Ordena Corte liberación de presos de conciencia de Puebla

miércoles, 28 de noviembre de 2012
PUEBLA, Pue. (apro).- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó el amparo a los indígenas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, a quienes Amnistía Internacional había declarado “presos de conciencia” por considerar que fueron encarcelados injustamente por defender el derecho de su comunidad al agua. Por cuatro votos contra uno, los ministros determinaron que ambos representantes nahuas, presos desde enero de 2010 en el penal de Huauchinango, deben ser liberados inmediatamente. Desde hace más de un año, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría” SJ tomaron la defensa legal de José Ramón Aniceto y Pascual Agustín por considerar que en su encarcelamiento se cometieron una serie de injusticias. El 29 de marzo de este año, Amnistía Internacional declaró a ambos representantes indígenas “presos de conciencia”, al encontrar que fueron incriminados injustamente en un delito, en represalia por haberse enfrentado a un grupo caciquil para defender el derecho de agua de la comunidad indígena de Atla, en el municipio de Pahuatlán, en la sierra norte de Puebla. Por la defensa emprendida por los organismos defensores de los derechos humanos, el pasado 2 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación accedió atraer el caso para revisar las acusaciones por las cuales se había condenado a ambos indígenas a 6 años y 10 meses de prisión. Las tres organizaciones habían recabado alrededor de 30,000 firmas de parte de activistas de más de 100 países que reclamaban la liberación de los dos indígenas. El lunes pasado, la Procuraduría de Justicia de Puebla dejó libre de cargos al excomandante de la Policía de Pahuatlán, Carmelo Castillo Martínez, quien también fue acusado junto con Ramón Aniceto y a Pascual Agustín por el supuesto robo de un vehículo. Al congratularse de la determinación de la Suprema Corte, la organización Amnistía Internacional llamó al gobierno mexicano a tomar medidas para evitar que este tipo de injusticias sigan perpetuándose en el país. “Un país en donde un caso fabricado de manera tan absurda tiene que llegar hasta la Suprema Corte para aspirar a un veredicto con justicia, es un país donde la justicia es poco más que un sueño. Es momento de que las autoridades mexicanas tomen las medidas necesarias para evitar que esto continúe perpetuándose”, reclamó Alberto Herrera, director ejecutivo de AI México. “Estos tres años de injusticia son el reflejo de un débil sistema judicial, que lejos de garantizar seguridad y justicia se presta a perseguir a personas únicamente por el hecho de luchar por sus derechos. Lo más preocupante es que los fallos que caracterizaron este caso, lejos de ser desafortunadas excepciones parecen más bien ser problemas estructurales característicos del sistema de justicia en México”, declaró. Las agrupaciones que participaron en la defensa de ambos representantes indígenas pudieron evidenciar que el proceso judicial fue llevado en español y que en ningún momento tuvieron acceso a un abogado que hablara su lengua o un intérprete. De igual forma, denunciaron que no se tomaron en cuenta testimonios de descargo, que se desestimaron contradicciones de los testigos de cargo y que no se consideraron las motivaciones de odio que originó la denuncia, entre otras irregularidades. Defensores del agua Los representantes nahuas se enfrentaron al grupo caciquil de la comunidad de Atla, encabezado por Guillermo Hernández Cruz, quien supuestamente se apropió de la obra de captación de agua en el manantial de Apipilhuasco, pese a que funcionaba con fondos federales y estatales. Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín denunciaron que esta persona, incluso, hacía pagar el agua con abuso físico, trabajo comunitario “voluntario” y con cuotas de hasta 5 mil pesos por cada toma de agua para las casas en la comunidad. Cuando fueron nombrados autoridades de su comunidad, en el 2008, ambos lograron que el agua entubada llegara de manera gratuita hasta las casas de Atla. Uno de los miembros de la familia caciquil intentó atropellar a las dos autoridades indígenas, por lo cual fueron ayudados por el policía Carmelo Castillo Martínez, quien decidió asegurar el vehículo, aunque posteriormente fue devuelto a su propietario. A partir de esto, el grupo caciquil les fabricó a los tres el delito de robo de vehículo, aunque se demostró que la unidad estaba en poder de la supuesta víctima. Las agrupaciones que tomaron la defensa de este caso señalaron que la injusta prisión de José Ramón y Pascual representa a todas aquellas personas que son criminalizadas por su trabajo de defensa y protección de los derechos humanos, pero también a quienes son vulnerables por ser indígenas y sufrir una condición económica precaria.

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