MÉXICO, D.F. (apro).- La representación del Partido de la Revolución Democrática ante el Instituto Federal Electoral declaró hoy que la investigación que hizo el IFE sobre los polémicos casos Monex y Soriana –triangulación de recursos para favorecer a Enrique Peña Nieto y compra y coacción del voto a favor del PRI, respectivamente–  “fue insuficiente” y que “no existe la voluntad de investigar a fondo los indicios presentados a la autoridad por los partidos políticos”. Esto, luego de que el lunes el IFE difundiera un resumen ejecutivo de los proyectos de resolución que discutirá el miércoles 5 en sesión del Consejo General, y en los que se propone declarar infundadas las quejas relacionadas con ambos casos. En efecto, luego de cinco meses y medio de investigación y después de realizar aproximadamente 100 diligencias –entre todos los involucrados: personas físicas y morales, partidos políticos, dirigentes, autoridades locales y federales y dependencias como la Comisión Nacional Bancaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otros–, el IFE no encontró pruebas contundentes de que se hubiera dado un financiamiento encubierto por parte del gobierno del Estado de México y de empresas mexicanas a favor del entonces candidato presidencial priista Enrique Peña Nieto, como originalmente acusaron los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional. Los quejosos denunciaron, entre el 14 y el 16 de junio pasado, que dirigentes priistas habían firmado contratos por un monto total de 56 millones de dólares, valiéndose de empresas mexicanas, con las firmas Frontera Television Network LLP e Intelimedia S.A. de C.V., del empresario estadunidense de origen mexicano José Luis Ponce de Aquino. Con ese monto, presuntamente, se financiaría la campaña de Peña Nieto y se posicionaría su imagen en Estados Unidos, según las quejas presentadas, las cuales señalaban también que con tal cantidad de dinero se rebasaba ampliamente el tope de gastos de campaña autorizado legalmente. Pero la Unidad de Fiscalización del IFE, después de toda la indagatoria, encontró que ni la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM) ni Peña Nieto recibieron financiamiento encubierto ni recursos ilícitos a través de triangulaciones entre el gobierno del Estado de México y empresas mexicanas de carácter mercantil. De hecho, señala, los contratos aludidos por los quejosos “fueron rescindidos por incumplimiento de las partes, quedando sin efecto las contraprestaciones originalmente pactadas”. Tampoco encontró pruebas fehacientes de que dichos contratos tuvieran por objeto la promoción de Peña Nieto en el extranjero. En el caso de las tarjetas de las tiendas Soriana, igual. La Unidad de Fiscalización informa que obtuvo el convenio de colaboración que celebraron Soriana y el PRI, el 31 de julio de 2011, que tenía como objeto que Soriana “hiciera extensivos los beneficios de su programa de lealtad a 500 mil tarjetas del PRI que bajo su costo y riesgo emitiría el instituto político a sus afiliados en el estado de Nuevo León. “Los beneficios consisten bás