SALTILLO, Coah. (apro).- La Pastoral de la Movilidad Humana presentó este viernes su reporte anual sobre la situación de los Defensores y Defensoras de Migrantes en México, en la que documenta 66 incidentes, entre ellos el secuestro y asesinato de María Elizabeth Macías Castro, de 39 años, una activista que pertenecía al Movimiento Laico Scalabriniano y laboraba en un periódico de Tamaulipas. En el periodo de junio de 2011 a noviembre de 2011, el organismo dependiente de la Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano registró también 31 amenazas contra defensores de derechos humanos y 25 acciones para deslegitimar su labor y siete “injerencias arbitrarias” por parte de autoridades y criminales en los refugios para migrantes. El informe destaca también la privación ilegal de la libertad de tres activistas por parte de funcionarios públicos, las cuales fueron denunciadas ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH). “En dos de los casos intervino la policía municipal de Tenosique, Tabasco; en otro más, elementos del Ejército mexicano”, señala el informe. Durante el periodo de referencia también se registraron 31 amenazas contra activistas y 25 acciones para deslegitimar su labor. Además, los refugios sufrieron siete “injerencias arbitrarias” por parte de autoridades y criminales. Entre ellas, destaca el allanamiento de un Centro por parte de miembros del Ejército que ingresaron a las instalaciones del albergue sin orden judicial con la justificación de que “habían recibido una denuncia anónima”. La vulnerabilidad que experimentaron los defensores se incrementó desde el año 2010 con hostigamientos por parte de autoridades y criminales que intentan obligarlos a los defensores dejar su labor, precisó el reporte anual. La Pastoral de Movilidad cuenta con 63 albergues o casas del migrante; seis centros de derechos humanos; treinta y dos Diócesis que atienden a las personas migrantes y sus familias en México. Los casos descritos no han sido en su totalidad denunciados porque no existe la confianza con las autoridades locales y en algunos lugares existe una relación pública entre autoridades y grupos criminales, concluye el informe de la Pastoral de Movilidad Humana.