Cumple ONG tres años de hacer visibles a los desaparecidos

miércoles, 19 de diciembre de 2012
MÉXICO, D.F. (apro).- Hoy hace tres años, un grupo de familias arropadas por el centro diocesano de derechos humanos de Saltillo decidieron romper el silencio, organizarse y denunciar la desaparición forzada de sus seres queridos. Así nació la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), un grupo creado principalmente por mamás que logró hacer visibles la epidemia de desapariciones que ocurrieron en ese estado y, posteriormente, en el país entero. En sus reuniones se dieron cuentan –según sus propias palabras-- de que los gobiernos estatal y federal, priista y panista, eran cómplices del delito “por comisión y omisión”. La historia de su creación la relatan así: “El 19 de diciembre del 2009 nos reunimos un primer grupo de 11 familias quienes en ese tiempo buscábamos a 21 desparecidos; a diciembre del 2012 buscamos a 290 personas desaparecidas. Según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, esta dependencia tiene registradas cerca de mil 600 personas desaparecidas en nuestro estado”, señaló la organización en un comunicado. “La colusión, permisividad, corrupción y ambición de un sinnúmero de funcionarios locales, estatales y federales han posibilitado el que esta tragedia se mantenga. La responsabilidad de las y los servidores públicos es incuestionable, empezando por el expresidente Calderón y siguiendo con el exgobernador Humberto Moreira, quienes deberán ser juzgados, mínimamente, por no garantizar los derechos humanos de miles de familias en nuestro país y deben dejar de ser protegidos por el velo de la impunidad que caracteriza a los políticos mexicanos que han pervertido la esencia de lo que debería ser un Estado de Derecho”. En la efeméride del tercer aniversario, la organización de familias dio a conocer que mantiene sus siete demandas iniciales: Búsqueda inmediata de las personas desaparecidas; conformación de una base de datos a nivel nacional; atención estructural de la PGR a todos los casos de desapariciones; creación de una Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas (a nivel federal); instauración e implementación de protocolos de investigación para personas desaparecidas; fundar un Programa Federal de atención a los familiares de las personas desaparecidas, y aceptar las recomendaciones del informe preliminar del Grupo de Trabajo para desapariciones forzadas de la ONU. En el comunicado, indicaron que tanto los gobiernos priistas como los panistas “tiñeron de oscuridad, terror e impunidad” sus hogares. “El camino que emprendimos en diciembre del 2009 es doloroso; pero lo caminamos con dignidad e impulsadas/os por el amor que les tenemos a los que nos han arrancado de manera forzada y a los que continuaremos buscando incansablemente”, subrayaron. Entre sus logros, la organización destaca el acuerdo suscrito con el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, para crear un Grupo de Trabajo Autónomo, con la participación de expertos nacionales e internacionales para que apoye en la búsqueda, así como la re-tipificación del delito de desaparición forzada y la creación de una Ley en la materia y para la protección de víctimas. A nivel federal logró que la Secretaría de Gobernación asumiera sus demandas, y que el actual presidente de la República prometiera asumir los compromisos. “Con el dolor profundo que causa la herida en nuestro corazón, seguiremos de pie con la dignidad que nos caracteriza exigiendo la presentación con vida de nuestros/as desaparecidos/as”, indicó esa organización. En estos tres años Fuundec ha logrado visibilizar el tema de las desapariciones forzadas en México, y aglutinar a cientos de familias de todo el país que sufren la misma tragedia por lo que este año dio vida a la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem). La revista Proceso, en la edición especial #35 “Heroínas Anónimas” publicó un reportaje sobre Fundec. A continuación unos fragmentos que dan cuenta de su lucha: “En 2007 los sacerdotes empezaron a notar que durante las peticiones de las misas se oraba por el pronto retorno de algún muchacho que hacía falta en algún hogar. A partir de 2009 varias parejas se acercaban al obispo de Saltillo, Raúl Vera, y le contaban la tragedia que vivían desde que les amputaron a la familia. El prelado se dio cuenta de que el problema era generalizado y lo habló con la directora del centro de derechos humanos de su diócesis, el Fray Juan de Larios. “La preocupación de don Raúl era qué nos toca hacer como organización de derechos humanos y qué podemos responder a las familias”, recuerda Blanca Martínez, directora del centro. “Yo decía: ‘Más que un apoyo humano necesitamos entender la problemática para armar una estrategia de intervención’. No podíamos hacerlo caso por caso porque no es un problema jurídico, sino de seguridad humana, y teníamos que juntarnos para que ellos decidieran qué hacer.” El equipo del Fray Juan comenzó a documentar los casos y entregó a un grupo de familias los datos de las otras y ellas se contactaron. Para diciembre de 2009, el centro convocó a una reunión para presentar a las familias. Eran muy distintas; unas de Coahuila, otras del Estado de México y de Jalisco, de distintas clases sociales, que buscaban a hombres que se dedicaban a distintas profesiones: ganaderos, profesionistas, vendedores ambulantes, de joyas o de pinturas. Eran cuatro familias que buscaban a 21 desaparecidos. “Primero fue hablar de quiénes somos y qué nos pasó. Fue durísimo; era la primera vez que se encontraban con otros que vivían lo mismo, tenían mucho dolor, impotencia, rabia, indignación, hubo muchas lágrimas, pero a la par dijeron: ‘Tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos callados’. Aunque sabían que era riesgoso dijeron: ‘¿Qué más nos pueden quitar? Hay que hacerlo público’”, dice Martínez. Jorge Verástegui, un veinteañero de las familias fundadoras y uno de los pocos hombres del grupo, recuerda esos primeros pasos: en la reunión se conocen, se dan cuenta de que todos son ignorados o hasta amenazados por los ministerios públicos, hacen público sus casos y piden crear una mesa de diálogo que rompen a la cuarta cita por ausencia de avances en las investigaciones. Ante la cerrazón estatal, en un acto de desesperación deciden manifestarse en la Ciudad de México ante Palacio Nacional, Gobernación, la PGR y la ONU. Esa fue la primera vez que el problema nacional de las desapariciones se escuchó en la capital. “En la reunión de evaluación que tuvimos de regreso vimos que no habíamos conseguido nada pero sabíamos que lo mejor era reunirnos, hacer una búsqueda colectiva, decidimos formar un grupo y nos dimos una identidad. De esa reunión salió el nombre de Fuundec y cada palabra que escogimos tiene un significado: Unidos tenemos una fuerza y juntos sumamos fuerzas, todos tenemos familiares desaparecidos y estamos uniéndonos para buscarlos.” En diciembre de 2009 nació esa red. Su siguiente paso fue marchar en Saltillo para pedirle audiencia al gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, a quien persiguieron en verbenas o avergonzaban en actos con otros gobernadores al sacar mantas exigiendo la búsqueda de los desaparecidos. Todos los lunes a las cinco de la tarde las familias llegaban con las fotografías de los ausentes y pasaban horas frente al Palacio de Gobierno. Y como bola de nieve que ya nadie detiene, el grupo fue creciendo. Fueron llegando. “Llegué a Fuundec porque las vi vendiendo comida y en el micrófono pedían ayuda para financiar la búsqueda de los desaparecidos. Yo llevaba dos años buscando a mi hijo, estaba sola preguntando a las autoridades qué pasaba; parecía que todo estaba perdido. Pero cuando las vi me llené de esperanza”, dice María Luisa Lazarín, madre de Israel Torres, un joven levantado el 18 de junio de 2009 en la pequeña comunidad de Matamoros, Coahuila, con cinco compañeros del trabajo. Hubo quien se enteró por otra persona o porque alguna vecina supo del grupo al ver las noticias o por lo que escuchó en la iglesia. Había llegado el momento de superar el miedo a que si hacen público el caso sus captores los maten, y de hablarlo. “Cuando llegué aquí mi vida cambió: es una esperanza que nos fortalece porque somos hermanas del mismo dolor, somos familia”, dice Delia García, madre de Edson Amadeo de la Rosa, desaparecido a punto de cumplir 21 años. Se lo llevaron en una camioneta del porche de su casa. Ella desde la cocina escuchó todo. Fue el 9 de julio de 2009 a las 10 de la noche. En la reunión la señora García está sorprendida por las similitudes del caso de su hijo con otras que ha escuchado: “¡Ah, caray! Acá me doy cuenta que al de Lucy se lo llevaron en las mismas fechas, al de Mari el 17 de julio y al de la señora de allá. Son muchas coincidencias”. Con esas pistas han armado mapas de posibles lugares para la búsqueda. Y esas posibilidades llenan a todas de esperanza. “Al principio cuando te desaparecen a un hijo, por el miedo nadie quiere decirlo: buscas en las fotos del periódico por si lo ves, pero aparecen cantidad de muchachos muertos, hasta que dices: ‘ya no puedo más, es estarme lastimando’. No quería hacer nada, para no arriesgar a mis otros hijos, y un día que le pedí a Dios su ayuda leí en el periódico de la iglesia sobre Fuundec, y dije: ‘¡Aquí está, esto es, hay gente igual que nosotros que está investigando!’”, dice la modista Rosa Zapata, madre del carpintero Carlos Gerardo García Zapata. Cuando ella y su hija Griselda se integraron a la organización fue cuando las compañeras ya tenían cita con la PGR y la Secretaría de Gobernación. Incluso la ONU se interesó en lo ocurrido en Coahuila y mandó a una comisión de expertos en desapariciones forzadas. “Para la demás gente mi hermano no vale nada y encima nos pasan ese yugo de que dicen que seguro le ocurrió eso porque es delincuente. Pero con la ONU sentimos que mi hermano vale algo porque nos dijeron que sí hay manera de que busque el gobierno, que es mi derecho, que ellos tienen que procurar mi bienestar y mi seguridad. Ahí supe que lo que dice la ONU es ley suprema y que aunque no somos licenciados podemos llevar nuestros asuntos hasta la Corte Interamericana de la OEA”, explica Griselda, toda una experta a sus 32 años. Las García creen que a Carlos lo levantaron por ser un buen albañil y cada vez que ven noticias sobre hallazgos de narcotúneles revestidos con madera suspiran por el anhelo de que él esté vivo, aunque forzado a trabajar para los narcos. El dolor común A las puertas del Fray Juan no sólo han tocado 185 familias. Muchas otras acuden sólo para desahogarse pero piden “que ahí quede” la información y que no le muevan a la búsqueda porque temen que el pariente haya estado relacionado con la delincuencia o bien que pueda sufrir represalias. “A medida que se va haciendo más público y van saliendo a la calle, más gente llega. Sólo organizados podemos hacer más, pero tampoco podemos violentar a las familias para que se organicen, tenemos que esperar el proceso de cada familia, si quieren ingresar a la organización, pero consensado con Fuundec”, explica Blanca Martínez. Con el tiempo la organización ha probado distintas estrategias. Los plantones afuera del Palacio de Gobierno de Saltillo funcionaron hasta que llegó un invierno crudo y las balaceras se hicieron frecuentes. En este ser pioneras buscaron en otros estados qué otros grupos trabajaban el tema y se enlazaron con ellos. Convocaron a un primer encuentro al que asistieron familias atendidas por las organizaciones Cadhac, de Nuevo León; Cedhem, Justicia para Nuestras Hijas, Cosyddhac y Paso del Norte, de Chihuahua; y Victoria Diez, de Guanajuato, entre otras. Con ellas se reúnen cada dos meses para capacitarse juntas en temas como el perfil genético de los desaparecidos, la atención psicosocial a las víctimas, las obligaciones del Estado mexicano, los organismos internacionales que pueden ayudarlos en su búsqueda. Del primer encuentro nació la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Familias con Personas Desaparecidas en el Norte. En ese intercambio se dieron cuenta de que varias regiones del país son focos rojos en desaparición de personas y que muchas otras mujeres sufren lo mismo. Así van uniendo las piezas del rompecabezas, y mujeres del norte y del sur del país a las que les desaparecieron a sus hijos en el mismo tramo carretero o la misma banda delincuencial se organizan para entrar al penal para entrevistar al mismo preso que puede proporcionarles pistas. A diferencia de otras organizaciones el Fray Juan no sólo empuja jurídicamente los casos, también aplica un enfoque psicosocial para que las familias encuentren la fortaleza perdida y se organicen y acompañen para luchar juntas. Como lo hicieron en su momento las madres de la Plaza de Mayo, en Argentina, o Las Madres de la Candelaria, en Colombia, ellas también comienzan a colectivizar su maternidad. Ya no buscan sólo a su hijo, buscan los de todas. Tienen presentes las fechas de la pérdida de cada uno, telefonean a la mamá para brindarle ánimo, para solidarizarse en una fecha que sólo ellas saben qué tan dolorosa es. Así se los hizo saber Yolanda Morán, empresaria lagunera que desde la desaparición de su hijo Dan Jeremeel tapizó la ciudad con anuncios espectaculares y tomó la palabra durante el primer encuentro del Movimiento por la Paz con Calderón en Chapultepec para hablar de los 185 casos que representa. –Le dije que el mío sólo es uno de los 185 de Coahuila, que son nuestros hijos y que aunque no se apelliden Martí, Wallace o Vargas los queremos igual –dice Morán a las compañeras en la reunión de evaluación. Morán sigue el relato de la cita que tras la reunión con el presidente obtuvo con la titular de la PGR y un subsecretario de Gobernación, a la que se hizo acompañar por cinco familias del grupo. –Yo no soy sola, Fuundec somos muchos. No decido yo, decidimos las familias –explicó a los asombrados funcionarios cuando la vieron llegar acompañada. –¿Que piden? –les preguntaron. –Que la PGR atraiga todos los casos aunque los perpetradores hayan sido soldados, policías federales, estatales, municipales o crimen organizado, y una audiencia con ustedes para las 185 familias, porque vendrían todas, y que se sienten con cada una a ver su caso –contestó la comitiva de Fuundec. Cuando Morán finaliza el relato de cómo consiguió la cita colectiva el 23 de julio de 2011, dice: “En esa cita todos van a participar y a tener voz, tenemos que mostrar la organización que tenemos”. Sus compañeras aplauden. Las raíces de la organización Detrás de Fuundec está el trabajo incansable de Blanca Martínez, defensora de derechos humanos de larga militancia que tenía claro que las familias avanzarían más si unían sus fuerzas y le encontraban cierta lógica a las desapariciones. Su experiencia previa como directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, durante la época del alzamiento zapatista, le sirvió de aprendizaje. Después de haber sido removido de Chiapas y llevado a Coahuila, Vera le pidió a Blanca Martínez que se encargara del centro de derechos humanos diocesano de su nuevo destino, al que pronto tocarían las puertas estas familias nómadas que mendigaban justicia después de que el Estado les negara su derecho a la justicia. “En el Frayba nuestra apuesta es la promoción del ejercicio de derecho por parte del sujeto del derecho para que construya desde su propia realidad, desde esta lógica de organización social. Ese método que viene de una experiencia colectiva, no individual, es el que trabajamos en este otro contexto”, dice la activista. “Gracias al grupo hemos logrado ser escuchadas, que se nos atienda donde hemos tocado, que las autoridades volteen a ver nuestra problemática. En lo individual no habíamos logrado nada”, cuenta Lourdes Herrera, madre del desaparecido más pequeño: Brandon Esteban Acosta, de nueve años. (Fragmento)

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