MÉXICO, D.F. (apro).- A unos días de que Enrique Peña Nieto asuma la Presidencia, dirigentes de organizaciones civiles recomendaron incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) los lineamientos establecidos por Naciones Unidas (ONU) para la protección de la infancia. Durante la presentación del informe La infancia cuenta en México 2012, el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), Juan Martín Pérez, resaltó que “cualquier medida de política pública que no considere a los casi 40 millones de menores de 18 años que tiene el país, tendría un efecto negativo para todo la nación y no sólo para ese sector”. Al hacer referencia a las cifras más significativas del documento, subtitulado “Desafíos actuales para la garantía de los derechos de la infancia, análisis del marco legal mexicano”, Pérez consideró como grave que uno de cada cinco mexicanos nacidos vivos carezca de acta de nacimiento. En el sexenio que concluye, abundó, “de los casi 40 millones de menores de 18 años, unos 20 millones viven en pobreza extrema y 3 millones trabajan, ello sin contar con la cifra negra de jóvenes que son explotados sexualmente y las víctimas de trata de personas, situación que revela fallas estructurales”. Para el especialista, entre los datos más graves recabados de instituciones oficiales destaca el crecimiento que a partir de 2006 registró, a escala nacional, los decesos por homicidio de jóvenes entre 15 y 17 años. De acuerdo con el reporte, unos 410 adolescentes entre 15 y 17 años fueron víctimas de homicidio (6.5 por cada mil muertes) en 2006; un año después la cifra bajó a 341 (5.3) para volver a subir en 2008, cuando se ubicó en 507 asesinatos de jóvenes (7.8). Sin embargo, en 2009 continuó su ascenso con 681 crímenes (10.3) y, en 2010, registró 964 casos y una tasa de 14.4 por cada mil muertes en ese rango de edad. En estados como Chihuahua, las muertes por homicidio pasaron de 27 en 2006 a 253 en 2010, es decir, que en este último año cerca de 26.24% de los asesinatos a menores de entre 15 y 17 años ocurrieron en ese estado del norte, uno de los más lastimados por la guerra contra el narcotráfico. “¿Qué está pasando en un país que permite que sus jóvenes sean asesinados?”, cuestionó el director de Redmi para luego advertir que no son los únicos datos preocupantes. Juan Martín Pérez agregó que entre otros datos que alarman destaca el incremento de madres de entre 15 y 17 años. “En 2010 detectamos que 5.6% de las adolescentes de ese grupo de edad se convirtieron en madres, es decir, una de cada 20 jovencitas”. Sin embargo, “en estados como Chiapa y Guerrero la proporción es de una de cada 12; lo más preocupante es que nueve de cada diez de estas niñas-madres no asisten a la escuela, y esto habla de la grave discriminación que hay sobre ese sector”. El activista consideró como de suma preocupación que el Estado no ofrezca opciones a los adolescentes en edad de cursar el bachillerato, pues cerca de 32.7% de la población de 15 a 17 años no estudia, porcentaje que se eleva entre las mujeres de esa edad, donde ocho de cada diez no acuden a la escuela. En cuanto a la seguridad social, apuntó que uno de cada cinco menores de edad no está inscrito en alguno de los sistemas de salud, incluido el Seguro Popular, “por lo que están en pleno desamparo”. Mientras, Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), subrayó la “oportunidad de la próxima administración para generar cambios que den respuesta a las principales necesidades de los menores de 18, que también son víctimas de discriminación, toda vez que no son considerados como sujetos de derechos”. Reveló que en la última Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 (Enadis), cerca de 95.5% de los mexicanos “considera que los golpes a los niños son utilizados con fines educativos y de corrección y, de ese porcentaje, 25% justifica los golpes y sostiene que éstos son necesarios”. El funcionario federal consideró alarmante que la violencia contra menores “con fines educativos” sea aceptada socialmente, y “ni siquiera forma parte de los registros de violencia intrafamiliar o hacia las mujeres”. Ello tiene su explicación, consideró, en que la mayor parte de los mexicanos, cerca de 80%, cree que sí se respetan los derechos de los niños en México. “De esa cifra, 65.5% considera que los niños tienen los derechos que la ley les otorga; 27.6% cree que son sus padres los que les otorgan derechos, pero hay un preocupante 3.6% de mexicanos que cree que los niños no tienen derechos simplemente por ser menores de edad”, describió. A la presentación del informe también asistió el representante en México de la Unicef, Javier Álvarez, quien resaltó que en México “hay problemas que se vienen arrastrando desde hace 20 años, como la desnutrición o las muertes por enfermedades curables, temas que esperamos que en el próximo sexenio sean atendidos, toda vez que sabemos cuáles son los problemas y cómo atenderlos”. En octubre pasado, reveló, se reunió con integrantes el equipo de transición de Peña Nieto. “Le expusimos un decálogo, un piso mínimo de derechos que deben procurarse para niños y niñas con el fin de que poco a poco se vayan atendiendo los lineamientos de la Convención de los Derechos de los Niños”. La lista presentada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) incluye temas de nutrición, acceso a agua potable y alimentos saludables en las escuelas, otorgar actas de nacimiento, garantizar atención a los niños con discapacidad y acceso a la educación media superior. Además de proteger a los niños contra la violencia, abrir espacios de participación a los adolescentes, proporcionar información y servicios de salud sexual y reproductiva, impulsar la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y presentar una iniciativa de Ley General sobre Derechos de la Infancia y Adolescencia.