MÉXICO, D.F., (apro).- Luego de permanecer en prisión poco más de ocho meses, acusado de recibir millonarios sobornos, el exdirector de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Néstor Félix Moreno Díaz, pudo pasar la Navidad en su casa, en compañía de sus familiares. El mismo lunes 24, el exfuncionario abandonó el Reclusorio Oriente después de cubrir una fianza de 15 millones de pesos, según informaron sus abogados defensores, Raúl Cárdenas Rioseco y José Luis Nassar. La juez Cuarta de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal, Taissia Cruz Parcero, concedió el beneficio de libertad condicional al exfuncionario, inhabilitado por más de siete años para desempeñar cargo o comisión alguna en el sector público. A pesar de abandonar la cárcel, Moreno Díaz deberá acudir a firmar todos los lunes al Juzgado Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales, donde se le instruyen dos procesos, uno por enriquecimiento ilícito y, el otro, por soborno, derivados de acusaciones que en su contra formuló la PGR. El primero es por presunto enriquecimiento ilícito de 33 millones 99 mil 292 pesos y el segundo por haber recibido como soborno un depósito bancario de 29 mil 500 dólares del representante de Lindsey Manufacturing Company (LMC), trasnacional y contratista de la CFE. En su edición 1877, con fecha 21 de octubre último, la revista Proceso dio a conocer que Néstor Moreno Díaz estaba a punto de recuperar su libertad porque hasta ese momento la PGR no había podido demostrar las acusaciones que le imputaba. De acuerdo con la nota firmada por Arturo Rodríguez García, en ese hecho, considerado por las autoridades federales como “uno de los más escandalosos actos de corrupción” durante el sexenio de Felipe Calderón, ni la Secretaría de la Función Pública (SFP) ni la PGR pudieron demostrar que los más de 33 millones de pesos –entre dinero y bienes inmuebles– que se le atribuían fueran suyos, menos aún, que se tratara de sobornos entregados por contratistas de la paraestatal. El 31 de agosto pasado, según informó el diario El Universal, el titular de la SFP, Rafael Morgan Ríos, entrevistado en Culiacán, se jactó de que entre los miles de expedientes abiertos para sancionar ilícitos estaba el de Néstor Moreno, e insistió en que era uno de los más escandalosos. Pero, según los elementos de defensa que se han presentado a favor del exfuncionario, las pruebas en su contra resultaron en extremo frágiles, pues se fundaron en facturas y documentos cuyas firmas aparentemente no son de Moreno Díaz; además, el dinero fue reintegrado antes del juicio, y en los contratos que originaron el presunto soborno no participó el inculpado, pues él jamás tuvo facultades de contratación. Con estos argumentos, los abogados Raúl Cárdenas Montesinos y José Luis Nassar Daw consiguieron un amparo a su cliente. De acuerdo con el jurista Raúl Carrancá y Rivas, quien asesoró a la defensa, se detectaron graves violaciones a las garantías constitucionales de Moreno Díaz. Para Carrancá y Rivas, el amparo era inevitable, pues se violaron los principios de presunción de inocencia de Moreno Díaz; se le intentó juzgar por dos delitos bajo las mismas pruebas, y se le impuso una fianza de 40 millones de pesos, los cuales, por la imposibilidad de pagarlos, violentan la prohibición de imponer multas excesivas y hacen nugatorio el derecho a la libertad bajo caución. De acuerdo con el Padrón de Servidores Públicos de la SFP, Néstor Moreno Díaz entró a trabajar a la CFE en 1986. Ahí ocupó diferentes cargos de generación, transmisión, transformación y control de electricidad. Supo ascender en el escalafón, en particular durante la dirección transexenal de Alfredo Elías Ayub. En 2007, en el sexenio calderonista, fue nombrado director de Operaciones. Ocupaba ese cargo cuando, en octubre de 2009, el presidente Calderón emitió un decreto en el que declaraba la extinción de Luz y Fuerza del Centro y la comisión absorbió las operaciones de la compañía. Las denuncias contra Moreno Díaz empezaron a finales de los noventa, pero la intervención de Elías Ayub y otros directivos de la CFE evitó que prosperaran (Proceso 1859). En 2010 se abrieron los procesos penal y administrativo en su contra por la supuesta recepción de sobornos por parte de empresas, emulando dos juicios que se seguían en Estados Unidos. En ambos se implicaba a Moreno Díaz. En el primero, radicado en la Corte Federal de Distrito Central de California, en Los Ángeles, se acusó a la empresa Lindsey Manufacturing Co. de entregar a Moreno un yate valuado en 1.8 millones de dólares, un auto Ferrari Spyder cuyo costo era de unos 297 mil dólares, así como 23 mil 450 dólares a cambio de conseguir contratos en la CFE. El segundo juicio, incoado en la Corte Federal de Distrito Sur de Texas, era contra John O’Shea, director de la empresa ABB Inc., por 12 cargos de “prácticas corruptas en el extranjero”. En ambos casos Moreno fue señalado como el beneficiario de los sobornos. En medio del escándalo, el 27 de septiembre de 2010 dejó su cargo en la CFE. Dos semanas después, la PGR anunció el aseguramiento del yate Dream Seeker, cuya propiedad atribuyó al exfuncionario. A partir de la averiguación previa PGR/UEIDCSPJ/MXXVI/136/2009, la PGR consiguió que el Juzgado Cuarto de Distrito en Procesos Penales del Distrito Federal admitiera la causa y liberara una orden de aprehensión contra Néstor Moreno en agosto de 2011. Y aunque el acusado consiguió un amparo en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal de Nuevo León, el 3 de septiembre de 2011 un grupo de agentes federales lo detuvo en el aeropuerto de Toluca y lo remitió al Reclusorio Oriente. Salió libre horas después, pero se le notificó la orden de aprehensión. La defensa de Moreno intentó otro amparo ante el Séptimo Tribunal Unitario de Circuito de la Tercera Región, con sede en Guadalajara. El pasado 10 de abril fue detenido en Hermosillo, Sonora, y aun cuando tenía el amparo, se le impuso una fianza por 130 millones de pesos. El abogado Raúl Carrancá y Rivas insistió: las violaciones constitucionales detectadas son graves. Destaca sobre todo que se haya pasado por alto la presunción de inocencia. Aun sin haber sentencia de un juez, sostuvo, Néstor Moreno fue privado de su libertad. La defensa de Moreno logró que el monto de la fianza se redujera al monto de la acusación. Con el yate asegurado y el Ferrari Spyder que se le atribuyen, Moreno sólo habría depositado los 23 mil dólares. Sin embargo, como dichos bienes no son suyos, la fianza fue inaccesible y el amparo quedó sin efectos, explicó Carrancá y Rivas. Y es que, entre las pruebas ofrecidas por la defensa, destaca el dictamen del perito Jorge Lizárraga Trujillo, quien concluyó que las facturas del yate y el vehículo no están firmadas por Moreno, como aseguran las autoridades. Respecto de la entrega de 23 mil 450 dólares, los abogados demostraron que el dinero fue depositado en el colegio St. John’s Northwestern Military Academy, de Wisconsin, para cubrir la colegiatura de un hijo de Moreno. En el anexo 13 de las pruebas presentadas por la defensa, destaca que el dinero se depositó en ese colegio, pero el trámite no se concretó y los directivos del plantel regresaron el dinero, que fue reintegrado por Moreno a su dueño: Enrique Aguilar, quien junto con su esposa fue mencionado en el juicio radicado en California. Al final, ambos fueron exonerados. En el caso de México, a partir de las pruebas documentales y testimonios, se asentó que el yate, el automóvil y el dinero eran de Aguilar. Él se los había prestado a Néstor Moreno, quien es su amigo. Según la defensa y los implicados, los préstamos de yate, vehículo y dinero no tienen relación con los contratos. De ahí la insistencia de los abogados de que Moreno carecía de facultades para autorizarlos. Raúl Carrancá señaló que durante el proceso hubo prácticas dilatorias. Y puso un ejemplo: cuando Moreno obtuvo un amparo, el asunto se archivó durante cuatro meses y medio; simplemente fue enviado al Tribunal Colegiado. Añadió que cuando Moreno llegó al Reclusorio Oriente, en abril, su situación jurídica cambió, por lo cual el amparo quedó sobreseído. Entonces volvió a solicitar libertad bajo caución, pero se le negó a petición de la PGR. El argumento de la procuraduría fue que Néstor Moreno tiene familiares fuera de México, lo cual facilita su fuga y, como es una persona educada, conoce las rutas de fuga. Además, ocupó un cargo importante en la CFE, lo que le permite tener acceso a información sobre rutas de fuga en otros países. Asimismo, según la procuraduría, como la acusación es relevante por el monto que implica y como el pueblo de México ya está cansado de servidores públicos corruptos, si Moreno se fuga, existe el riesgo de que el pueblo se enardezca. La negativa fue admitida por la juez del caso, y se confirmó en apelación. Sin embargo, el Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito concedió el amparo indirecto 18/2012, el 23 de agosto pasado. La PGR se inconformó el 11 de septiembre, pero el amparo se confirmó. No obstante, la procuraduría intentó una nueva maniobra: imputarle a Moreno el delito de cohecho.