCP. Debido a lo anterior, Pérez Jaén propuso –y el pleno del IFAI aprobó– una resolución mediante la cual se revocó la reserva impuesta por el comité de información de la SHCP, y asimismo instruyó poner a disposición del solicitante los mil 20 expedientes. Rebote a Cordero El persistente uso político de información financiera en el gobierno de Calderón contrasta con los criterios que en esta ocasión esgrimió la SHCP para buscar reservar la información sobre deudas de estados y municipios. Ahora adujo argumentos como la protección del secreto bancario, el que carecía de atribuciones sobre la deuda de otros órdenes de gobierno y, finalmente, que por ser préstamos otorgados por instituciones bancarias éstos no se consideraban recursos públicos. No obstante, el tema de la deuda de estados y municipios ha ocupado diferentes discursos del presidente Felipe Calderón, en los que se ha quejado de la presunta mala administración en otros órdenes de gobierno. Inclusive, en el escándalo de la megadeuda de Coahuila incurrió en todo lo que la SHCP intentó establecer como criterio de reserva, pues su extitular, Ernesto Cordero, en junio de 2011 reveló información sobre la deuda de 33 mil millones de pesos, en un acto partidista. A unos días de que se celebraran los comicios para elegir gobernador en Coahuila –en los que Rubén Moreira competía por el PRI y cuyo hermano, Humberto, acaba de dejar la administración estatal—, Cordero, siendo aún titular de Hacienda, reveló la información sobre la deuda contraída por el estado de Coahuila, en un acto de campaña de Guillermo Anaya Llamas –candidato del PAN y compadre de Calderón Hinojosa. Además, fue el propio Cordero Arroyo quien alertó sobre la ilegalidad del endeudamiento, debido al uso de documentos falsos, lo que detonó el escándalo que precipitó la renuncia de Humberto Moreira a la dirigencia nacional del PRI.