Exigen a EPN acatar recomendaciones de ONU sobre tortura y arraigo

miércoles, 28 de noviembre de 2012
MÉXICO, D.F. (apro).- Defensores de derechos humanos instaron al próximo gobierno a acatar las recomendaciones de Naciones Unidas (ONU) formuladas a México el pasado viernes 23, sobre la necesidad impostergable de acabar con la tortura y eliminar figuras de tipo penal, como el arraigo. El documento, elaborado por expertos independientes del Comité contra la Tortura (CAT), aborda alertas en el contexto del combate al crimen organizado. Entre ellas, advierte sobre el incremento de la práctica de la tortura, considerado delito de lesa humanidad, así como la persistencia de las desapariciones forzadas, y agresiones a defensores y periodistas. Por tal razón, emplazan al gobierno mexicano a abolir el arraigo, recomendación que este órgano de la ONU formuló en su revisión periódica en 2007. En rueda de prensa, representantes de organizaciones que acudieron a la revisión del CAT en Ginebra, a fines de octubre pasado, subrayaron que la administración que termina, la del panista Felipe Calderón, se caracterizó por la ausencia “de voluntad en reconocer y combatir la práctica sistemática de la tortura”,  situación que se corroboró en las respuestas que México envió al comité de expertos. Stephanie Brewer, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), señaló que ante “la situación de emergencia” en que se encuentra el país por las sistemáticas violaciones a las garantías individuales, los defensores hacen un llamado a Enrique Peña Nieto para atender las observaciones de los organismos internacionales. “No hemos visto hasta ahora un esfuerzo real por cumplir las recomendaciones y, en ese sentido, estamos haciendo un llamado al Estado, a la administración entrante como a los gobiernos de las entidades federativas, porque ya que nos encontramos en una situación de emergencia, es hora de tomar en serio estas recomendaciones, y estamos con toda la disposición como organizaciones no gubernamentales para ayudar en este sentido”, dijo la defensora. Sobre la pretensión de Peña Nieto de reformar el organigrama de la Administración Pública Federal para eliminar a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y concentrar sus funciones en Gobernación, así como de crear la figura de la Gendarmería Nacional, Brewer recordó que en la práctica “los cambios de estructuras gubernamentales no han significado un cambio verdadero en la práctica de violaciones humanos”. Luego de recordar que en anteriores administraciones ha habido modificaciones en el organigrama gubernamental, sostuvo que “el problema es el incumplimiento de las leyes que tenemos, la impunidad,  la corrupción y que los agentes del Estado no están haciendo su trabajo”. Santiago Corcuera, exrelator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, apuntó que las organizaciones sociales y los académicos “estaremos pendientes de la actuación del próximo Presidente, en espera de que situaciones cometidas durante su gobierno en el Estado de México, como la represión en Atenco y los feminicidios, no se repitan, como tampoco que caiga en la tentación autoritaria”. Edith Escareño, del Comité Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), advirtió que las organizaciones estarán pendientes del rumbo que tome el gobierno de Peña Nieto, y alertó para algunos activistas, “el hecho de que no haya enviado algún representante del equipo de transición a la revisión del CAT, nos deja qué pensar sobre el interés que tendría Peña Nieto por el tema de derechos humanos, además de que nos deja inquietos el nombramiento del general colombiano  Óscar Naranjo como asesor en materia de seguridad nacional, así como la intención de crear la Gendarmería Nacional”. Por su parte, Daniel Joloy, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), resaltó la obligación que  tendrá el próximo gobierno y el Estado en general para dar respuesta a por lo menos cuatro temas que el CAT incluyó en sus conclusiones para que sean atendidos el próximo año y, no dentro de cuatro, cuando se realizará la próxima revisión periódica. “Los puntos recomendatorios corresponden a consideraciones de los expertos de que son temas de urgente resolución, que el Estado debe atender de manera rápida, y que se refieren al fortalecimiento de salvaguardas penales parra las personas privadas de libertad, la creación o fortalecimiento del registro de personas detenidas, algo en que ha fallado el Estado, así como la investigación y sanción de todos los casos de tortura, y las garantías de protección a los defensores y periodistas”, dijo. Joloy recordó que durante el gobierno de Calderón la impunidad en materia de tortura sentó sus reales, tanto así que de acuerdo con la información proporcionada por los representantes del Estado al CAT, “se habla de seis sentencias por tortura, mismo número que se presentó en la revisión pasada de 2007, lo que significa que, de entonces a la fecha, ningún funcionario público ha sido sancionado por cometer  tortura, a pesar de que organizaciones no gubernamentales y la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, con todo y sus deficiencias, han documentado un incremento de hasta 500% en denuncias por tortura durante la administración de Calderón”. Entre los pendientes que tendrá que atender el próximo gobierno, subrayó Isidoro Vicario, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, será homologación con los estándares internacionales de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, “que hasta ahora no se apega a la Convención firmada por México”, y la tipificación del delito conforme a esos estándares en las 32 entidades del país. Después de apuntar que en sus conclusiones los expertos se refirieron a la impunidad en que se encuentra la represión de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como a la ausencia de tipificación de la tortura en el Código Penal de Guerrero, Isidoro Vicario recordó el pendiente que subsiste por el incumplimiento de las cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre la reforma al Código de Justicia Militar. Saúl Sánchez, de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), anunció que en próximos días las 73 socios de esta coalición presentarán una “agenda de pendientes en materia de  derechos humanos, y un informe de agresiones a defensores, que estamos convencidos tendrá que asumir el nuevo gobierno que este sábado toma posesión”. Por último, los defensores coincidieron en el doble discurso en materia de derechos humanos de México, que a escala mundial presume una imagen de promotor de protocolos y tratados, pero que incumple con las recomendaciones de los órganos internacionales.  

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