"Regresivo", el subsidio a gasolinas: Videgaray

lunes, 10 de diciembre de 2012
MÉXICO, D.F. (apro).- Día de campo, la comparecencia de Luis Videgaray Caso en la Cámara de Diputados, donde se estrenó como secretario de Hacienda. Acudió al llamado de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, para explicar los alcances del paquete económico para 2013. Pero la prisa para aprobar los ingresos y los gastos del próximo año, hizo que los legisladores acordaran un formato de comparecencia sin réplicas ni contrarréplicas. Sólo dos rondas de preguntas, con una intervención del secretario al término de cada una. Fue una comparecencia rápida, de poco más de tres horas –muy breve, para lo que se acostumbra en estos casos–, e indicativa de la prisa que hay por sacar el paquete económico antes del 31 de diciembre, límite legal para aprobar ingresos y gastos del próximo año. Y vaya que si hay prisa. Apenas el viernes 7, el presidente de la República envió el programa económico a la Cámara de Diputados. Ocho días antes del plazo legal. Sólo medió el fin de semana y este lunes Videgaray compareció ante comisiones. La Comisión de Hacienda dictaminará en un solo día la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación, el martes 11, y el jueves 13 la llevará al pleno para que sea discutida y aprobada, para que de inmediato sea remitida al Senado. Y mientras tanto, hoy mismo la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se declaró en sesión permanente para hacer lo propio: dictaminar lo más pronto posible el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013. Efecto de las prisas fue una evidente falta de lectura y análisis, en profundidad, de los documentos por parte de los diputados. No hubo preguntas incómodas ni complicadas para el secretario Videgaray, que se lució respondiendo a todo. Le criticaron, por ejemplo, que el nuevo gobierno siga exactamente la misma política económica que durante 12 años ejercieron las administraciones del PAN, al que los electores mandaron al tercer lugar en las recientes elecciones presidenciales. Videgaray respondió que no sólo en los dos últimos gobiernos, sino desde el último gobierno priista –el de Ernesto Zedillo, al que no mencionó– se hicieron grandes avances en consolidar la estabilidad económica. Y el nuevo gobierno, dijo, “seguirá trabajando para mantener la estabilidad macroeconómica, a través del respeto a la autonomía del Banco de México y una política fiscal responsable, que no genere una fuente de riesgo o desequilibrio a la economía mexicana.” “Hay en el paquete económico la convicción de que el manejo responsable de las finanzas públicas es un pilar de la estabilidad.” Aclaró, empero, que “la estabilidad no representa un fin en sí mismo. La estabilidad es un elemento para crear el objetivo que sí nos debe importar a todos y (en el que) creo que coincidimos: que las familias mexicanas vean reflejado en su bolsillo un mejor nivel de vida, que su sueldo les alcance para más, que las cosas dejen de subir.” También acusaron al nuevo gobierno de copiar, prácticamente plagiar, programas sociales de la izquierda. Videgaray ni se inmutó. Por el contrario, respondió elegantemente: “No tenemos ningún afán protagónico ni queremos apropiarnos de banderas. Lo que funciona, funciona y, si es un objetivo compartido, no tenemos ningún empacho en reconocer que algunas de las cosas que están aquí son programas que vienen de la izquierda, otros que vienen de Acción Nacional y muchos que provienen de propuestas del Partido Revolucionario Institucional o del Partido Verde Ecologista o de Nueva Alianza. “Creo que tenemos que superar la etapa en la que el presupuesto se hace a partir de un afán protagónico o disputar la autoría. Creo que lo importante es que las cosas se hagan a favor de México.” Varios diputados criticaron que el programa económico para 2013 sea “inercial”, que no contenga novedades en materia tributaria y que sólo se siga el rumbo trazado por el gobierno anterior. Videgaray adelantó que el próximo año se hará una gran discusión nacional, sobre todo en materia de impuestos, pues el gobierno propondrá una reforma hacendaria “de gran calado”. Entonces, dijo, “si vamos a construir una reforma fiscal el año que entra, éste no es el momento para empezar a hacer otra vez parches y misceláneas; hagámoslo de manera integral y hagámoslo todos juntos. Por tanto, estamos proponiendo que esto sea así.” Parte de la reforma fiscal que se propondrá el próximo año –posiblemente en el periodo legislativo que inicia en febrero--, es la reducción de los regímenes fiscales que privilegian a las grandes empresas y, también una revisión y/o probable desaparición del Impuesto Empresarial a Tasa Única, el polémico IETU que mereció miles de amparos al entrar en vigor, en 2010. “El IETU fue un elemento que se introdujo hace algunos años. Creo que la experiencia ha tenido cosas buenas y cosas malas, pero yo no me imagino una reforma hacendaria que no revise de manera profunda esta duplicidad que tenemos en dos impuestos, que si bien uno es un impuesto de control sobre el principal que es el ISR, sí implica una duplicidad de estructuras y un costo administrativo complejo, particularmente para las empresas medianas y pequeñas. Esto creo que debe ser parte de la reforma hacendaria integral.” Otro de los puntos que contendrá la reforma hacendaria es el del impuesto predial –dijo Videgaray–, pues “somos un país que recauda muy poquito en materia de impuesto predial, aproximadamente –según datos de la OCDE– es de 0.26% del PIB. “¿Por qué decimos que esto es poco? Porque países mucho menos desarrollados, como Bolivia, recaudan el doble; o Argentina, que recauda cuatro veces más que nosotros como porcentaje del producto interno bruto. No podemos pensar en una reforma hacendaria que no atienda esta debilidad, que también es una gran oportunidad de hacer participar a los municipios en este esfuerzo.” El tema de los “gasolinazos” fue uno de los que mayor tiempo ocupó en la comparecencia. Los legisladores de izquierda criticaron que vayan a seguir los aumentos de cada mes, como en el sexenio pasado. Pero Videgaray fue más allá. Dejó sugerida la idea de que los aumentos serán mayores a los nueve centavos que hoy se agregan al precio de las gasolinas, toda vez que los deslices actuales no acortan la brecha entre los precios internos y externos de las gasolinas, además de que en ellas se aplica un “subsidio regresivo”, pues favorece a la gente con mayores recursos. “Quiero reiterar un dato que es importante en materia del precio de la gasolina, el cual nos debe obligar a revisar el que se esté dando este apoyo, que es fundamentalmente a los deciles de la población con mayores ingresos. “Nuestro consumo per cápita de gasolina, derivado de los precios relativamente bajos que tenemos en México contra otros países, es tres veces el de Argentina y cuatro veces el de Brasil. Es decir, el que consistentemente estemos teniendo precios por debajo de los precios internacionales de la gasolina ha creado una distorsión con un importante costo ambiental y, además, es un apoyo regresivo. “Estamos apoyando a los deciles que tienen capacidad de adquirir vehículos y sabemos que la población con menores recursos no la tienen. Por otro lado, tenemos el impacto inflacionario de corregir éstos. Tenemos que optar por una estrategia que minimice el impacto inflacionario de lo que sería un incremento abrupto de la gasolina, pero tenemos que tener una convicción de política pública. “Los subsidios –aunque éste técnicamente no es un subsidio– tienen que ser para la población más pobre de México, en este rubro y en los demás. Este subsidio no cumple con esas características. Por supuesto cualquier cambio que se haga en el precio de la gasolina hay que recordar que la ley nos obliga a referenciar los precios públicos de productos que se comercian en el mundo, tendrá que hacerse con un gran cuidado a su impacto inflacionario”. También, y a petición de varios legisladores, de distintos partidos, el secretario de Hacienda explicó el decreto presidencial publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación, cuyo nombre es kilométrico: Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal. Una síntesis de la larga explicación de Videgaray sobre el contenido de dicho decreto son los siguientes puntos: -“Se prevé una reducción de 5% en el concepto de sueldos y salarios para los niveles medios y superiores –ojo, solamente para los niveles medios y superiores–, que esto tendrá que surgir de las reorganizaciones de las áreas; aproximadamente se estima que esto pueda derivar en un ahorro de 2 mil millones de pesos en la administración pública central.” -Las dependencias del gobierno deberán entregar, a más tardar en abril próximo, un diagnóstico sobre las estructuras, funciones y desempeño de la Administración Pública Federal (APF). De lo que se trata es de identificar duplicidades, ineficiencias que permitan llegar a una reducción del gasto y a una reorganización de la APF para hacerla más eficiente. - “Qué es lo que se busca. A partir del diagnóstico, vencer la inercia con la que ha venido creciendo, a veces desordenadamente, el aparto burocrático federal.” - “Restringir la contratación de personal eventual y por honorarios para funciones no sustantivas. Creemos que la administración puede funcionar sin esta cantidad importante que hay de personal eventual y por honorarios.” -“La cancelación de plazas de los puestos homólogos a los de la estructura, que no están justificados. Es decir, estamos encontrando, además de la estructura hay puestos homólogos que realizan las mismas funciones. No tienen sentido, se obliga a las dependencias a cancelarlos.” -“Se cancela cualquier compra de vehículos en áreas no sustantivas. Es decir en todas las áreas adjetivas de la APF. -“Se prohíbe la adquisición de bienes inmuebles sin previa justificación costo-beneficio. Se obliga a la enajenación de bienes improductivos u obsoletos y se establecen reglas para reducir el consumo de papel, fomentando el uso obligatorio de la firma electrónica avanzada. Esas acciones, entre muchas otras, tienen como objetivo “un gobierno eficaz que tiene que hacer más con menos”.  

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