Expediente Nicaragua: se amparan tres exempleados de control vehicular

martes, 11 de diciembre de 2012
MÉXICO, D.F., (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) dio a conocer que tres de los cuatro empleados delegacionales implicados en el registro irregular de 16 camionetas a nombre de Televisa se encuentran amparados por la justicia federal, por lo que enfrentarán en libertad  el proceso penal en su contra por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público. Los servidores públicos, cuya identidad se mantiene en reserva, dieron de alta a las unidades en los módulos de Control Vehicular de las delegaciones Tlalpan, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón e Iztacalco , con copias de documentos originales, pero firmas falsas, según confesó el titular de la PGJDF, Rodolfo Ríos Garza. De las 16 camionetas registradas a nombre de Televisa, ocho están involucradas en el juicio que se desahoga en Nicaragua contra los 18 mexicanos detenidos en posesión de 9.2 millones de dólares y que en un primer momento se identificaron como trabajadores de la televisora mexicana. La Procuraduría General de la República (PGR) absolvió de toda responsabilidad en ese asunto a la empresa de Emilio Azcárraga Jean. Un día antes de dejar el cargo, la entonces procuradora Marisela Morales difundió un comunicado en el que liberó a Televisa de toda sospecha; incluso, aseguró que los detenidos en Nicaragua no tienen ningún vínculo laboral con dicha empresa. Además, anunció que se iniciaron los trámites correspondientes para extraditar a 15 de los 18 mexicanos, incluida la jefa Raquel Alatorre, a quien la PGR aseguró bienes muebles e inmuebles y joyas por valor de más de 100 millones de pesos. Por cierto, la tarde de ayer inició en Managua el juicio oral y público contra los mexicanos detenidos en el país centroamericano por los presuntos delitos de “delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero”. El juez Edgard Altamirano, quien está a cargo del caso, considera al grupo "de alta peligrosidad" por supuestas relaciones con el grupo delictivo de Los Zetas. Los abogados Ramón Rojas Méndez y Johanna Fonseca han declarado que tratarán de desechar la acusación de coautoría de tráfico internacional de drogas, porque sería "insuficiente" el hallazgo de partículas de cocaína en los vehículos para probar ese delito. En tanto, los testigos que declararon encapuchados dijeron que al momento de su detención, los falsos periodistas aseguraron que investigaban un presunto lavado de dinero del empresario Carlos Slim.  

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