Narco instala retenes en la Tarahumara e impide paso de estudiantes

miércoles, 28 de noviembre de 2012
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Estudiantes de comunidades serranas de los municipios de Batopilas, Morelos y Guachochi se encuentran sin clases desde hace una semana por culpa del crimen organizado, denunció el diputado local del Partido Nueva Alianza (Panal), Samuel Díaz Palma. Según el legislador, los narcotraficantes se han dado a la tarea instalar retenes en Guachochi, con el propósito de cobrar cuotas a los estudiantes. Quien se niega a pagar, dijo, es amenazado de muerte. El pasado sábado 24 el legislador se entrevistó con un grupo de 16 profesores, quienes denunciaron la situación ante las autoridades locales, pero no fueron atendidos porque argumentaron que se trata de un asunto de competencia federal. “Nada más se echan la pelotita unos a otros, como siempre”, recriminó Díaz Palma. La situación de violencia en la Sierra Tarahumara está sin control desde hace rato. Los habitantes se han acostumbrado a convivir con el crimen organizado, pero hay momentos que dicha relación representa mayor riesgo para la población. Sobre todo, cuando se atreven a denunciar. Los maestros han denunciado una y otra vez que son amenazados de manera constante, pero las autoridades nunca han tomado medidas ni les han garantizado su seguridad. “Todos sabemos quiénes son, son de la misma región, pero si las autoridades no hacen nada, nada podemos hacer. Matan y matan y nadie hace nada. Hace unos días, secuestraron a las esposas de dos comisariados ejidales de comunidades de Guachochi; pagaron el rescate y nadie hizo nada”, informó. El diputado indicó que la inseguridad es constante y más desde hace dos años. Los niños deben caminar dos o tres horas para ir a la escuela, los caminos siempre son riesgosos y eso dificulta la asistencia de los alumnos. A ello, denunció, se agrega la situación de enfermedades que las autoridades aseguran que ya están erradicadas y no se mencionan ni se registran, como la tuberculosis, incluso hay varios casos de desnutrición; los apoyos no llegan a las comunidades más alejadas, porque por comodidad, los dejan en las de más fácil acceso, agregó. El 4 de mayo de 2011, el diputado Díaz Palma informó que se desató el pánico colectivo en el magisterio de la zona serrana, por el asesinato de dos profesores a manos del crimen organizado, en el municipio de Guachochi. Mario García Fontes y Olga Ramírez Palma fueron “levantados” en su domicilio por hombres encapuchados, y los encontraron muertos al siguiente día. Esa situación provocó que los profesores de esa zona solicitaran su cambio de plaza a la capital del estado. Mencionó que los docentes incluso querían desertar de municipios como Guadalupe y Calvo, Morelos, Batopilas, Moris y Uruachi, donde son acosados por grupos delictivos. Casi un mes después, el 13 de junio, la profesora Susana Muriel Acosta, exlíder sindical de la Sección 8 del SNTE y excandidata al Senado por el Panal, denunció que los maestros de la zona serrana eran víctimas de robos, amenazas, asaltos y extorsión. Los delincuentes saben cuándo los maestros reciben recursos como salario, aguinaldo u otras prestaciones, para robarles y quitarles, a algunos, sus vehículos. Señaló al municipio de Guachohi como el que tiene mayor índice de atracos. Explicó que los robos en la sierra no son denunciados ante la autoridad porque los criminales regresan para matar a quien lo hace, por lo que los profesores dan aviso de robos de escuelas al sindicato y éste, a su vez, evalúa la procedencia de la denuncia para no exponer a maestros y alumnos de las comunidades.

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