Pese a la oposición de numerosas organizaciones de búsqueda de desaparecidos y de familiares de las víctimas del crimen organizado, algunos de los cadáveres desenterrados de las fosas de San Fernando, Tamaulipas, fueron incinerados por instrucciones de la PGR, que al hacerlo viola los derechos de los deudos y tuerce las leyes. De esta manera, las posibilidades de contar con evidencias que lleven a los autores de las matanzas se vuelven humo… MÉXICO, D.F. (Proceso).- El pasado 30 de noviembre, último día del sexenio de Felipe Calderón, a las 8:30 de la mañana peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) llegaron al Panteón Civil de Dolores. Con ayuda de panteoneros abrieron las fosas comunes donde están los restos hallados en las narcofosas de San Fernando, Tamaulipas, y sacaron diez cuerpos descompuestos. Pasaron todo el día seleccionándolos. No salieron hasta el atardecer, cuando los cadáveres habían sido incinerados. Una semana después las cenizas de ocho guatemaltecos –que la PGR identificó como William, Bilder Osbely, Delfino, Erick Raúl, Gregorio, Jacinto Daniel, Marvin y Miguel Ángel– y de dos guanajuatenses –Israel y Luis Miguel– fueron entregados en urnas a sus familiares. La dependencia alegó que la cremación se hizo por “razones sanitarias”. “Los cuerpos ya estaban irreconocibles, estaban muy cocidos, no eran cuerpos completos. Nos dijeron que los iban a trasladar, por eso los incineraron”, dice a Proceso un panteonero que presenció la exhumación. En el lugar aún permanece una lámina puesta para proteger de los perros la fosa recién excavada que alberga los restos de las víctimas no identificadas cuyos asesinatos se atribuyen a Los Zetas. No tiene señalización alguna. En ese hoyo están apilados poco más de 75 de los 193 cuerpos sacados en abril de 2011 de dos fosas clandestinas. A unos metros, bajo un montículo casi aplanado, están enterrados 12 de los 72 migrantes asesinados en agosto de 2010 en el mismo municipio y que siguen sin ser identificados. Por precaución de los panteoneros, esos restos no fueron mezclados con los de las otras fosas comunes. El 30 de noviembre un grupo de estudiantes universitarios y su maestro trabajaban en una tumba vieja contigua a las fosas comunes y presenciaron la excavación. Les sorprendió enterarse de que los cadáveres exhumados frente a ellos y trasladados para su cremación corresponden a uno de los episodios más sangrientos del sexenio, al de los asesinatos masivos, sistemáticos, repetitivos de San Fernando. En ese municipio un sinnúmero de camiones de pasajeros o camionetas con rumbo a Texas fueron detenidos por Los Zetas –según la versión oficial– y sus pasajeros varones en edad productiva, obligados a bajarse. A las víctimas las forzaban a enrolarse en su ejército o las secuestraban para cobrar rescates o las asesinaban por no ser buenos elementos para la guerra, por rehusarse a enlistarse o para que no fueran cooptados por el Cártel del Golfo, su rival en la zona. Esto ocurrió durante 2010 y 2011. Las maletas llegaban a las terminales pero no sus dueños. Y todos guardaron silencio: Los gobiernos federal y estatal, los policías dedicados a vigilar los caminos, los medios de comunicación, las compañías de autobuses. Uno de los migrantes desaparecidos en San Fernando es Bilder Osbely López Mérida. Aunque a fines de octubre su familia fue informada de que lo habían localizado entre los muertos de San Fernando y de que México iba a repatriarlo, no estuvo de acuerdo con la cremación. Quiso impedirla pero no le hicieron caso; les dijeron que la legislación mexicana impide el traslado de cadáveres. Desde el 5 de noviembre y todavía el día de la exhumación, una decena de organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas alertó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las pretensiones de la PGR. En la queja con folio 121493 quedó asentada su petición “de medidas precautorias urgentes” para evitar la incineración de restos. Sin embargo la CNDH no respondió. Tampoco impidió la acción pese a que las organizaciones de búsqueda de desaparecidos señalaron que la PGR no demostró que los restos cremados correspondían a los migrantes cuyos nombres dio y que esos asesinatos no han sido resueltos, por lo que la incineración violaría legislaciones internacionales sobre los derechos de los familiares de las víctimas a saber lo que ocurrió, a obtener justicia y a sepultar a sus muertos según sus creencias. “Una razón administrativa de transporte de restos no puede pasar por encima del derecho internacional. Con más razón si estamos hablando de hechos violentos de carácter colectivo en los que puede haber implicaciones de agentes del Estado, donde las garantías de investigación deben protegerse así como los derechos de las víctimas”, dice en entrevista el experto español Carlos Martín Beristáin, quien ha participado en comisiones de la verdad de crímenes del pasado de países como Guatemala, Paraguay, Perú y Ecuador. El investigador señaló que al incinerarse restos como los de San Fernando se pierden las pruebas que proporcionan información sobre la causa de muerte y el modus operandi de los asesinos, con lo que se pueden reconstruir hechos concretos y saber desde quiénes dieron las órdenes hasta quiénes seleccionaron a las víctimas, las transportaron, retuvieron, asesinaron y enterraron. (Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1886, ya en circulación)