PARÍS (Proceso).- “Enrique Peña Nieto inauguró su mandato con señales contradictorias. Por un lado, retiró la controversia constitucional sobre la Ley de Víctimas que había impuesto Felipe Calderón para vetarla: por otro, desató una represión indignante contra jóvenes que se manifestaron el día de su toma de posesión”, explica Javier Sicilia a la corresponsal mientras se dirige hacia la embajada de México en esta ciudad, rodeado por unas 50 personas, entre ellas franceses de Organizaciones no Gubernamentales y mexicanos de la red Ciudadanos por la Paz en México/París. “Es alentador que Peña Nieto cumpla los compromisos que tomó con el MPDJ (Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad) durante los Diálogos por la Paz del pasado 28 de mayo, cuando era candidato a la Presidencia de la Republica. Es una prueba de buena voluntad, pero eso no basta”, dice. Y agrega: “Urge crear ahora el instrumento institucional adecuado para darle cumplimiento a esa ley. Y urge también a enfrentar la emergencia nacional con una agenda de gobierno consensuada y trabajada con todas las fuerzas políticas y sociales del país. Debemos insistir sobre la absoluta necesidad de convertir la Ley de Seguridad Nacional en Ley de Seguridad Humana y Ciudadana”. Por lo que respecta a la detención de decenas de manifestantes el sábado 1 durante la toma de posesión de Peña Nieto, Sicilia es categórico: “Hay que liberarlos a todos y de inmediato”. Enfatiza: “Vamos a presionar a Peña Nieto para que no vuelva a cometer actos represivos de esta índole, para que no caiga en la tentación de un gobierno autoritario. Como dijo la gran filósofa política alemana Hannah Arendt: ‘Es cuando el poder se debilita que empieza a llegar la tentación autoritaria’. En México el Estado es sumamente débil y por lo tanto la tentación autoritaria es sumamente fuerte. La ciudadanía debe seguir más alerta que nunca”. Fue a petición de organizaciones no gubernamentales francesas que el poeta interrumpió su retiro de dos meses y medio en la Comunidad del Arca de Saint Antoine, ubicada al sur del país, para estar el miércoles 12 en esta capital. Entre ellas destacan el amplio movimiento de la No Violencia que se articula alrededor de las comunidades del Arca, con las cuales Sicilia tejió estrechos lazos hace tres décadas; Otages du Monde, una dinámica organización que representa a las familias de los rehenes franceses secuestrados por terroristas islámicos en distintos países y que acaba de hacerse cargo de la defensa del músico francomexicano Rodolfo Cazares Solís –plagiado el 9 de julio de 2011 en Matamoros, Tamaulipas, por presuntos sicarios–, así como Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT). Las organizaciones enviaron una carta a Peña Nieto para manifestar la creciente preocupación de la sociedad civil gala ante la violencia que sacude a México. Los firmantes insisten en la importancia de la aplicación inmediata de la Ley de Víctimas y piden la liberación de todos los manifestantes detenidos el sábado 1. Sicilia se reunió con el ministro Juan Andrés Ordóñez Gómez, encargado de negocios de la legación mexicana en Francia, quien lleva los asuntos de la sede diplomática en ausencia del embajador Carlos de Icaza González, de misión en el Distrito Federal. El poeta aceptó acompañar a la embajada a Margalida Reus, quien encabeza las Comunidades del Arca, y a Patricia Philibert, secretaria general de Otages du Monde, quienes entregaron la misiva a Ordóñez Gómez. También acudieron Ludivine Barbier Cazares, esposa del director de orquesta francomexicano, y Frédérique Santal, hermana del comerciante suizo Olivier Tschumi, secuestrado hace dos años en Cuernavaca, donde radicaba desde hacía 20 años. En ambos casos las familias pagaron el rescate pero los plagiarios no liberaron a las dos personas. Ludivine y Frédérique entregaron al ministro Ordóñez una carta dirigida a Peña Nieto en la que le solicitan una audiencia en Los Pinos para exponerle sus casos.   Las peticiones   Durante la entrevista con el diplomático –a la que no pudo asistir la corresponsal a pesar de la insistencia de la pequeña delegación– y en la concurrida rueda de prensa realizada el mismo miércoles 12 alrededor de las cuatro de la tarde en el Centro de la Prensa Extranjera, Ludivine y Frédérique denunciaron el estancamiento de las investigaciones de la policía y la justicia mexicanas sobre la desaparición de sus parientes. Frédérique aludió también a la apatía del gobierno suizo que, dijo, lejos de brindarle apoyo, se limita a repetirle que las autoridades mexicanas no dan información sobre la desaparición de su hermano. Ludivine parece tener un poco más de suerte con las autoridades galas. Gerald Martin, cónsul general de Francia en México, se comprometió a hacer hasta lo imposible para que las autoridades mexicanas atiendan su solicitud. Consejeros cercanos del presidente François Hollande ya tienen su expediente. La prensa francesa ha publicado varios artículos sobre su caso. El más reciente es el del sábado 1 en el semanario Paris Match con un título elocuente: Peña Nieto face au cas de Rodolfo Cazares (Peña Nieto frente al caso de Rodolfo Cazares). Ludivine presentó ante la justicia de Francia una demanda por el secuestro de su marido, ocurrido el 9 de julio de 2011. Ese día, un grupo de narcotraficantes irrumpió en la casa de los padres de Rodolfo y se llevó a toda la familia Cazares: Ludivine, los niños y las mujeres que se encontraban en el inmueble. Estuvieron tres días en una casa de seguridad; sus captores liberaron a las mujeres en un estacionamiento, menos a Rodolfo, su padre, dos de sus tíos y su cuñado. Desde entonces no se sabe de ellos. Durante la rueda de prensa del miércoles 12, Ludivine, Frédérique y Javier Sicilia insistieron en que casos como los de Rodolfo y Olivier son únicamente dos de los 20 mil desaparecidos en México que han sido denunciados. En ningún momento quisieron capitalizar sus tragedias personales; por el contrario, subrayaron que su más ardiente deseo es tener una audiencia con el presidente Peña Nieto junto con los familiares de los mexicanos desaparecidos. Después de explicar a los reporteros la importancia de la Ley de Víctimas, Sicilia recalcó la “cruenta importancia” de los dos europeos que padecen la barbarie por la que atraviesa México. “Europa no parece darse cuenta aún del peligro que la amenaza. La violencia en México es un problema internacional. México y Colombia son sólo la punta de un iceberg cuya enorme masa se hunde en la comunidad internacional. “No se trata solamente de la corrupción del Estado mexicano. Es una situación ligada a la lógica económica que prevalece en el mundo. Tiene que ver con el arrodillamiento de los Estados ante los capitales legales e ilegales, con el comercio de armas, los paraísos fiscales, el lavado de dinero, la prohibición de las drogas…” En nombre de las ONG galas que apoyan al Movimiento por la Paz, Margalida Reus instó al presidente Hollande a no perder de vista las trágicas consecuencias que tiene la guerra contra el narcotráfico sobre la población civil a la hora de estrechar su relación con el nuevo gobierno de México. El sábado 1, ACAT publicó un comunicado en el que fue más explícita: “Si bien Enrique Peña Nieto se hizo el panegirista del cambio, no dejó de llamar como asesor especial al general Óscar Naranjo, exjefe de la policía colombiana, por considerar que el trabajo que realizó en su país iba a servir de referencia para restablecer la seguridad en México.” Y agregó: “ACAT está preocupada por el proyecto de creación de una gendarmería nacional en México”, en el que presuntamente colaboraría Francia, según declaró el presidente Hollande en octubre pasado, durante la visita de Peña Nieto a París. “Se podría tratar de un simple cambio en la forma, sin modificación real de los comportamientos. De ser así, la iniciativa aumentaría el número de militares afectados a la seguridad territorial”, según el comunicado. “Francia no debe servir de garantía moral a un empeoramiento de la política de seguridad. ¡Una cooperación justa y eficaz podría empezar primero por la lucha contra la impunidad!... Pero hasta ahora no se ha tomado ningún compromiso para juzgar a los numerosos soldados acusados de violaciones de los derechos humanos”, concluye ACAT.