MÉXICO, D.F. (apro).- Amnistía Internacional urgió al gobierno de Enrique Peña Nieto a combatir de manera efectiva la pobreza en México y firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al que no quiso adherirse el gobierno de Felipe Calderón. Tras considerar que las condiciones actuales de pobreza son “una de las mayores crisis de derechos humanos que sufre México”, la organización internacional con sede en Londres llamó a la nueva administración federal a “tomar medidas concretas para garantizar que las políticas de combate a la pobreza (…) incluyan de forma efectiva un enfoque de derechos humanos”. En un comunicado, el representante de AI en México, Daniel Zappico, puntualizó que las “alarmantes cifras de pobreza son una  prueba de que el “Estado ha fallado. La falta de acciones adecuadas condena a millones de familias mexicanas a vivir en medio de una crisis que podría ser evitada”. Zappico alertó que nuestro país “enfrenta varias crisis de derechos humanos, pero la pobreza es la más extendida por el número de personas que se ven directamente afectadas”, sobre todo a los accesos al agua, alimentación, educación, vivienda y a servicios de salud adecuados. Recordó que el pasado 22 de diciembre, la secretaria de Desarrollo Social, la exdirigente nacional del PRD, Rosario Robles, admitió que aproximadamente la mitad de los mexicanos están sumidos en la pobreza, por lo que era necesario combatir el lastre. Pese a ello, señaló el representante de Amnistía, las autoridades mexicanas han emitido declaraciones similares “en los últimos años pero no fueron seguidas por medidas concretas y efectivas para combatir la pobreza”. Por ello, dijo Zappico, la organización urgió no sólo a tomar medidas concretas para abatir la pobreza, sino también para que las autoridades responsables de garantizar el combate rindan cuentas por violaciones a los derechos de millones de personas depauperadas. “AI considera fundamental que toda política de combate a la pobreza introduzca mecanismos efectivos de participación para que las personas que deberían ser beneficiadas por estas políticas sean realmente escuchadas y puedan participar desde la toma de decisiones y el diseño de las medidas hasta su ejecución y evaluación”, señaló la organización. En el comunicado AI explicó que el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales creado hace tres años es un “mecanismo internacional que permite a las personas cuyos derechos no son respetados y cuyas demandas no son atendidas, denunciar esos abusos. De esa manera, dijo, se establece un mecanismo de rendición de cuentas, elemento que resulta imprescindible para asegurar que las política de combate a la pobreza realmente están diseñadas para garantizar los derechos de la población”. Sobre este pacto internacional, la organización insistió en que “resulta preocupante que a más de tres años desde la apertura  hasta la firma de este acuerdo internacional, y cuando ya 42 países lo han firmado, México continúe ausente, pese a los compromisos de altos funcionarios de avanzar en este proceso”. En América Latina los países que ya han firmado el protocolo internacional son Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uruguay, de ahí que AI consideró que México está poniendo en entredicho “la credibilidad de su discurso en cuanto a la erradicación de la pobreza”. La organización internacional concluyó que “la necesidad de garantizar los derechos de las personas que viven en situación de pobreza debe ser una obligación impostergable del nuevo gobierno, que debe respaldar con hechos concretos sus compromisos”.