MÉXICO, D.F. (apro).- Con 107 votos a favor y cinco en contra, el Senado de la República aprobó la segunda iniciativa preferente que envió el Ejecutivo federal para crear la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que permitirá transparentar y armonizar la información financiera relativa a la distribución de los recursos públicos. La nueva ley crea reglas para combatir también la corrupción e instaura un sistema de operación del presupuesto a los niveles federal, estatal y municipal. El Senado incorporó a dicha iniciativa cambios en siete artículos que permitirán que los municipios con menos de 25 mil habitantes, así como los gobernados por usos y costumbres, puedan acceder a recursos federales dirigidos a capacitación y desarrollo técnico. Se crea así el Consejo Nacional de Armonización Contable que emitirá normas y formatos para dar cumplimiento al título Quinto de la Ley, a más tardar el último día hábil de febrero de 2013. Al argumentar a favor de la nueva ley, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el panista Raúl Gracia Guzmán, argumentó que los cambios que se le hicieron evitarán “espacios de opacidad” y que “estados y municipios abusen en el despilfarro de recursos, deuda o presupuesto público”. Por su parte, la senadora priista Blanca Alcalá Ruiz expuso que la reforma intenta que la sociedad cuente con mayor información para involucrarse con sus gobiernos y tener capacidad de demandar más y mejores resultados. Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el senador Mario Delgado consideró que los cambios generan “información consolidada en apoyo a la planeación nacional y regional”. El exsecretario de Finanzas capitalino argumentó que su partido apoyó la iniciativa porque busca dotar a la Auditoría Superior de la Federación de facultades para iniciar procedimientos ante jueces penales por delitos cometidos contra las finanzas públicas. A su vez, el senador del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett, consideró que el dictamen “tiene aspectos positivos”, pero anunció su voto en contra porque el trámite fue “inconstitucional”, ya que el Congreso primero tenía que legislar para regular el procedimiento de las iniciativas preferentes. El exsecretario de Gobernación consideró que el mecanismo de iniciativa preferente viola la Constitución al no haberse atendido lo que ordena el artículo segundo transitorio de la reforma política, que establece los plazos para reglamentar esta figura legislativa.