MÉXICO, D.F. (apro).- Los rumores de que habría una modificación al artículo 362 del Código Penal de la capital del país, denominado como “Ataques a la paz pública”, imputado a los 14 detenidos que continúan presos por las protestas ante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto el primer día de diciembre, iniciaron con el día. Como lo han hecho decenas de veces ya, los familiares de los que llaman “presos políticos”, cobijados por el movimiento #YoSoy132, marcharon a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para exigir la libertad de los suyos y la derogación del delito. “Libertad absoluta”, se escuchaban sus voces como estruendo en la calle de Donceles. A la una de la tarde se confirmó que el pleno de la Cámara de Diputados local había aprobado un dictamen para reformar el delito: con la votación final de 49 legisladores a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, éste ya no sería clasificado como “grave”, se reducirían las penas y los acusados de cometerlo alcanzarían fianza para seguir su proceso fuera de prisión. No hubo festejos. “Es inaceptable, una vergüenza. (Los legisladores) saben que se cometió una injusticia, un abuso y simplemente quieren rebajar la pena para que (los 14 presos) salgan bajo fianza y poder lavarse las manos sin admitir que fueron detenidos arbitrariamente. Los culpables (de los disturbios) siguen libres y no quieren que los sigamos exhibiendo como los pendejos y corruptos que son en el gobierno”, dijo un joven de nombre Luis. Los familiares de los presos, micrófono en mano a las puertas de la ALDF, se hicieron escuchar. “Hoy es el primer día que tenemos un pequeño avance. Exigimos que se publique de inmediato esta reforma para tener acceso a la fianza. No están exonerados, los 14 van a tener que seguir un juicio. La lucha sigue. No aceptamos que queden con cargos”, dijo la madre de Bryan Reyes Rodríguez, quien añadió que los cinco jóvenes que se encuentran en huelga de hambre en el Reclusorio Norte desde el lunes, Bryan, Eduardo Daniel Columna Muñiz, Carlos Miguel Ángel García Rojas, Obed Palagot Echavarría y Alejandro Sandino Jaramillo, la mantendrán hasta quedar libres. Mientras se realizaba el mitin, salió del recinto Federico Döring, coordinador de los diputados del PAN, que se opusieron a la derogación del 362 y responsables de establecer en su reforma un agravante que dejaría sin posibilidad de fianza a los reincidentes. “Fascista”, le gritaron insistentemente mientras algunos lo seguían a su automóvil, entre insultos. Entonces se leyó la redacción final con la modificación del delito que se aprobó de la siguiente manera: “Se les impondrán de dos a siete años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública", establece la nueva redacción del artículo. “Sigue siendo gravoso para los que nos manifestamos en esta ciudad y para quienes exigimos nuestros derechos. Se sigue criminalizando la protesta social. Exigimos que se cumpla la recomendación de la CDHDF, que es la derogación”, contestaron en las calles. El movimiento #YoSoy132 calificó de “vergonzoso” el dictamen. “Éste dictamen puede significar que nuestro compañeros salgan bajo fianza, pero no les entrega su libertad”, dijeron en un comunicado que se leyó ahí mismo y se declararon en alerta: “No confiamos en sus instituciones porque han demostrado un autoritarismo que violenta los derechos humanos y criminaliza la juventud. Convocamos a la sociedad civil para que observemos la forma en que continuará el proceso, no queremos sorpresas, no vamos a tolerar más el uso faccioso de la ley. La libertad de nuestros compañeros no es botín político. Sabemos que de no ser por la movilización y la exigencia generalizada de justicia para los presos del 1 de diciembre, este dictamen no se habría presentado nunca. “Reconocemos que este es un avance significativo, sin embargo esta no es una victoria, no claudicaremos hasta que nuestros compañeros sean verdaderamente libres. Hasta que el artículo 362 sea derogado del Código Penal del DF, los legisladores son también cómplices de la represión del 1 de diciembre”. Durante el acto, que culminó con protestas a las afueras del GDF, un hombre vestido de civil que grabó a los manifestantes y los distintos oradores, escoltado por dos hombres más, amenazó a fotógrafos y reporteros de distintos medios de comunicación. No quiso identificarse.