OAXACA, Oax. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la controversia constitucional promovida por la administración estatal en contra del gobierno de Chiapas por el caso de Los Chiamalpas. La resolución implica que el gobierno de Manuel Velasco deberá suspender cualquier acción o decisión en dicha región mientras se dirime el litigio. El pasado 29 noviembre, el gobierno de Gabino Cué presentó el recurso por la presunta invasión de su territorio y este viernes la Corte acordó suspender los actos impugnados en el escrito de demanda: “No se ejecuten los efectos y consecuencias de todos los actos, decretos, ordenes o cualquiera que sea su denominación, por medio de los cuales el estado de Chiapas, por conducto de sus tres poderes estatales y sus municipios, pretende desconocer los límites territoriales del estado de Oaxaca.” En su resolución, los ministros ordenan también que “no se ejecuten los efectos y consecuencias de todas las determinaciones y mandamientos emitidos por el gobernador de Chiapas, tendientes a materializar el decreto impugnado, en concreto, los actos para erigir el nuevo municipio Belisario Domínguez.” Las autoridades de Chiapas establecieron partidas de la Policía Preventiva dentro del territorio de Oaxaca, como actos preparatorios para establecer autoridades municipales en la localidad denominada Rodulfo Figueroa. Además, realizaron actos de preparación y estudios técnicos para iniciar la construcción de obra pública, y las órdenes o mandamientos para que la Policía Preventiva de dicha entidad establezca dentro de tal territorio. Los ministros también ordenaron que “no se ejecute ninguna de las determinaciones y mandamientos emitidos por el gobernador, Congreso, municipios y cualquier otra autoridad de hecho o derecho del estado de Chiapas, por medio de los cuales pretenden ejercer actos de imperio dentro del estado de Oaxaca, territorio que tiene y ha tenido a lo largo de la historia, y que en forma enunciativa se traduce en actos para erigir nuevos municipios”. El gobierno de Chiapas instaló partidas de la policía e inició procesos de construcción de obra pública en Cerro de los Martínez, Cerro de la Jineta, el Chilillo, Río de las Arenas y Punta Flor, así como Punto Medio de la Barra de Tonalá, para invadir territorio de los Chimalapas. “Por lo anterior resulta procedente conceder la suspensión de los restantes actos cuya invalidez demanda el estado de Oaxaca”, resaltaron los magistrados. “Los estados de Oaxaca y Chiapas, incluidos los municipios a los que se les reconoció el carácter de terceros interesados, deberán de abstenerse de realizar cualquier acto que formal o materialmente amplié o modifique los límites territoriales o la jurisdicción que actualmente se conserva en las comunidades de conflicto. “Los estados de Oaxaca y Chiapas, incluidos los municipios a los que se les reconoció el carácter de terceros interesados, deberán de abstenerse de crear nuevas autoridades dentro de la localidad denominada Rodulfo Figueroa, ya sean de carácter hacendario, de seguridad pública y/o cualquier otra obra que tenga a su cargo función pública alguna”. Los Chimalapas constituyen la región con mayor diversidad biológica de México, uno de los cuatro países con mega biodiversidad en el mundo. Esta región recibe el 40% de la precipitación pluvial del país y presta servicios ambientales invaluables a México y al continente entero. Por su notable riqueza forestal, fue invadida desde 1940 por decenas de aserraderos clandestinos, alentados por los gobiernos de Chiapas. Para regularizar los permisos de explotación forestal, el gobierno de Chiapas gestionó dotaciones de ejidos a trabajadores de estos aserraderos, arguyendo que estaban en terrenos nacionales, cuando han sido propiedad comunal de Santa María y San Miguel Chimalapas, inafectables por ley. Con procedimientos irregulares, se crearon 22 ejidos que invaden parcial o totalmente los Chimalapas, con nombres chiapanecos, como Flor de Chiapas, Cal y Mayor, Elsy Herrerías de Castellanos, que generaron, a su vez, 26 núcleos de población, censados erróneamente por el Instituto Nacional de Estadística (Inegi) en 1990 como chiapanecos. Esta equivocación alentó la pretensión invasora de Chiapas, que en esa época borró de su Constitución Política la referencia a su límite, el cual coincidía con el de la Constitución de Oaxaca. El error del Inegi, a pesar de que fue corregido en 2005, repercutió en otras instituciones como el Instituto Federal Electoral (IFE), que entregó credenciales de elector chiapanecas a estas 26 localidades y permite que personas que viven en territorio oaxaqueño, voten en circunscripciones territoriales chiapanecas. Esta grave problemática que ha propiciado enfrentamientos agrarios y sociales, se complicó todavía más con la creación unilateral del municipio chiapaneco Belisario Domínguez en diciembre del 2011, que invade el territorio oaxaqueño.