Recomiendan cancelar presas e indemnizar a desplazados

jueves, 8 de noviembre de 2012
GUADALAJARA, Jal. (apro).- El jurado internacional e interdisciplinario del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Capítulo México, recomendó a las autoridades estatales cancelar la construcción de la presa El Zapotillo. Según el organismo, la obra provocará inundaciones en la comunidad de Temacapulín, en perjuicio de sus habitantes que se verían obligados a buscar otro sitio para vivir. En el caso del proyecto hidroeléctrico La Yesca, localizado en el estado de Nayarit, el organismo demandó a la Comisión Federal de Electricidad que indemnice a las poblaciones que fueron afectadas por la destrucción de ciruelos e invasión de tierras. Asimismo, solicitó al gobierno federal la cancelación de la presa Las Cruces, también en Nayarit, por su alto costo social, económico, cultural y ambiental. El TPP emitió el fallo anterior después de escuchar el testimonio de los afectados por la construcción de 12 presas en siete estados de la República mexicana, durante la preaudiencia denominada “Presas, derechos de los pueblos e impunidad”, celebrada en Temacapulín, Jalisco, los pasados 5 y 6 de noviembre. Los jueces documentaron violaciones al derecho a la información, vivienda y alimentación, así como hostigamiento, amenazas, daños a la salud y expropiaciones de tierra infundadas en prácticamente todos los casos: El Zapotillo y Arcediano en Jalisco; La Yesca, El Cajón y Las Cruces, en Nayarit; Pilares Bicentenario, en Sonora; Paso de la Reina y Cerro de Oro, en Oaxaca; Zongolica y El Naranjal, en Veracruz; Picachos, en Sinaloa, y La Parota, en Guerrero. Uno de los integrantes del jurado internacional, Miloon Kothari, Relator Especial para la Vivienda Digna, resaltó que en 2003 solicitó al gobierno mexicano que instrumentara una política nacional para encontrar una solución a los desplazamientos forzados, y casi 10 años después –dijo– el país sigue a la zaga en esa materia. Kothari aseguró que a pesar de la reciente promulgación de la reforma constitucional en derechos humanos, estos no se respetan, por lo que, añadió, cabría preguntarse si en México se vive una auténtica democracia. La víspera, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) informó ante el TPP que más de 185 mil mexicanos han sido desplazados por la construcción de presas promovidas por el gobierno federal. Mónica Olvera, geógrafa y activista del Mapder, dijo al jurado internacional que la cifra de desplazados “podría ser mayor, dado que los números fueron obtenidos en muchos casos con base en el conteo de familias, no de personas”. La investigadora refirió que la construcción de presas en México es parte de un ambicioso proyecto, en el que lo menos importante para gobierno y empresarios es la decisión de los pueblos afectados. Durante los dos días de comparecencias en Temacapulín, integrantes de organizaciones en resistencia y afectados que participaron en la preaudiencia presentaron al TPP quejas y testimonios, lo mismo que argumentos técnicos, jurídicos y peritajes psicosociales, entre otros elementos. Entre las organizaciones participantes destacan el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, que se opone a la presa Paso de la Reina, así como el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota. También estuvieron pobladores de los municipios de Ruiz y Rosamorada, Nayarit, que rechazan la hidroeléctrica Las Cruces, y el Comité Defensa Verde Naturaleza para Siempre, contrario a la presa El Naranjal, en Veracruz. María Guadalupe Lara, del Comité Pro Defensa de Arcediano, narró su resistencia a la construcción de una presa en la barranca del río Santiago, en el último poblado rural del municipio de Guadalajara. Por el pueblo anfitrión de la preaudiencia, miembros del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, presentaron pruebas, mientras afectados por la presa El Cajón, en Nayarit, así como desplazados en Cerro de Oro, Oaxaca, dieron a conocer testimonios de su resistencia. Además, en un foro se divulgaron “los excesos y la demagogia oficial” para cumplir compromisos en los casos de La Yesca, Jalisco, y Zongolica, Veracruz. El TPP Capítulo México se enfoca en “Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos”, tomando en cuenta la experiencia del Capítulo Colombia (2005- 2008). En nuestro país, las actividades iniciaron con el lanzamiento del TPP Capítulo México en octubre de 2011, en la UNAM, y concluirán en 2014 con una audiencia y veredicto finales. En la audiencia final se retomarán los fallos de todas las preaudiencias que se realicen durante los tres años que dure el juicio al Estado mexicano, en torno de siete ejes: guerra sucia y derechos humanos, feminicidios, migrantes, derechos de los trabajadores, maíz y vida campesina, devastación ambiental y medios de comunicación.

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